El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) anula el decreto del euskera tras el recurso de Vox. El fallo se apoya en defectos de forma, no en el fondo de la política lingüística.
El recurso de Vox y el argumento que asume el tribunal
La sección tercera de lo contencioso-administrativo deja sin efecto el reglamento aprobado en febrero de 2024, cuando Iñigo Urkullu era lehendakari y Bingen Zupiria ocupaba la consejería del ramo. La sala la integran los magistrados José Antonio González Saiz, Trinidad Cuesta y Paula Platas. El fallo no es firme: cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Esa norma regula el impulso del euskera en la Administración vasca y su ámbito alcanza a unos 140.000 empleados públicos. Entran los funcionarios del Gobierno vasco, pero también la Ertzaintza, Osakidetza y las sociedades públicas. Vox, con un solo escaño en el Parlamento Vasco, y el PP han recurrido de modo regular estas regulaciones.
El tribunal no discute si el euskera debe impulsarse, sino cómo lo hizo el Ejecutivo. La sentencia reprocha al Gobierno vasco que no atendiera un informe con reparos de la Oficina de Control Económico, un órgano interno. El dictamen, amplio y detallado, resultó ‘razonablemente convincente incluso para profanos’ y advertía de problemas en las consecuencias financieras del reglamento.
La sentencia incide en la contradicción: primero se sostuvo que el decreto no tendría repercusión económica y después se presentó una memoria insuficiente. El texto ‘evidencia’ la ‘ausencia de los necesarios créditos presupuestarios’ para asumir las exigencias de la norma. El problema no es el euskera, sino las cuentas.
La sentencia no entra en el fondo de la política lingüística, pero tumba por defectos formales la norma que ordenaba su impulso en toda la Administración vasca.
El respaldo institucional del reglamento era amplio: contaba con el aval expreso de consejeros del PNV y del PSE-EE. Su redacción definitiva dejó fuera algunos puntos espinosos que ya habían sido objeto de recursos judiciales anteriores.
Qué supone la anulación y cómo responde el Gobierno vasco
Ibone Bengoetxea, vicelehendakari y responsable de Política Lingüística, ha asegurado horas después de conocerse el fallo que la sentencia ‘no cuestiona el objetivo de normalizar el euskera en la Administración’. ‘Vamos a seguir dando pasos en el camino de la normalización del euskera’, ha comprometido. Ha recordado que el Ejecutivo puede recurrir ante el Tribunal Supremo y que también dispone del futuro decreto para incorporar con seguridad jurídica los elementos anulados.
El escenario no es nuevo. El PNV promovió un retoque de la ley de 2022 para ganar seguridad jurídica, esta vez sin consenso con el PSE-EE, su socio de Gobierno. Esa nueva norma exige ahora otro decreto en el que ya trabaja el Ejecutivo, y la política lingüística vasca lleva años instalada en los tribunales.
En paralelo, colectivos de la euskalgintza (el entramado de entidades que trabaja por el euskera), EH Bildu y algunos sectores del PNV denuncian una ‘ofensiva’ contra la lengua. La lectura del Gobierno vasco es que mantiene el rumbo. La del tribunal es que debe justificarlo con números.
La lectura estratégica: por qué Vox gana terreno en los tribunales
La resolución confirma la vía judicial como instrumento útil para un partido con representación mínima en Euskadi, pero con capacidad de fijar agenda. Vox convierte cada fallo en material político. Y este le entrega un argumento difícil de rebatir: una norma que afecta a 140.000 empleados públicos se aprobó sin los créditos presupuestarios necesarios, según el criterio de su propio órgano de control interno.
El precedente inmediato apuntaba en otra dirección. Este verano, el Tribunal Constitucional inadmitió la cuestión de inconstitucionalidad que el Superior vasco planteó contra la ley de 2022, y el Ejecutivo de Vitoria leyó entonces un respaldo a su política lingüística. El PP ha coincidido con Vox en la vía judicial, aunque ha sido la formación de Santiago Abascal la que ha convertido el asunto en bandera propia.
Queda recorrido por delante. El Gobierno vasco puede recurrir en casación ante el Tribunal Supremo y trabaja ya en el decreto que desarrolle la nueva ley, donde tendrá ocasión de corregir los defectos que la sala le ha señalado. Vox, mientras, conserva la sentencia y el calendario a su favor. La lectura que hacemos es que la próxima batalla lingüística volverá a decidirse en los juzgados.
