EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Casa Blanca publicó en septiembre un memorando que activa el criterio de reciprocidad en las compras públicas federales y excluye del sistema estadounidense los productos de origen canadiense.
- ¿Quién está detrás? El presidente Donald Trump, la Oficina del Representante Comercial (USTR) y la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB).
- ¿Qué impacto tiene? Por ahora apunta a Canadá, pero sienta la base para que Washington aplique el mismo principio a otras economías, incluidas las europeas y las empresas españolas con intereses en contratos federales.
Las empresas españolas pueden perder contratos federales en Estados Unidos si la Unión Europea no ofrece un acceso equivalente a sus licitaciones públicas. La Casa Blanca publicó este mes un memorando presidencial que activa el criterio de reciprocidad en compras públicas y ordena retirar del sistema federal los productos de origen canadiense. La medida no menciona a España, pero establece un mecanismo que Washington podrá invocar contra cualquier socio comercial.
El texto, firmado por Donald Trump, encomienda al USTR (la Oficina del Representante Comercial, la agencia que dirige la política de comercio exterior) y a la OMB (la Oficina de Gestión y Presupuesto, que coordina el gasto federal) que identifiquen y aparten los bienes canadienses de la contratación civil federal. La justificación oficial es la política Buy Canadian de Canadá, que según la Casa Blanca discrimina a las empresas estadounidenses en el mercado canadiense.
El memorando se publica en un contexto de tensión comercial creciente con Ottawa. La administración sostiene que las provincias canadienses también han limitado el acceso de compañías de Estados Unidos a sus contratos públicos, mientras que las firmas canadienses siguen disfrutando de acceso preferente al sistema federal de compras estadounidense. El mercado afectado supera los 280.000 millones de dólares anuales, la cifra que Estados Unidos tiene comprometida en el Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio (GPA).
El mecanismo es simple y poderoso: si un socio no abre sus licitaciones públicas a las empresas estadounidenses, Washington puede excluir sus productos del sistema federal. No es una medida arancelaria clásica, sino un instrumento de reciprocidad que no requiere votación en el Congreso. La Casa Blanca lo ejecuta con autoridad presidencial y dos agencias al frente.
Para las empresas españolas, el impacto inmediato es limitado. El memorando apunta a Canadá, no a la Unión Europea. Sin embargo, el criterio de reciprocidad que acaba de activar la Casa Blanca podría extenderse al mercado europeo si Bruselas no mejora el acceso estadounidense a las licitaciones de infraestructuras, tecnología o defensa. Constructoras como ACS o Ferrovial han participado en proyectos adjudicados por administraciones públicas en Estados Unidos.
Washington no necesita el permiso de Bruselas para mover el tablero. Nunca lo ha necesitado.
La Comisión Europea y los gobiernos de la Unión siguen de cerca este tipo de medidas. Bruselas ya gestiona instrumentos propios de reciprocidad en contratación pública y puede activar contramedidas si considera que Washington incumple el GPA. Por ahora, la decisión de la Casa Blanca se limita a los productos canadienses y no altera el acceso europeo a los contratos federales. La lectura de mercado, no obstante, es clara: la reciprocidad se ha convertido en la nueva gramática comercial de Washington.
El USTR deberá informar periódicamente al presidente sobre el trato que Canadá dé a los productos estadounidenses y evaluar si procede restaurar el acceso de algún artículo canadiense. Ese mecanismo de revisión introduce una palanca de negociación constante: las reglas pueden cambiar con rapidez.
Qué dice el memorando: Canadá fuera del sistema federal de compras
El memorando presidencial ordena a la OMB y al USTR que, en coordinación con el Consejo Federal de Regulación de Adquisiciones y en consulta con otros altos cargos, identifiquen «elementos de origen canadiense» dentro del sistema civil de contratación federal. La instrucción es retirarlos o declararlos no disponibles para compra cuando la ley lo permita.
