El MITECO ha recibido más de 600 alegaciones en apenas dos semanas al primer borrador del real decreto que ordenará los centros de datos en España, mientras la patronal SpainDC presiona para tumbar los límites de consumo energético y agua.
La magnitud del negocio explica la presión. SpainDC cifra en 66.900 millones de euros la inversión directa e indirecta del sector hasta 2030 y agrupa en su lista de asociados a AWS-Amazon, Google y Microsoft junto a Azora, Ferrovial, San José y las energéticas Iberdrola, Naturgy y Repsol. Su directora ejecutiva es Begoña Villacís, exvicealcaldesa de Madrid por Ciudadanos.
El parque español de centros de datos suma 159 instalaciones operativas, 22 en construcción y 52 planificadas, según el Observatorio Español de Data Centers. El caso que mejor mide la escala es el de Meta en Talavera de la Reina (Toledo): 248 MW de potencia, tanta electricidad al año como 248.000 hogares según las estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía, y 504 millones de litros de agua anuales.
España atrae por dos razones concretas: electricidad más barata que la media europea y un parque renovable que ya produce a coste competitivo. Ese es el anzuelo. La pregunta incómoda es quién paga la infraestructura de red y con qué límites opera un sector que aspira a multiplicar su huella en una década.
La letra pequeña: el 80% renovable que la patronal quiere borrar
El texto, elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico junto a Economía y Transformación Digital, se tramitará por vía de urgencia. Su exigencia central: al menos el 80% de la energía consumida por cada centro debe proceder de generación renovable de nueva planta, hasta que las tecnologías limpias superen el 90% del mix eléctrico.
Un sector que se alimenta de la red eléctrica más barata del continente pretende crecer sin asumir los límites que esa misma red impone al resto.
SpainDC responde con cifras propias. Sostiene que el diseño equivale a una prohibición de facto, que entre el 80% y el 90% del capital futuro quedaría en riesgo y que 9.000 millones de euros de inversiones ya planteadas peligrarían. La patronal ha trasladado su malestar ante ante los tres ministerios firmantes y cuestiona el encaje jurídico del borrador.
📊 Impacto ecológico en cifras
- Capacidad: El proyecto de Meta en Talavera de la Reina alcanza los 248 MW, tanta electricidad anual como 248.000 hogares.
- Consumo de agua: 504 millones de litros al año, el 8% del consumo de una ciudad situada en zona de estrés hídrico.
- Inversión: 66.900 millones de euros previstos hasta 2030; la patronal cifra en 9.000 millones las inversiones en riesgo.
- Parque instalado: 159 centros operativos, 22 en construcción y 52 planificados en España.
La patronal no discute la transición: discute la factura. Y esa factura, en forma de suelo y de renovable dedicada, acabaría pagándola el territorio.
El agua: mucho enunciado y ningún límite
Aquí está la brecha que denuncian las organizaciones ecologistas. El borrador exige a los promotores justificar su exigencia hídrica, pero no fija topes de consumo, ni restricciones automáticas en episodios de sequía, ni prioridad de uso para el abastecimiento humano. Cristina García, portavoz de No es sequía, es saqueo, resume la decepción: el decreto parecía prometedor y deja fuera demasiadas cosas.
Aragón concentra el pulso. Entre centros operativos y proyectados podrían convivir una treintena, y mientras los regantes del Gállego, al sur de Ontinar del Salz, recibían nuevas restricciones a su concesión, el centro de datos de Villanueva de Gállego no afrontaba ninguna. Un estudio de la Universidad de Zaragoza calcula que abastecer con renovables todos los proyectos previstos en la comunidad exigiría ocupar el 39% de la superficie de Aragón.
Del veto de facto al principio de precaución
El precedente importa. España lleva una década construyendo renovables con apoyo público y ha convertido ese parque en su principal argumento de atracción industrial. Ahora, buena parte de los promotores considera que puede aprovechar esa red sin asumir las reglas que exigen capacidad nueva y dedicada. Cinco organizaciones ecologistas y una veintena de colectivos han reclamado que la demanda eléctrica de los centros se cubra con generación 100% renovable sin desplazar los objetivos de descarbonización del resto de la economía, una petición que conecta con el marco europeo: la Taxonomía Verde y el reporting de sostenibilidad presionan ya en la misma dirección.
Otro factor aprieta: el calendario. La tramitación por vía de urgencia busca cerrar el texto cuanto antes, lo que deja menos margen para enmiendas de fondo. La Estrategia de Inteligencia Artificial de 2024 empuja en la dirección contraria, hacia más capacidad de cómputo en territorio español, y promete que esa capacidad llegará acompañada de energía limpia. Las dos cosas pueden ser verdad a la vez, pero no sin una planificación que hoy no existe.
Falta la parte que ninguna de las dos partes quiere poner por escrito: cuánta energía puede crecer España y cuánta agua puede ceder. García plantea la ecuación al revés, primero cuánto se puede generar y después si caben más centros. Es la lógica del principio de precaución que piden los colectivos: transparencia, participación pública y rendición de cuentas antes de autorizar una expansión de esta magnitud. Sin eso, el real decreto ordenará el despliegue, pero no lo limitará.
🌍 El Impacto Real para el Futuro
- Beneficio medible: La exigencia del 80% de electricidad renovable de nueva planta evita que los 52 proyectos previstos se alimenten de generación fósil de respaldo.
- Modelo que cambia: El criterio de territorio y recurso disponible sustituye al de expansión sin condiciones: sin garantía de agua ni de red, el centro no se autoriza.
- Para las próximas generaciones: Un límite hídrico hoy evita heredar en 2035 un mapa de infraestructuras insostenibles en las cuencas que ya sufren restricciones.
