La residencialización de zonas turísticas divide al Gobierno de Canarias: Coalición Canaria coquetea con la proposición del PSOE y el PP la rechaza.
En juego hay algo más que una norma. Más de 70.000 residentes en zonas turísticas de las islas, agrupados en la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (Palt), llevan años reclamando poder vivir en sus apartamentos aunque la parcela figure como turística en el planeamiento. Con las elecciones de 2027 en el horizonte, su causa se ha convertido en objetivo electoral también a escala municipal. El escenario más visible es San Bartolomé de Tirajana.
Qué propone el PSOE y qué responde Turismo
El Ejecutivo autonómico trabaja, a través de la Consejería de Turismo, en un decreto ley que reconocería ese derecho a quienes demuestren que residían en esas unidades antes del 1 de enero de 2017. La fecha de corte deja fuera a todos los demás. Ese es el hueco que pretende cubrir la proposición registrada por el grupo socialista en julio de 2026, que ya ha puesto en aprietos la convivencia entre los dos socios del Gobierno de Canarias.
La propuesta modifica la Ley de Renovación y Modernización Turística de 2013 —la norma que recoge la unidad de explotación— y la ley de vivienda vacacional aprobada en 2025. Habilita un uso mixto de las parcelas: que se pueda residir y, a la vez, mantener la explotación turística. La consejera de Turismo, Jéssica de León (PP), lo descarta sin matices: defiende un sector extrahotelero fuerte y de calidad, incompatible con complejos donde conviven quien está de vacaciones y quien madruga al día siguiente.
Durante el Consejo de Gobierno del pasado lunes se presentó el informe encargado a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, en manos de Coalición Canaria. El documento ocupaba un solo folio y no emitía valoración alguna: se limitaba a describir la propuesta socialista y, en la práctica, dejaba la puerta abierta a respaldarla. En el PP, y sobre todo en Turismo, el movimiento sentó mal.
La salida fue una prórroga. El Ejecutivo se concedió quince días más para fijar posición, un plazo que expira a finales de septiembre. La valoración corresponde a cuatro consejerías: dos del PP —Turismo y Hacienda— y dos de Coalición Canaria —Política Territorial, y Vivienda—. En el PSOE, la dilación cayó por sorpresa. Su portavoz de Empleo, Gustavo Santana, subraya que la iniciativa solo modifica un artículo, añade dos conceptos nuevos en la ley de vivienda vacacional y fija un procedimiento para terminar con las sanciones que arrastran los residentes.
Más de 70.000 canarios viven en zonas turísticas y la ley todavía no decide si son vecinos o huéspedes.
El mapa municipal de una promesa que llega tarde
Los afectados no esperan sentados. La Palt ha convertido los ayuntamientos en su principal campo de batalla, y en San Bartolomé de Tirajana tanto Coalición Canaria como el PSOE prometen cambios normativos para que puedan residir en los complejos. La pelea ya no es solo jurídica: es electoral. Canarias afronta un año de precampaña con 70.000 votantes potenciales concentrados en municipios de fuerte peso turístico, y ninguna formación quiere quedar retratada como la que cerró la puerta.
El Pulso Territorial
El Gobierno canario es una coalición entre Coalición Canaria y el PP, con Fernando Clavijo al frente de la Presidencia. Los dos socios comparten gabinete, pero no diagnóstico sobre el suelo turístico, y la proposición socialista ha funcionado como un test de estrés: cada consejería ha respondido desde su marco y no desde una posición común. La próxima cita electoral llega en 2027.
La tensión no es exclusiva del archipiélago. En Baleares, la otra autonomía cubierta con mayor peso turístico, el equilibrio entre vivienda residencial y vivienda turística ha marcado también la legislatura, aunque sin un socio regionalista que condicione la mayoría. Tampoco es un problema reciente en Canarias: la Ley de Renovación y Modernización Turística de 2013 ya nació con el propósito de ordenar la convivencia entre residentes y visitantes, y trece años después la unidad de explotación sigue siendo el nudo que nadie desata.
El primer plazo vence a finales de septiembre, cuando el Ejecutivo debe pronunciarse con las cuatro consejerías implicadas. Si el informe se queda en el aire, la pelota viajará al Parlamento de Canarias, donde la iniciativa socialista necesita apoyos que hoy solo pueden llegar desde el propio Gobierno. Nadie sabe cuántos de esos 70.000 residentes podrán acogerse al decreto ley en preparación, ni si Coalición Canaria pagará el precio de una ruptura con su socio por una ley de un solo artículo.
Ficha Autonómica
- El caso: Una proposición de ley del PSOE quiere que los residentes en complejos turísticos de Canarias puedan vivir en sus viviendas. Turismo (PP) lo rechaza y Política Territorial (CC) no lo descarta.
- Datos importantes: Más de 70.000 residentes afectados; el decreto ley en preparación fija el 1 de enero de 2017 como fecha de corte; cuatro consejerías deben valorar el texto en un plazo de quince días.
- Resumen: El Consejo de Gobierno decidirá a finales de septiembre si respalda la iniciativa socialista. Si lo hace, llegará al Parlamento de Canarias con la coalición dividida y las elecciones de 2027 al fondo.
