Los bancos saturan con recursos la Audiencia de Pontevedra para no devolver los gastos hipotecarios, de entre 200 y 2.000 euros.
Tres oleadas de litigios y una sección civil desbordada
La sección civil de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, afronta la tercera oleada de litigios bancarios de su historia reciente. Primero fueron las participaciones preferentes. Después, las cláusulas suelo. Ahora, los gastos de formalización de hipoteca, una reclamación que tuvo su pico en 2024, cuando se presentaron casi 1.500 demandas en solo tres meses. El aluvión no se ha detenido.
A pesar de que la jurisprudencia declaró abusivos los gastos de notaría, registro, gestoría, o tasación y fijó su devolución, las entidades se resisten a devolver lo que ya está declarado nulo. Litigan, apelan y confían en que el calendario juegue a su favor. Las cantidades son pequeñas: entre 200 y 2.000 euros por cliente.
El cálculo de la banca no es ganar el pleito, sino dilatarlo. En palabras de la abogada Lía Fragueiro, «la cuantía de las costas puede duplicar o triplicar a la que tienen que devolver por los gastos hipotecarios». La justicia europea, recuerda, obliga a las entidades a asumir esas costas cuando fuerzan al cliente a litigar por unos gastos ya declarados nulos. La mayoría de los recursos se desestima y termina en condena en costas.
La prescripción como última trinchera de los bancos
El argumento al que se agarran las entidades para esquivar la devolución es la prescripción. La Audiencia lo rechaza en varias sentencias recientes y hace prevalecer la nulidad de la cláusula sobre el paso del tiempo. Las resoluciones dictadas antes de agosto de este año resolvían apelaciones contra fallos de 2024, y las demandas siguen entrando: más de 600 en el primer semestre.
La justicia ya dijo que estos gastos son abusivos; lo que se litiga ahora no es el derecho, sino cuántos años tarda el dinero en volver.
El atasco tiene un coste medible. La sección sexta acumula apelaciones pendientes un 240% más que hace tres años, y las resoluciones se demoran hasta dos años. A partir de ahí, la ejecución añade varios ejercicios más. Lo que gana la banca no es el pleito: es el calendario.
Para aliviar la carga, el Ministerio de Justicia aprobó una nueva plaza de magistrado para la sección civil. Se incorporará en enero de 2027, meses antes que las otras tres previstas: Instrucción, civil y Mercantil. Llega tarde para quien presentó su demanda en 2024.
El Laboratorio Gallego
Galicia acumula ya tres oleadas de litigios bancarios y ninguna ha sido corta. Las preferentes movilizaron a miles de ahorradores; las cláusulas suelo obligaron a reforzar juzgados; los gastos hipotecarios han vuelto a tensar la maquinaria. El PPdeG gobierna la Xunta con mayoría absoluta desde 2009, el BNG es la primera fuerza de la oposición y el PSdeG, la tercera. Ninguno de los tres decide cuántos jueces hay en Vigo: las plazas se crean en Madrid y la Xunta aporta medios materiales y personal.
Esa distancia es lo que hace que un atasco en Vigo interese fuera de Galicia. Lo que ocurre en la sección sexta mide la brecha entre una doctrina ya fijada por los tribunales y una administración que no llega a aplicarla. Aquí se ensaya lo que luego escala.
La incógnita es de calendario. El sexto magistrado llegará en enero de 2027 y las otras tres plazas, más tarde. Con más de 600 reclamaciones nuevas cada semestre y un plazo de prescripción que aún permite presentar demandas, nada garantiza que el refuerzo absorba el volumen. El pulso no se dirime ya en los tribunales, sino en los tiempos de la Administración de Justicia.
Ficha del Caso
- El caso: desde que la jurisprudencia declaró abusivos los gastos de formalización de hipoteca, los bancos siguen apelando cada condena en Vigo para retrasar la devolución.
- Datos importantes: devoluciones de 200 a 2.000 euros; casi 1.500 demandas en tres meses de 2024; más de 600 en el primer semestre de 2026; apelaciones pendientes un 240% más en tres años; hasta dos años de espera; sexto magistrado en enero de 2027.
- Resumen: la sección civil de la Audiencia de Pontevedra se convierte en termómetro del pulso entre la banca y una justicia que ya fijó doctrina, pero no da abasto para aplicarla.
