La Guardia Civil ha detectado, a través de su UCO, facturas ausentes en la contabilidad que el PSOE remitió a la Audiencia Nacional. El hallazgo se enmarca en la causa sobre la presunta financiación irregular del partido, según la información publicada por El Mundo y fuentes de la investigación.
La instrucción la dirige el Juzgado Central de Instrucción Número 2, cuyo titular es el magistrado Ismael Moreno, y sigue declarada secreta. La UCO (Unidad Central Operativa, la unidad de élite de la Guardia Civil especializada en criminalidad organizada e investigación económico-financiera) coteja desde hace semanas la documentación aportada por la formación con la remitida por el Tribunal de Cuentas. Ninguna de las personas ni entidades citadas en esta información ha sido condenada en esta pieza, que mantiene intacta la presunción de inocencia.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha ocurrido? La UCO de la Guardia Civil ha detectado facturas ausentes y facturas «ininteligibles» en la contabilidad que el PSOE entregó al juzgado.
- ¿Dónde y cuándo? En la Audiencia Nacional, en una causa declarada secreta que analiza documentación del periodo 2017-2024.
- ¿Qué resultado? Los agentes cruzan los datos del partido con los del Tribunal de Cuentas para localizar el origen de las anomalías contables.
El cruce de datos que sostiene la instrucción
El instructor ordenó al PSOE entregar en un plazo de diez días «la relación de pagos en metálico efectuados y documentos en los que se soportan los mismos» entre 2017 y 2024. La medida se adoptó después de que el Tribunal Supremo apreciara indicios de descontrol del dinero en efectivo en la sede de Ferraz. En paralelo, el juzgado reclamó al Tribunal de Cuentas la documentación contable que el partido le había remitido, incluidas las donaciones, para poder cotejarla con la entregada por la formación.
Del cotejo han aflorado dos tipos de anomalías. Por un lado, faltan facturas de gastos en la documentación entregada a la Audiencia Nacional. Por otro, algunas facturas son «absolutamente ininteligibles», con conceptos indescifrables, y su veracidad queda en cuestión. Los investigadores tratan de determinar el origen de esas irregularidades contables antes de trasladar conclusiones al juez.
El eje de la instrucción es el pitufeo, el presunto sistema de pagos en efectivo mediante sobres y donaciones opacas que se investiga en Ferraz. La sospecha que manejan el instructor y la Fiscalía Anticorrupción es que a través de las donaciones recibidas entre 2017 y 2024 se camuflaban pagos de constructores por el acceso a amaños de obra pública. El mecanismo descrito consistiría en trasvasar el dinero de la cuenta de donaciones a la cuenta de funcionamiento para reintroducirlo en el circuito legal.
La UCO cruza desde hace semanas contabilidad, donaciones y pagos en metálico: un trabajo técnico y documental que sostiene el avance de toda la instrucción.
Del relato de Aldama al rastro del petróleo venezolano
En esta pieza ha declarado el empresario Víctor de Aldama. Según su relato, entre 2019 y 2020 canalizó pagos por importe de 1,8 millones de euros y señaló a constructoras como Levantina. Para respaldar sus afirmaciones aportó listados de adjudicaciones con anotaciones manuscritas atribuidas al ex asesor Koldo García. Se trata de manifestaciones personales incorporadas a la causa, no de hechos declarados probados.
La instrucción incorpora además la investigación de una presunta captación de fondos mediante negocios de petróleo en Venezuela. La Justicia rastrea cientos de mensajes intercambiados en la aplicación de mensajería cifrada Threema entre Aldama y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sobre compraventa de barriles y pagos en terceros países para eludir las sanciones internacionales. Los mensajes abordan, según la información publicada, operaciones de cientos de miles de barriles y pagos en países como Rusia. Obra también un contrato suscrito entre las sociedades Apamate y Deluxe Fortune que, según el relato del empresario, dio cobertura a la transferencia de fondos a España.
El Contexto Operativo
El marco de amenaza es la delincuencia económica vinculada a la financiación de formaciones políticas, un ámbito que exige instrucciones prolongadas, periciales contables y comisiones rogatorias internacionales. La UCO asume este tipo de causas por su especialización y por su capacidad para procesar grandes volúmenes documentales.
El periodo examinado cubre ocho ejercicios, de 2017 a 2024, y las diligencias combinan contabilidad ordinaria, donaciones y pagos en metálico, además de los 1,8 millones de euros que Aldama asegura haber canalizado entre 2019 y 2020. El cotejo entre el Tribunal de Cuentas y Ferraz es el tipo de trabajo técnico que permite detectar incoherencias que en una revisión superficial pasarían inadvertidas.
La causa sigue bajo secreto de sumario y no se han producido imputaciones formales en esta pieza; el juzgado y la Fiscalía Anticorrupción continúan reclamando documentación mientras los agentes revisan el material documento a documento. La previsión es que la instrucción se prolongue varios meses más hasta aclarar el origen de las facturas ausentes y de las partidas indescifrables. Mientras no se levante total o parcialmente el secreto, no trascenderán nuevas diligencias. Ninguna de las personas citadas ha sido condenada en este procedimiento.
