La acampada por la vivienda de Valencia afronta su primer mes con 800 tiendas frente al Ayuntamiento y ninguna mesa de diálogo.
Y no es una forma de hablar. Los campamentos de la plaza del Ayuntamiento de Valencia seguirán en pie de forma indefinida hasta que el Gobierno de España, el Consell (el gobierno autonómico valenciano) y el consistorio se sienten en la misma mesa. Lo explicó esta semana uno de los portavoces de la asamblea, a punto de cumplirse un mes desde que se levantaron las primeras tiendas. Alrededor de 800 tiendas de campaña siguen ocupando la plaza, según la cifra que maneja la organización.
El mensaje no ha cambiado. «Queremos que se nos escuche y, una vez que se nos escuche, que se prometa que se va a trabajar sobre esto y que no sea una ley que se aprueba y luego se queda abandonada», explicó uno de los portavoces. La exigencia tiene nombre técnico: la declaración de Valencia como zona tensionada, la figura que la ley estatal de vivienda reserva a los mercados donde la renta se ha desbocado.
La plaza no es un lugar cualquiera. Es el mismo espacio donde cada año se alza el árbol de Navidad y se monta la pista de patinaje de los comerciantes del centro , que llevan semanas mirando el calendario. La convivencia con el consistorio ya ha pasado dos pruebas de esfuerzo: las tensiones por el Nou d’Octubre, la fiesta de la Comunitat, y las lluvias del temporal de la DANA Adam, que obligaron a rehacer parte del campamento. Las tiendas aguantaron el agua. La negociación sigue seca.
El Ayuntamiento que dirige María José Catalá ofreció diálogo. No ha habido contacto directo, según han explicado desde la acampada en sus redes sociales. La alcaldesa mantiene abierta la puerta; la asamblea exige que esa puerta tenga forma de mesa y que en ella se sienten las tres administraciones, no solo la más cercana.
La acampada no pide una foto con la alcaldesa: pide que la ley de vivienda deje de ser un papel que nadie aplica.
Zona tensionada: la palabra que el Consell no aplica
La ley estatal de vivienda, aprobada en 2023, permite a comunidades y ayuntamientos declarar zonas tensionadas y limitar los precios del alquiler en ellas. Hasta ahora, ni el Consell de Pérez Llorca ni el Ayuntamiento de Valencia han activado esa figura. Los acampados lo consideran el nudo del problema: sin declaración, sostienen, cualquier promesa de más vivienda pública llega tarde y llega corta.
Fuera de Valencia, el mapa de la protesta cambia. La acampada matriz de la Puerta del Sol de Madrid se debilita y muchas de sus comisiones han decidido desmontar para trasladar la acción a los barrios y preparar la huelga general del 11 de noviembre. En el campamento valenciano recuerdan que cada protesta es independiente, aunque los objetivos se compartan. El 11-N se presenta como la próxima cita de presión.
La petición de una mesa con tres sillas —Gobierno, Consell y Ayuntamiento— es también un envite político. El Ejecutivo central puede reclamar que ya aprobó la norma; el Consell y el consistorio, ambos del PP, responden que la iniciativa es compartida. En medio, los vecinos de los barrios donde el alquiler se come más de la mitad del salario.
El Escenario Valenciano
La vivienda se ha convertido en el terreno donde el pacto entre PP y Vox se mide con más incomodidad. El Consell que preside Juanfran Pérez Llorca sostiene que el problema es de oferta y que declarar zona tensionada no abarata un solo alquiler; su socio de coalición cuestiona la propia ley estatal. La oposición de PSPV y Compromís ha convertido la figura en la prueba de fuego de la legislatura, y el asunto ya tiene recorrido en las Corts Valencianes.
En clave nacional, el pulso desborda València. La ley estatal de vivienda salió adelante en el Congreso y su aplicación depende de comunidades y ayuntamientos, de modo que la declaración se ha vuelto excepción donde gobierna el PP. Para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, la protesta recuerda que una norma sin desarrollo autonómico no llega al recibo del inquilino. El precedente más cercano está en Madrid: la acampada de la Puerta del Sol, que marcó la agenda de la capital, se desmonta ahora por comisiones.
La proyección inmediata tiene dos fechas. Una es el 11 de noviembre, la huelga general con la que el movimiento quiere medir su fuerza. La otra no figura en ningún calendario oficial, pero sí en el de los comerciantes del centro: el montaje del árbol de Navidad y la pista de patinaje en la misma plaza que hoy ocupan las tiendas. Si para entonces no hay mesa, la convivencia en el espacio más simbólico de la ciudad será el siguiente titular.
Ficha del Caso
- El caso: Una acampada por el derecho a la vivienda ocupa desde hace un mes la plaza del Ayuntamiento de Valencia con unas 800 tiendas y exige una mesa de diálogo con las tres administraciones.
- Datos importantes: un mes de campamento, 800 tiendas, ley estatal de vivienda de 2023 sin aplicar en la ciudad, huelga general convocada para el 11 de noviembre y oferta de diálogo de la alcaldesa sin contacto directo.
- Resumen: El pulso entre la acampada y el Consell de Pérez Llorca mide la distancia entre una ley estatal y su aplicación real; la plaza del árbol de Navidad es el calendario de la próxima negociación.
