El 6 de octubre el juez Pedraz pedía a la UCO que investigase la posible filtración de datos a la Prensa como la dirección de correo electrónico de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y los whatsapps entre el ex ministro José Luis Ábalos y el presidente Pedro Sánchez. El informe elaborado por la Guardia Civil exculpa a la UCO de esas filtraciones y explica cómo los periodistas pudieron llegar hasta esos datos. Tras las publicaciones de esas informaciones la Guardia Civil abrió una información reservada para comprobar si había fugas de información de la UCO. Así desmontó la UCO el intento de inculparlos de esas filtraciones por parte del DAO de la Guardia Civil.
Esa información reservada impulsada por el DAO fue cerrada inmediatamente después de que el juez instructor del Caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, tuviese conocimiento de la misma sin que él la hubiese autorizado.
Pero el juez Pedraz, que investiga si por parte de algún mando existió algún tipo de injerencia en esas investigaciones, sobre todo al iniciar la citada información reservada sin autorización judicial, pidió los mensajes cruzados entre el general Manuel Llamas, DAO (Director Adjunto Operativo) de la Guardia Civil, y el general Rafael Yuste, mando superior de la UCO, la unidad que lleva a cabo la investigación de las operaciones de corrupción más importantes que afectan al Gobierno y al entorno de Pedro Sánchez.
Dos publicaciones filtradas
La primera publicación filtrada afectaba a la cuenta de correo oficial de Begoña Gómez, un mail oficial adscrito a Presidencia del Gobierno. Mientras los agentes investigaban a David Sánchez y a la Diputación de Badajoz, recibieron la orden de la juez instructora de obtener todos los correos de la cuenta de empresa de Sánchez en la Diputación. La UCO, para facilitar el trabajo de la juez, incluyó un índice donde se detallaba de manera breve el contenido de esos correos, entre ellos uno de David a su cuñada y tres a su hermano. Respecto de esos correos dice el informe que «no han sido objeto de análisis por parte de esta Unidad y que el acceso al contenido de los mismos, por parte de las partes que hayan tenido acceso a las diligencias, se hace inviable, toda vez que solo se trata de una imagen sin posibilidad de interactuar con su contenido».
Pero esa información fue trasladada, como es habitual, a las partes personadas en la causa y llegó a los periodistas, que viendo ese índice publicaron la existencia de ese intercambio de correos, nunca sus contenidos porque no podían tener acceso a los mismos. Es evidente que la culpa de que esos datos viesen la luz no fue de la UCO, que actuando como policía judicial sigue las órdenes a rajatabla de los jueces instructores. La información fue entregada a la juez el 26 de noviembre de 2024 y se publicó el 29 de noviembre.
Pero el DAO apretó tanto a los investigadores de la UCO que la magistrada Beatriz Biedma decidió cambiar su interlocutor, hasta entonces un agente de la Unidad, por el teniente coronel Antonio Balas, jefe del grupo (DIECAN) que investigaba a David Sánchez. Eso se hizo el 3 de octubre de 2024.
El 29 de noviembre desde el DIECAN (Departamento de Investigación contra la Delincuencia Económica y Anticorrupción) se elaboraron dos notas de despacho para el DAO. En la segunda nota se explicaba de manera extensa una conversación con la magistrada en la que ella misma reconocía haber dado traslado de esa información a las partes y que «consideraba que esta decisión judicial no vulneraba ningún derecho, sino todo lo contrario, facilitaba el trabajo de análisis a las partes y con ello aseguraba su derecho a una defensa efectiva», recoge el documento.
Los whatsapps de Ábalos y Sánchez no los tenía la UCO
La segunda filtración afectaba directamente a varios mensajes cruzados entre Ábalos y Pedro Sánchez, mientras el primero era ministro de Transportes y Secretario de Organización del PSOE. En este caso, el informe califica de «materialmente imposible» que la UCO los filtrase porque no disponía de ellos cuando se publicaron el 10 de mayo de 2025 en un diario de tirada nacional en el año 2025.
Entre los dispositivos incautados a Ábalos que manejaba entonces la UCO no estaban los del año 2023 cuando fueron datadas esas conversaciones. El informe recoge que «según trasladó el coronel jefe de la UCO, en llamada de las 22:58 del día 10 de mayo, la vida útil del dispositivo (incautado a Ábalos) abarcaba un periodo entre el año 2000 al mes de octubre de 2021».
«Por ello, el General de Policía Judicial declara, tanto policialmente como en sede judicial, que estaba seguro que la filtración de los wasaps entre Ábalos y el presidente del Gobierno no procedería de la UCO, puesto que la fecha de los mensajes intercambiados entre ellos era posterior a octubre de 2021, cuestión trasladada el día 13 de mayo al General instructor de la Información Reservada a la que se hará referencia más adelante».
No obstante, la UCO revisó ese dispositivo incautado a la búsqueda de mensajes que se les hubieran pasado por alto, algo difícil de ocurrir teniendo en cuenta la importancia de los interlocutores. «De dicha revisión se informó al DAO por este General mediante mensaje de wasap a las 12:57h del día 11 de mayo, significándose que, previamente entre las 11:30 y 12h de ese día, el DAO convocó al General de Armas, Explosivos y Seguridad para transmitirle su decisión de ordenar la incoación de una Información Reservada. Esa revisión arrojó nuevamente un resultado negativo», recoge el informe elaborado a petición de Pedraz.
Además, esta información reservada fue polémica, ya que «el General de Policía Judicial no tuvo conocimiento de ello hasta que el instructor designado se lo comunicó el 13 de mayo, causándole suma extrañeza puesto que se había informado que la UCO no disponía de los mensajes en las distintas evidencias incautadas, hecho que además se evidenció materialmente imposible en la noche del domingo 11 de mayo cuando se publicaron los mensajes datados en el año 2023. Cabe significar que el propio DAO envía dicha publicación a este General el lunes 12 de mayo a las 6:04h de la mañana».
La conclusión del informe es clara: «de todo ello debe entenderse que la información que recogían las noticias referenciadas en el requerimiento que se hace a este General no se referían a ningún dispositivo custodiado por la UCO en ese mes de mayo de 2025».
Finalmente, todo quedó claro en junio de 2025, ya que «en el marco de actuaciones sobre el Sr. Ábalos (registro domiciliario) se intervienen otros dispositivos de almacenamiento. En alguno de ellos se intervienen las conversaciones de wasaps entre el Sr. Ábalos y el Presidente del Gobierno publicadas por el medio de comunicación.
