El Congreso tumbó la ley de lobbies con los votos de PP y Vox; Sánchez les acusó de proteger a ‘sus amos’.
El presidente del Gobierno grabó un vídeo en La Moncloa y lo difundió la noche del miércoles por sus redes sociales, horas después de que el Congreso de los Diputados rechazara convalidar el decreto-ley que el Ejecutivo había aprobado a finales de agosto. El rechazo se fraguó con los votos del PP y de Vox, a los que se sumó Junts.
‘Desgraciadamente, el Partido Popular y Vox se vuelven a retratar votando contra una ley que lo que hace es mejorar la transparencia y la calidad democrática en España’, arranca el presidente en la grabación. Y prosigue: ‘Lo han hecho para que no sepamos con quién se reúnen, para quién trabajan, a quién sirven’. Según el Gobierno, el texto obligaba a dejar registro de los encuentros de los grupos de interés —la denominación técnica de los lobbies— con cargos públicos.
Qué defiende Vox y por qué rechazó la vía del decreto-ley
Los grupos que votaron en contra, entre ellos Vox, sostuvieron durante el debate parlamentario que comparten la necesidad de regular esta actividad, pero discreparon de la fórmula. El Ejecutivo llevó la medida al Congreso como un decreto-ley: una norma que el Gobierno aprueba por razones de urgencia y que la Cámara debe convalidar o rechazar en un plazo tasado, sin margen para enmiendas parciales, comparecencias o dictamen en comisión.
La objeción que mantiene el GPVOX es de procedimiento. La transparencia, sostienen sus diputados, exige tramitar la regulación como proposición de ley, con debate de enmiendas y ponencia, y no un texto cerrado que llega al Pleno con el margen ya agotado. Rechazar ese instrumento no equivale a rechazar el control de los lobbies.
Vox no vota contra el control de los lobbies: rechaza la vía de urgencia que impide enmendar, comparecer y dictaminar la norma.
Qué supone el rechazo y a quién señala el Gobierno
La votación deja sin efecto la norma y, según los cálculos del Ejecutivo, supone la pérdida de 260 millones de euros de fondos europeos. También deja en el aire la regulación de los grupos de interés: sin texto legal, no hay obligación de registrar las reuniones con cargos públicos ni de hacerlas públicas.
El vídeo presidencial señala a dos formaciones y omite a una tercera. Junts también votó en contra, aunque no aparece en el mensaje difundido por redes.
En el caso del PP y de Vox, sus portavoces alegaron en el debate que no se oponen a regular estos grupos, sino a hacerlo por decreto-ley. La coincidencia de ambos en el rechazo refuerza la tesis que el Ejecutivo lleva meses instalando en el discurso público: la de un bloque de oposición que frena sus iniciativas.
La lectura: transparencia con procedimiento y pulso permanente al PP
El episodio deja a Vox en una posición reconocible. La formación viene sosteniendo que las reformas de calado no deben llegar al Congreso por la puerta de urgencia, y esa línea le permite marcar perfil sin renunciar al fondo: nadie en el partido discute la conveniencia de regular los lobbies.
Desde la ruptura de los gobiernos de coalición autonómicos con el PP, la relación entre ambos grupos se ha ordenado en torno a dos ejes: la presión por la derecha y las condiciones para futuras investiduras. Este voto vuelve a colocar a las dos formaciones en la misma casilla, con el mismo reproche al Gobierno y con el PP obligado a explicar que su ‘no’ no era un ‘no’ a la transparencia.
El coste lo paga la Administración: los citados 260 millones de fondos europeos que, según el Ejecutivo, se pierden por la falta de convalidación. Al otro lado queda la objeción de fondo: una ley de lobbies aprobada sin debate parlamentario nace con un déficit de legitimidad difícil de compensar.
Queda por ver si el Gobierno vuelve a intentar la convalidación de un texto similar o si acepta llevar la regulación al hemiciclo por el procedimiento ordinario, donde el GPVOX ya ha trasladado que comparte el fondo. Hasta que una de las dos cosas ocurra, el registro de reuniones de los grupos de interés con cargos públicos seguirá sin existir.
