La jueza María Tardón ordena a la UDEF y a la UCO investigar la financiación de la entrada masiva en Ceuta. Ambas unidades —la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil— deberán reconstruir si hubo dinero detrás de una movilización de entre 75.000 y 85.000 personas.
El argumentario de Vox sobre la entrada masiva y su respaldo en el auto
El auto, desvelado este jueves, califica la diligencia de ‘particular relevancia’. La magistrada pide analizar los movimientos económicos relevantes en la zona, los sistemas informales de transferencia de dinero —incluido el hawala, un mecanismo basado en la confianza entre intermediarios—, la contratación colectiva de transportes y cualquier operación vinculada a la logística. Concluye que una movilización de esa magnitud ‘difícilmente puede producirse sin recursos materiales y financieros’.
Es el terreno que Vox venía reclamando desde los días 30 y 31 de julio. La dirección del partido sostiene que la entrada no fue un fenómeno espontáneo de presión migratoria, sino una operación con capacidad de coordinación, logística y financiación, y ha exigido a Pedro Sánchez que aclare qué sabía el Gobierno antes de que miles de personas cruzaran la frontera. El auto, eso sí, no atribuye todavía el respaldo económico a ninguna persona, grupo u organización: encarga a la UDEF y a la UCO que determinen si existió y cómo se instrumentó.
A ese flanco se suma la información difundida por Libertad Digital. Según ese medio, el Ejecutivo no habría dado a conocer una nota militar fechada el 27 de julio, tres días antes de la entrada, con una orden de acuartelamiento por alerta de asalto en Ceuta. La coincidencia temporal encaja con la tesis que el partido mantiene desde el verano: hubo avisos previos.
La causa no se limita al rastro del dinero. La jueza ha declarado secreta una pieza tecnológica con los datos de actividad digital: números de teléfono e identificadores en redes sociales de administradores, dinamizadores y difusores, geolocalización, horarios de conexión, direcciones IP y dispositivos, con peticiones a plataformas como Meta, WhatsApp, Instagram, TikTok, Telegram, Google y Apple para el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 15 de agosto de 2026. También se han encargado trabajos de identificación biométrica y facial, cuyas imágenes se compararán con bases policiales, de Interpol y de Europol.
El auto no señala culpables, pero deja por escrito lo que Vox sostiene desde julio: una operación de esa escala exige organización, logística y dinero.
Qué recorrido tiene la investigación y cómo responde el Gobierno
El auto incorpora la investigación de las 83 muertes asociadas a los hechos y ordena comparar lo ocurrido este año con las entradas masivas registradas en Ceuta en 2021 y 2024. Extiende las pesquisas a los movimientos posteriores: traslados irregulares hacia la Península, embarcaciones utilizadas, propietarios, patrones, financiadores, rutas y beneficiarios, además de propiedades, garajes y viviendas que pudieron servir de alojamiento o tránsito. Y reclama la documentación sobre alertas, órdenes y correos intercambiados entre organismos entre el 20 de julio y el 7 de agosto.
La Fiscalía había solicitado varias de estas actuaciones y la magistrada rechaza que sean ‘prospectivas ni exploratorias’: sostiene que buscan comprobar hechos concretos a partir de indicios que ya constan. Pide identificar a quienes pudieron promover, coordinar y organizar la movilización y analizar los vínculos entre dinamizadores digitales, organizadores sobre el terreno y estructuras superiores.
El calendario no será corto. La pieza tecnológica está declarada secreta, la UDEF y la UCO no han emitido conclusiones y buena parte de los datos reclamados dependen de plataformas con sede fuera de España. Cualquier atribución firme sobre quién pagó llegará, en su caso, del informe financiero.
La estrategia de Vox: Ceuta como palanca frente al PP
Ceuta devuelve la inmigración irregular al centro del tablero y lo hace con un auto judicial en la mano. Vox es la formación que ha convertido este asunto en su eje principal y ahora cuenta con un respaldo documental que no depende de su palabra. El precedente no ayuda al PP: las entradas de 2021 y 2024 se produjeron bajo gobiernos socialistas, y la ruptura de los ejecutivos autonómicos de coalición en julio de 2024, a cuenta del reparto de menores no acompañados, marcó el punto de máxima tensión entre ambos partidos.
Mientras la instrucción avanza, el partido tiene lo que buscaba: un marco fáctico que sostiene su tesis. El próximo hito será el informe de la UDEF y la UCO y, con él, la ocasión de exigir responsabilidades políticas en el Congreso de los Diputados. La formación ya no discute solo con argumentos: discute con un auto.
