El malestar y la indignación se han instalado de forma definitiva en el seno de las Fuerzas Armadas españolas. Tras quince días de absoluto silencio por parte del Ministerio de Defensa que encabeza Margarita Robles, las principales asociaciones profesionales del sector han roto su silencio para denunciar lo que consideran un abandono institucional flagrante y una traición en toda regla a los hombres y mujeres que visten el uniforme. La negativa rotunda a abordar la declaración de la actividad militar como profesión de riesgo ha colmado la paciencia de un colectivo que supera los 130.000 efectivos en todo el territorio nacional.
La gota que ha colmado el vaso ha sido la decisión del Ejecutivo de aplicar un cierre en falso a las negociaciones, utilizando como coartada y argumento principal la convocatoria de las próximas elecciones generales. Este portazo gubernamental equipara a los militares con la Policía Nacional y la Guardia Civil, cuyos sindicatos y asociaciones profesionales también han sufrido el desprecio de una mesa de negociación dinamitada de manera unilateral. Para el estamento militar, justificar el fin del diálogo por citas electorales supone una burla inaceptable hacia quienes garantizan la seguridad, la defensa y la soberanía del Estado.
El alto precio de estar en la primera línea de todas las crisis
La reacción de las asociaciones firmantes —ASFASPRO, AUME y UMT— pone de manifiesto la enorme brecha existente entre la retórica oficial del Gobierno y la realidad cotidiana de los cuarteles. Resulta del todo incomprensible que, tras años en los que las Fuerzas Armadas han asumido el peso de las emergencias más graves que ha sufrido el país, el Ejecutivo responda con el silencio administrativo y la indiferencia.
La memoria colectiva todavía recuerda la actuación impecable y abnegada de los militares durante los momentos más críticos de la pandemia del COVID-19, la parálisis provocada por el temporal Filomena, la catástrofe de la erupción volcánica en La Palma o las devastadoras inundaciones causadas por sucesivas DANAS. A ello se suman la lucha constante contra las oleadas de incendios forestales que calcinan los montes cada verano, la compleja crisis migratoria vivida en la frontera de Ceuta y el compromiso internacional inquebrantable en misiones de extrema peligrosidad como las desarrolladas en El Líbano o la peligrosa evacuación de Irak.
A pesar de esta hoja de servicios impecable, el Ejecutivo parece ignorar deliberadamente que la carrera militar conlleva un riesgo inherente, constante e ineludible. La entrega continua de los soldados, sumada a la dolorosa lista de efectivos heridos y fallecidos en acto de servicio, no ha sido suficiente para que la Moncloa asuma una realidad jurídica y social que clama al cielo. Las felicitaciones protocolarias y los discursos grandilocuentes en los desfiles contrastan dolorosamente con la falta de medidas tangibles, dejando patente que el reconocimiento a la institución mejor valorada por los ciudadanos se queda, sistemáticamente, en meras palabras vacías de contenido.
Un frente común con la Policía y la Guardia Civil
Ante este escenario de confrontación sorda, las asociaciones representativas de los militares han decidido dar un paso al frente y romper con la tradicional neutralidad pasiva, escenificando una unidad de acción sin precedentes con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El respaldo al colectivo militar no es solo simbólico, sino una declaración de intenciones que anticipa un otoño caliente en las calles si el Gobierno no rectifica de inmediato su rumbo.
ASFASPRO, AUME y UMT han querido plasmar negro sobre blanco su firme apoyo y solidaridad activa con los compañeros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que protagonizaron el histórico encierro en la sede de la Secretaría de Estado de Seguridad. Para los mandos, suboficiales y tropa, la lucha de los policías es exactamente la misma que la de los militares: una reivindicación transversal que apela directamente a la dignidad profesional de todos los uniformados que velan por la seguridad interior y exterior de España.
El portazo del Ministerio de Defensa no solo frena un derecho histórico, sino que deja en evidencia la pobreza de miras de una administración incapaz de actualizar los derechos sociolaborales de sus servidores públicos más exigidos. Con más de 130.000 profesionales y sus respectivas familias mirando con lupa cada movimiento político, el malestar acumulado amenaza con convertirse en un coste electoral inasumible para el Ejecutivo. La exigencia de que los derechos profesionales consolidados dejen de ser una quimera y se transformen en leyes efectivas marca el pulso de un colectivo que ya ha dicho basta y que advierte que la pasividad gubernamental tendrá consecuencias directas en el tablero político e institucional a corto plazo.
