Los desahucios judiciales caen casi un 70% en Huelva: los juzgados practicaron 31 lanzamientos entre abril y junio, más del doble de bajada que en el conjunto de Andalucía.
El desplome de los lanzamientos en los juzgados de Huelva
El dato lo recoge el informe sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales que elabora el servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), correspondiente al segundo trimestre de 2026. Frente a esos 31 lanzamientos onubenses, el mismo trimestre de 2025 había dejado una cifra muy superior: la caída interanual alcanza el 69,9%. En el conjunto de la comunidad, los órganos judiciales andaluces ejecutaron 737 lanzamientos, un 32,3% menos que un año antes. La provincia baja, por tanto, a un ritmo que más que duplica la media regional.
El retroceso llega por las dos vías que alimentan estas actuaciones y lo hace con intensidad parecida. Los lanzamientos derivados de procedimientos de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) fueron 18 en Huelva, un 70% menos que en el segundo trimestre del año anterior. Los que tuvieron su origen en ejecuciones hipotecarias sumaron 13, con un descenso del 66,7%. Entre ambas causas reúnen la totalidad de los casos practicados entre abril y junio.
Conviene precisar qué cuenta exactamente el CGPJ bajo esa etiqueta. Un lanzamiento es el paso en el que se materializa un desahucio o la entrega de un inmueble. La estadística contabiliza uno por cada propiedad sobre la que se acuerda el desalojo o la entrega de la posesión, siempre que suponga un cambio de poseedor, con independencia de los señalamientos que genere, del tipo de proceso en que se acuerde y de la fase en la que se encuentre.
El cómputo, además, no distingue entre fincas rústicas y urbanas ni entre viviendas y otros inmuebles. Incluye tanto los lanzamientos acordados en fase de ejecución como las entregas de posesión y las resoluciones que suponen la entrega voluntaria del bien, ya sea directamente a la otra parte o en el propio órgano judicial. Es una foto amplia del fenómeno y, precisamente por eso, sirve para comparar territorios con mercados inmobiliarios muy distintos.
Menos ejecuciones hipotecarias, más despidos y concursos
La otra cara del informe aparece en el capítulo de las ejecuciones hipotecarias presentadas en los juzgados de Huelva. Durante el trimestre se registraron 59, un 49,6% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior, lo que deja la cifra prácticamente en la mitad de la de hace un año. Menos procesos en marcha y menos desalojos consumados dibujan un escenario de menor tensión en la provincia.
Menos desahucios no significan una provincia más próspera: significan que el desalojo llega más tarde y con más deuda acumulada a la espalda.
Sin embargo, la jurisdicción social va en dirección contraria. Entre abril y junio se presentaron en la provincia 360 demandas por despido, un 3,2% más que en el mismo trimestre de 2025, y los Juzgados de lo Social registraron 426 demandas por reclamaciones de cantidad, un 11,8% por encima de las del año anterior. Son cifras modestas en términos relativos, pero apuntan a una conflictividad laboral que no se desinfla, sobretodo si se comparan con el resto de los indicadores del trimestre.
En el ámbito mercantil, los Juzgados de lo Mercantil de Huelva contabilizaron 119 concursos, un 60,9% menos que en el periodo anterior. De ellos, 112 corresponden a personas naturales no empresarios —particulares sin actividad empresarial—, que bajan un 20,6%, y los siete restantes, a personas jurídicas. El concurso es el procedimiento que se declara y tramita cuando un deudor, sea persona natural o jurídica, no puede cumplir con regularidad sus obligaciones exigibles. Quedan fuera las entidades que integran la organización territorial del Estado, los organismos públicos y el resto de entes de derecho público.
La Lectura Andaluza
Los 737 lanzamientos practicados en Andalucía entre abril y junio equivalen a algo más de ocho desalojos al día en la comunidad. En Huelva, los 31 del trimestre se traducen en uno cada tres días. Y las causas importan: de esos 737 casos andaluces, 397 —el 53,8%— procedieron de procedimientos de arrendamiento, 247 —el 33,5%— de ejecuciones hipotecarias y los 93 restantes de otras causas, según el registro del Instituto Nacional de Estadística y del propio poder judicial. El peso del alquiler en el problema es evidente en los dos ámbitos y explica por qué la vivienda se ha instalado en la primera línea de las preocupaciones ciudadanas.
Para quien vive de alquiler en la capital onubense o en municipios como Lepe, Almonte o Ayamonte, el dato tiene una traducción práctica: menos desalojos significa más margen para negociar una prórroga, para acogerse a un aplazamiento o para cerrar un acuerdo antes de que el juzgado fije fecha. También para los servicios sociales municipales, que son la última red antes de la calle. Eso sí, la provincia sigue arrastrando una de las tasas de paro más altas de Andalucía, y esa es la variable que de verdad mueve la aguja de los desalojos a medio plazo.
La Junta de Andalucía, a través de la Consejería competente en vivienda, mantiene los programas de intermediación hipotecaria y de avales al alquiler, herramientas pensadas precisamente para intervenir antes de que el procedimiento llegue al juzgado. Cualquier cambio de calado en esta materia pasa por el Parlamento de Andalucía (la cámara legislativa unicameral con 109 escaños, con sede en Sevilla), donde la vivienda ocupa un lugar central en la agenda política de cada periodo de sesiones. El próximo termómetro llegará con el informe del tercer trimestre del CGPJ, que se conocerá en el tramo final de este año o a comienzos de 2027 y dirá si el desplome de Huelva era un ajuste puntual o una tendencia consolidada. Los andaluces llevan una década esperando que sea lo segundo.
