Snap esquiva el juicio por la demanda de adicción a las redes sociales con un pacto de última hora. La compañía cierra el caso que iba a sentar a Evan Spiegel ante un jurado y que se había convertido en el termómetro judicial de todo el sector.
Los términos del acuerdo no han trascendido. La selección del jurado había arrancado la semana pasada y la vista estaba señalada para este mes de noviembre, según confirma la representación legal de los demandantes, dos adolescentes identificados en los documentos judiciales como K.D.B. y S.J. Snap era el único acusado que seguía en pie después de que Meta cerrara su propio pacto apenas siete días antes; YouTube y TikTok, ya habían alcanzado acuerdos previos con las mismas familias.
La comparecencia de Spiegel era el gran reclamo del proceso. Habría sido la primera vez que el creador de Snapchat se sentaba ante un jurado en un caso de adicción a las redes, y esa imagen —un consejero delegado explicando en sala cómo su producto retiene la atención de menores— tiene un coste reputacional que ninguna compañía cotizada quiere asumir.
Claves de la operación
- Un pacto sin cifra y sin declaración pública. Snap no ha revelado el importe ni las condiciones, pero se libra del interrogatorio de su consejero delegado.
- Meta cedió primero y dejó sola a Snap. El acuerdo de la matriz de Instagram una semana antes convertía a Snapchat en la última defensa del sector ante un jurado.
- El precedente de los 6 millones de dólares. En otro litigio resuelto este año, un jurado condenó a Meta y YouTube a indemnizar con esa cantidad a una joven de 20 años.
El primer interrogatorio de Spiegel que nunca se celebrará
Todo este entramado se apoya en los casos piloto: un puñado de litigios elegidos para fijar el terreno antes de que el resto de expedientes avance. La abogada Emily Jeffcott celebró el acuerdo como una victoria parcial. En su comunicado sostuvo que el objetivo último es que ‘estas compañías respondan de cómo sus acciones han impactado en millones de niños en todo el país’ y que estos pactos permiten ‘seguir construyendo’ hacia ese fin. No hay cifras, ni admisión de responsabilidad, ni compromisos públicos verificables.
Snap se refugia en la fórmula de cortesía. ‘Las partes se complacen de haber podido resolver este asunto de manera amistosa’, señala la compañía, cuyo portavoz añadió que la empresa está ‘comprometida a reforzar de forma continua la seguridad, la privacidad y el bienestar’ de su comunidad. Dos frases que no mencionan dinero, y en este tipo de litigios el silencio sobre la cifra suele ser la cifra.
El calendario judicial no se ha vaciado. Meta y Snap siguen afrontando numerosas demandas por adicción y otras supuestas fallas de seguridad. Cada acuerdo cierra un expediente pero no crea jurisprudencia: el sector compra tiempo en lugar de comprar certeza.
Un pacto sin cifras no es una victoria: es la factura que alguien pagará más adelante, con intereses y sin que ningún jurado deje constancia del criterio.
La caja de Snap contra el reloj de los tribunales
El negocio de Snap se sostiene sobre una base de usuarios sospechosamente joven, y eso convierte cualquier litigio sobre menores en un riesgo de primera línea. La publicidad, que aporta casi la totalidad de sus ingresos, depende de la atención de esa franja de edad. Si el escrutinio judicial empuja hacia límites de edad más estrictos o a rediseñar el producto, el impacto se mide en inventario publicitario y no en notas de prensa.
La comparación con Meta resulta inevitable. La matriz de Instagram y WhatsApp tiene escala suficiente para absorber indemnizaciones y equipos jurídicos; Snap opera con márgenes más estrechos y una única aplicación como fuente de ingresos. La asimetría frente a Meta es de recursos, no de exposición legal. La próxima ronda de cuentas llegará a comienzos de 2027, según el calendario de relación con inversores que la propia compañía mantiene público.
Falta la prueba contable. El acuerdo no debería mover la acción de forma inmediata, pero las provisiones irán apareciendo trimestre a trimestre y ahí se verá el tamaño real del desembolso. Observamos un patrón: la compañía anuncia el pacto, celebra la resolución amistosa y no publica la cifra. Ese hermetismo tiene sentido jurídico y un problema evidente de credibilidad ante el inversor institucional.
España vigila la misma frontera: los menores como límite del negocio
En España el debate lleva meses instalado en la agenda política, con la verificación de edad en plataformas como eje de la discusión. El diseño adictivo ha dejado de ser una discusión técnica y ha entrado de lleno en el terreno regulatorio. Lo que se dirime en los tribunales estadounidenses llega aquí antes por Bruselas que por los juzgados: la normativa europea de servicios digitales ya obliga a evaluar los riesgos sistémicos que afectan a los menores en las plataformas de mayor tamaño.
Snapchat tiene un problema estructural en ese terreno. Su propuesta de valor —mensajes efímeros, rachas, notificaciones— está diseñada para generar recurrencia, y buena parte de esa recurrencia se apoya en usuarios que no han cumplido los 18 años, según recoge la propia trayectoria pública de su fundador y la documentación corporativa de la empresa. Un pacto que evita el juicio no cambia ese modelo; solo aplaza la conversación sobre quién asume su coste social. Su diseño está pensado para generar recurrencia, no para medir el daño.
La próxima cita no es una vista, sino la publicación de resultados. Si las provisiones judiciales aparecen en las cuentas del ejercicio 2026 y con qué magnitud dará la medida real de estos pactos silenciosos. Mientras tanto, el caso que iba a sentar a Spiegel ante un jurado quedará archivado con la etiqueta que el sector prefiere: resolución amistosa. Cosas que pasan en 2026.
