La policía cerró el viernes el acceso al Tribunal Constitucional de Varsovia y la crisis institucional de Polonia entró en su fase más aguda. El pulso entre el primer ministro, Donald Tusk, y el presidente, Karol Nawrocki, ya no se libra en los tribunales: se libra con cordones policiales, un avión que da media vuelta sobre África y un país que lleva tres días preguntándose quién manda.
Los hechos se encadenaron en menos de 72 horas. Una facción de jueces del Tribunal afín al Gobierno anunció la suspensión de poderes de su presidente, el conservador Bogdan Swieczkowski. Con Nawrocki de viaje oficial en Senegal, el Ejecutivo desplegó medios policiales: se cerró el edificio, se bloqueó el acceso a la cúpula saliente y se intentó facilitar la entrada a los nuevos nombramientos. La oposición habla sin matices de un intento de golpe de Estado; el Gobierno, de restauración del Estado de derecho.
La imagen que resume el fin de semana es la del propio presidente aterrizando de urgencia, tras ordenar dar la vuelta a su avión en pleno vuelo, y plantándose en la puerta del tribunal entre enfrentamientos en la calle. Después llegaron las negociaciones tácticas de Ley y Justicia (PiS) y un discurso televisado de Tusk apelando a la ‘correcta comprensión de los valores democráticos’. Ninguna de las tres cosas resolvió nada.
Para medir el alcance hay que aceptar una anomalía: Polonia funciona desde 2023 con dos centros de poder. La coalición de Tusk tiene la mayoría parlamentaria que salió de las urnas; la Presidencia la ocupa desde 2025 un hombre de PiS. Es la ‘guerra polaco-polaca’ que lleva una década corroyendo la política del país.
El origen remoto está en 2015. Plataforma Cívica, anticipando su derrota, designó a cinco jueces por la vía rápida; PiS anuló esos nombramientos y juró a los suyos en sesiones nocturnas. Aquella maniobra abrió una grieta que hoy es un socavón.
En Polonia no se dirime una disputa judicial: se dirime quién controla la fiscalía, la televisión pública y el dinero que llega de Bruselas.
Antes del asalto al Constitucional hubo otro: la fiscalía. Controlar el aparato de investigación dio al Gobierno el monopolio del uso legítimo de la fuerza y de la acusación. Con ese suelo firme, Tusk pasó a la fase decisiva.
Los 137.000 millones que Bruselas mantiene congelados
Aquí la política polaca deja de ser un asunto interno. La Comisión ha condicionado el desbloqueo de unos 137.000 millones de euros —cohesión y plan de recuperación— a que Varsovia revierta el precedente que proclamó la primacía del derecho nacional sobre el comunitario. Bruselas sostiene que lo que ocurre estos días en Varsovia es una restauración del Estado de derecho. La oposición polaca y buena parte de la doctrina constitucionalista europea lo leen justo al revés.
Hay un segundo paquete en juego que casi nadie mira: la toma de control de la radiotelevisión pública, que en Polonia es a la vez caja de propaganda y cantera de contratos; y el encaje de las cuotas medioambientales ETS1 y ETS2 junto a la cesión de parte del impuesto especial al presupuesto común. Tusk bloqueó esas cuotas en el último Consejo Europeo, aliado con Babiš y Magyar, mientras en casa aplicaba el rodillo judicial. La contradicción no es un detalle: es el método.
El rearme más caro de la OTAN se apoya en un presupuesto al límite
Polonia es el socio que más esfuerzo dedica a defensa en porcentaje del PIB de toda la Alianza, según los registros de SIPRI sobre gasto militar, y el que ha levantado la infraestructura logística de doble uso sobre la que descansa el flanco este. El plan contempla 300.000 efectivos, con carros Abrams y K2, obuses K9, cazas F-35 y baterías Patriot. Nada de eso se paga con buena voluntad.
Los números del propio país explican la urgencia. Déficit público del 5,9% del PIB y deuda nominal en el 64,5% al cierre del segundo trimestre de 2026, con el ritmo de endeudamiento más rápido de toda la UE. El mercado laboral está agotado: 3,3% de paro nacional y 86,9% de ocupación en la región de Varsovia.
En octubre, el Gobierno aprobó un impuesto del 60% que recae sobre sobre los beneficios extraordinarios del sector de los carburantes, con Orlen como principal pagador. No es política industrial: es caja. Y a eso se suma el calendario, porque el marco financiero 2028-2034 se negociará con menos cohesión y más defensa. Varsovia lo sabe. De ahí la prisa: quien controle el Tribunal antes de que llegue la factura controla también el relato del ajuste. En el horizonte, según la lectura que hace la prensa rusa, aparece la cumbre del APEC en Shenzhen, a la vuelta de la esquina, con un encuentro trilateral Moscú-Washington-Pekín que se vendería como una nueva Yalta al margen de las instituciones europeas.
Equilibrio de Poder
Washington mira el flanco este con una sola pregunta: ¿sigue Varsovia siendo el ancla? El puesto de mando avanzado del V Cuerpo estadounidense en Poznań y la logística que abastece a Ucrania dependen de una administración polaca capaz de firmar, pagar y sostener. Una cohabitación envenenada no detiene los contratos de armamento —los blindados llegan igual—, pero sí puede ralentizar licencias, contrapartidas y obra de infraestructura. Moscú no necesita ganar: le basta con que Polonia parezca ingobernable. La amplificación del relato del ‘golpe’ forma parte de esa campaña.
Para España el asunto no es ajeno. Madrid defiende desde hace años que la amenaza no se agota en el este —Marruecos, el Sahel y la fachada atlántica exigen atención propia—, y un socio polaco en dificultades debilita el argumento contrario: que el rearme europeo debe concentrarse en el Báltico. Si el mayor gastador de la OTAN en porcentaje del PIB se atasca fiscalmente, el reparto de la carga en 2028 se recalcula, y España entra en esa negociación con el 2% todavía en construcción y el 5% de La Haya como horizonte lejano.
Conviene recordar un precedente. En 2012, la cohabitación rumana entre Băsescu y Ponta se dirimió con una suspensión presidencial y un pulso institucional que Bruselas toleró mientras el leu y la credibilidad del país pagaban la factura. Nadie salió ganador. Polonia tiene un peso industrial —Orlen, Dino, el complejo de maquinaria— que Rumanía no tenía, pero el mecanismo es idéntico: cuando el poder judicial se convierte en botín, la inversión extranjera espera y el socio estratégico duda.
La contradicción de fondo incomoda a todos. Bruselas legitima una intervención que criticó durante ocho años, y lo hace por 137.000 millones y por la necesidad de un socio fuerte en el este. Varsovia reclama solidaridad y bloquea cuotas en el Consejo. Y Madrid, que ha invocado el Estado de derecho cuando apuntaba a Budapest, ahora mira hacia otro lado. Lo que observamos es un patrón: la condicionalidad se aplica según el color del Gobierno, no según el expediente.
El próximo hito no es una sentencia, sino el Consejo Europeo de diciembre, donde se decidirá si el primer tramo de los fondos sale o se queda en el congelador, y la negociación del marco 2028-2034, que definirá cuánto queda para cohesión después de pagar el rearme. Entre medias, las elecciones parlamentarias previstas para 2027. Hasta entonces, Polonia seguirá dando la razón a quienes sostienen que la UE arrastra un problema de diseño: dos gobiernos en el mismo Estado y una Comisión que elige a cuál de los dos reconoce.