La Casa Blanca argumenta que Canadá ha impuesto «barreras irrazonables» a las empresas estadounidenses con su política Buy Canadian. Las provincias, añade el texto, también han limitado el acceso de compañías de Estados Unidos a sus mercados de compras públicas. Mientras tanto, las empresas canadienses conservan un acceso preferente al sistema federal estadounidense.
El departamento de defensa queda al margen: el memorando se refiere al sistema civil de contratación, no a los programas militares. La coordinación queda en manos de la OMB, que deberá informar a Trump de los avances, y del USTR, que vigilará la política canadiense y podrá recomendar nuevas acciones si Ottawa cambia su postura.
El precedente que inquieta a las empresas europeas con contratos en EE. UU.
La medida no afecta hoy a las exportaciones españolas de bienes ni a las empresas europeas con contratos en Estados Unidos. Pero su lógica es extensible. El sistema federal de compras estadounidense es uno de los mayores mercados públicos del planeta; cualquier endurecimiento de las reglas de origen acaba por filtrarse en sectores como la construcción, los servicios profesionales o la tecnología.
El Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC obliga a sus miembros a abrir sus licitaciones públicas a proveedores de otros firmantes. La UE y Estados Unidos son parte del acuerdo, y las empresas españolas pueden competir en los contratos federales cubiertos por el GPA. El memorando no modifica ese acuerdo formalmente, pero crea una vía administrativa para excluir productos si se considera que el socio no es recíproco.
Para Madrid, la prioridad es evitar que ese criterio se generalice. Compañías españolas de infraestructuras y servicios llevan años pujando en licitaciones estatales y locales estadounidenses; también son relevantes las contratas de mantenimiento, agua o movilidad. La reciprocidad, si se aplica a la Unión Europea, obligaría a replantear alianzas locales y estrategias de inversión en el mercado americano.
La Lógica de Washington
La lógica de Washington no es nueva. La Buy American Act de 1933 ya reservaba las compras federales a productos nacionales con escasas excepciones. Lo que cambia ahora es el marco: la Casa Blanca no presenta esta decisión como proteccionismo clásico, sino como reciprocidad. Si un país cierra su mercado público a las empresas estadounidenses, Washington reacciona apartando sus bienes del sistema federal. Es una doctrina de espejo, no de aranceles.
El núcleo político de la decisión está en el Partido Republicano y en su electorado manufacturero. La administración Trump viene repitiendo desde el primer mandato que Estados Unidos abre sus contratos a otros países sin recibir lo mismo a cambio. El memorando de septiembre de 2026 resuelve esa asimetría con una herramienta administrativa: sin votación, sin legislación y sin depender de Bruselas.
El impacto para España, a corto plazo, es indirecto. Las empresas españolas no fueron nombradas y sus contratos federales no se tocan hoy. El riesgo está en la extensión del principio. Si la Unión Europea no ofrece un acceso equivalente a sus licitaciones públicas, la Casa Blanca ya tiene el manual para responder con exclusiones administrativas. Constructoras, operadores de infraestructuras y firmas tecnológicas españolas quedarían en la zona de fricción.
La proyección más inmediata es la revisión periódica que hará el USTR sobre Canadá. Esa evaluación puede marcar el tono para otros socios, incluida la Unión Europea. El mensaje es claro: la reciprocidad no es un eslogan, es una política operativa.
Ficha del Caso
- El caso: La Casa Blanca firmó en septiembre de 2026 un memorando presidencial que activa la reciprocidad en las compras públicas federales y excluye del sistema civil estadounidense los productos de origen canadiense.
- Datos clave: La cifra afectada supera los 280.000 millones de dólares anuales en contratación federal cubierta por el GPA. El USTR y la OMB coordinan la exclusión, sin votación en el Congreso.
- Para España: Hoy el impacto es limitado porque la medida se centra en Canadá. El riesgo es la extensión del criterio de reciprocidad a la Unión Europea, lo que afectaría a constructoras y operadores de infraestructuras españoles con intereses en EE. UU.
