El malestar acumulado en los cuarteles durante los últimos años ha terminado por estallar en los tribunales. La Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (ASFASPRO) ha formalizado un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la Orden Ministerial 25/2026, promulgada el pasado 15 de junio por el departamento que dirige Margarita Robles. La norma, concebida supuestamente como un plan estrella para mitigar los graves apuros habitacionales que sufren las tropas en sus destinos, regula las denominadas soluciones habitacionales de orientación ‘coliving’. Sin embargo, lo que desde el Ministerio de Defensa se vendió como una apuesta por la modernización y la flexibilidad ha sido recibido por los representantes militares como una maniobra irregular que distorsiona el marco legal e ignora las necesidades reales de las familias.
El trasfondo de esta pugna legal reside en el impacto que la movilidad geográfica obligatoria produce en la economía de los efectivos. En un contexto marcado por la escalada generalizada de los alquileres en los grandes núcleos urbanos, los desplazamientos forzosos se han convertido en un auténtico quebradero de cabeza. Los uniformados denuncian que la solución propuesta por la administración no hace más que empeorar una brecha social existente dentro de la propia estructura militar, recurriendo a conceptos anglosajones de moda para encubrir deficiencias estructurales en el sistema público de alojamiento.
Un exceso reglamentario al margen de la ley
El pilar fundamental sobre el que se cimenta el recurso presentado ante la Audiencia Nacional ataca directamente la validez jurídica de la resolución. ASFASPRO sostiene tajantemente que la orden padece de una manifiesta falta de habilitación legal y vulnera de forma explícita el principio de jerarquía normativa. La regulación de los apoyos a la movilidad militar se rige por la Ley 26/1999, una norma con casi tres décadas de trayectoria que únicamente contempla tres mecanismos cerrados de ayuda: la compensación económica directa, el arrendamiento especial de viviendas militares y las ayudas financieras para el acceso a la propiedad.
Al inventar una cuarta modalidad bajo la etiqueta de ‘coliving’ sin previa modificación del texto legal en las Cortes Generales, el equipo de Margarita Robles habría incurrido en un evidente exceso reglamentario. Desde la asociación de suboficiales señalan con contundencia que la ley actual, aprobada hace 27 años, ha quedado completamente desfasada respecto a la realidad social de unas Fuerzas Armadas plenamente profesionalizadas. Pese a ello, reprochan a la titular de Defensa no haber impulsado la obligada reforma legislativa durante sus ocho años al frente del ministerio, optando en su lugar por atajos administrativos que ahora quedan sometidos al escrutinio judicial.
Limitaciones familiares y costes inasumibles
Más allá de los férreos argumentos jurídicos, el colectivo profesional desmonta la utilidad práctica del modelo residencial ideado por el Gobierno. Lejos de constituir una red de protección integral, las condiciones operativas fijadas para estos espacios resultan francamente lesivas para la conciliación de los efectivos. La reglamentación impone una severa restricción que impide a los familiares directos del militar alojarse con él durante más de diez días al mes. Esta limitación temporal genera un trastorno de enorme gravedad para los profesionales divorciados o separados con custodia compartida de menores, dejándolos en una situación de indefensión absoluta a la hora de atender sus cargas parentales.
A este varapalo organizativo se le suma el factor estrictamente monetario. Acceder a estos compartimentos compartidos supone un desembolso inasumible si se equipara con las tarifas tradicionales de las residencias militares de la red pública. Los suboficiales califican las nóminas actuales del personal de escalones intermedios y de tropa como francamente pauperizadas, incapaces de soportar precios ajustados al mercado inmobiliario privado. El ‘coliving‘, argumentan, no garantiza bajo ningún concepto una plaza de pernocta para la totalidad de las tropas desplazadas, transformando un derecho básico de apoyo a la movilidad en una lotería costosa para el bolsillo del trabajador en uniforme.
El negocio privado frente al patrimonio público
El punto más controversial que subyace tras el recurso contencioso sitúa el foco en el modelo de gestión económica elegido por Defensa. La norma abre la puerta de par en par a que empresas e inversores privados alquilen inmuebles al departamento estatal para gestionar estos espacios de convivencia. La representación de la escala de suboficiales cuestiona frontalmente la conveniencia de transferir cuantiosos recursos del presupuesto público hacia el sector privado, en lugar de destinar ese capital a revitalizar, edificar y conservar la red de residencias y alojamientos propios del Ministerio de Defensa.
Desde la plataforma profesional se aboga por un viraje estratégico orientado a reinvertir las partidas presupuestarias en el patrimonio del propio Estado, lo que permitiría repercutir de forma directa y sostenible los beneficios en el bienestar de los servidores públicos a medio y largo plazo. La impugnación formulada ante la Audiencia Nacional persigue una sentencia estimatoria que declare la nulidad absoluta de la orden ministerial, confiando en que el fallo judicial funcione como un revulsivo definitivo. Con el horizonte parlamentario en el punto de mira, los suboficiales advierten de que la reestructuración global de las ayudas a la movilidad se convertirá en un asunto de debate ineludible para la estabilidad de las Fuerzas Armadas durante la próxima legislatura.
