La ministra de Igualdad, Ana Redondo, exige explicaciones a Juanma Moreno por ceder a Vox las unidades de violencia de género en Andalucía. La titular de Igualdad considera un ‘sinsentido’ que un partido al que acusa de negacionista dirija estos órganos de valoración, adscritos a la Consejería de Justicia que gestiona Manuel Gavira.
La posición de Vox y el encaje de las unidades de valoración
Tras las elecciones andaluzas, PP y Vox sellaron un gobierno de coalición en la Junta de Andalucía. La formación dirigida por Santiago Abascal asumió la Consejería de Justicia, Función Pública y Simplificación Administrativa, una cartera con competencias sobre los medios materiales de la Administración de Justicia. Las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género dependen de ese departamento. Están integradas por equipos multidisciplinares que evalúan el riesgo de las víctimas y proponen medidas de protección.
Vox defiende una gestión de los recursos públicos orientada a la protección de todas las víctimas, sin tutelas ideológicas. La formación cuestiona la eficacia de un sistema que, a su juicio, ha convivido con un repunte de crímenes machistas en Andalucía: diez asesinadas en 2024, quince en 2025 y otras diez en lo que va de año. Para la dirección de Vox, la prioridad debe ser la coordinación policial y la atención integral, no la ampliación de marcos normativos que califican de ineficaces.
Ese argumentario choca de frente con la ofensiva del Ministerio de Igualdad. La ministra Ana Redondo ha convertido el reparto de competencias en un nuevo frente de presión sobre el Ejecutivo andaluz, al que acusa de normalizar la presencia de Vox en áreas sensibles de la lucha contra la violencia de género.
El ataque de Redondo y los datos del Comité de Crisis
Redondo ha calificado de ‘incoherente’ y de ‘sinsentido’ que un ‘partido negacionista’ dirija las unidades de valoración. La ministra ha reiterado la necesidad de reunirse con Moreno, después de que en junio se solicitara un encuentro sin obtener respuesta. El Comité de Crisis sobre violencia de género se ha reunido por primera vez en Andalucía, en la Delegación del Gobierno, para analizar la concentración de víctimas mortales. Antes de la sesión, se guardó un minuto de silencio por la última víctima, una mujer de 88 años asesinada en San Sebastián de los Reyes.
La responsable de Igualdad ha advertido de que el Estado ‘estará muy vigilante’ porque las unidades de valoración se puede sufragar con los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género. El objetivo, según ha explicado, es verificar que la gestión de Vox no desvirtúa los fines de esos recursos. La Junta de Andalucía, por el momento, no ha confirmado fecha para la reunión exigida por el Ministerio.
El pulso por las unidades de valoración no es solo competencial: es la forma que tiene el Gobierno de presionar el pacto que sostiene al Ejecutivo andaluz.
Redondo también ha respondido al escrito de la Audiencia Provincial de Málaga sobre los errores de localización de las pulseras antimaltrato. La ministra ha subrayado que el oficio contiene ‘valoraciones genéricas’ y ha recordado que ‘ninguna mujer con dispositivo Cometa ha sido asesinada’. El Ministerio asegura que se han reforzado todos los protocolos y que las nuevas licitaciones incorporan las recomendaciones. La ministra ha lamentado, además, que el Consejo General del Poder Judicial no haya respaldado su propuesta sobre formación en materia de género en la judicatura.
La situación del sistema VioGén en Andalucía añade otro elemento de fricción. Solo el 37,2 % de los municipios andaluces está integrado en el sistema, 292 de un total de 785, una competencia del Ministerio del Interior. Redondo ha llamado a los ayuntamientos a formalizar los convenios, aunque comprende la falta de efectivos en los municipios más pequeños. En el caso de Franyel, la mujer trans asesinada en Marbella, la ministra ha admitido que no será reconocida póstumamente como víctima de violencia machista al no haber completado el cambio registral.
La lectura estratégica: presión al pacto PP-Vox
El movimiento del Ministerio de Igualdad no es aislado. El Gobierno central ya utilizó en la pasada legislatura la política de violencia de género para cuestionar los acuerdos de coalición entre el PP y Vox en varias comunidades. La ofensiva actual busca erosionar un pacto que exige a ambos socios compaginar visiones muy distintas. La Junta de Andalucía defendió el reparto de competencias como un ejercicio de normalidad institucional; el Ejecutivo lo presenta como una cesión inaceptable.
Para Vox, la gestión de la Consejería de Justicia supone una oportunidad de acreditar capacidad de gobierno en un ámbito complejo. El partido confía en que una ejecución correcta de los medios materiales y del personal desmienta el relato de sus adversarios. Sin embargo, el frente abierto por Redondo obliga a la formación a vigilar cada protocolo, cada expediente de gasto y cada dispositivo de protección. La cita con Moreno sigue sin fecha. Si el Ministerio mantiene la presión, la gestión de las unidades de valoración se convertirá en un nuevo pulso permanente entre la Junta y el Gobierno, con Vox en el centro.
