EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Departamento de Estado ha revocado más de 100.000 visados desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, con un foco especial en los casos de conducción bajo los efectos del alcohol (DUI).
- ¿Quién está detrás? El portavoz Tommy Pigott confirmó la cifra y detalló el mecanismo de colaboración con las policías locales para retirar el visado a extranjeros con arrestos por DUI.
- ¿Qué impacto tiene? La medida afecta a turistas y residentes temporales, incluidos europeos. Aquellos con visados vigentes que sean detenidos por conducir ebrios se enfrentan a la revocación inmediata y a una posible deportación.
El Departamento de Estado ha confirmado este viernes que la revocación de visados ha superado la barrera de los 100.000 expedientes, una ofensiva que ahora se amplía de forma sistemática a los extranjeros arrestados por conducir bajo los efectos del alcohol. El portavoz Tommy Pigott lo anunció ayer en una entrevista en Breitbart News Daily, en la que detalló que «el número es significativamente superior ya a los 100.000 visados revocados» y que la principal causa es la actividad delictiva, con los delitos de DUI (conducción bajo los efectos del alcohol, por sus siglas en inglés) como componente mayoritario.
Pigott explicó que el sistema de revisión continua que que conecta al Departamento de Estado con los cuerpos de seguridad locales permite reaccionar con rapidez. «Cuando vemos un arresto por DUI o una condena, un funcionario consular evalúa si procede la revocación y, si se considera apropiado, se retira el visado», señaló. A partir de ahí, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) actúa para expulsar al individuo del país si se encuentra en territorio estadounidense.
La mecánica de la revocación: colaboración con las policías locales
El procedimiento descrito por el portavoz se apoya en una red de intercambio de información con las fuerzas del orden. Cualquier interacción de un extranjero con la policía —sea un arresto, una imputación o una condena— puede activar el llamado programa de revisión continua (continuous vetting). Un funcionario consular examina el caso y, si aprecia riesgo para la seguridad pública, revoca el visado con base en la autoridad histórica del Departamento de Estado.
«Hemos visto casos asombrosos de gente que conduce ebria con menores en el coche, que causa lesiones a terceros o que se presenta borracha a un programa judicial de rehabilitación. Eso pone en peligro a los ciudadanos americanos», subrayó Pigott. La administración mantiene una política de tolerancia cero hacia los extranjeros que infringen las leyes de tráfico por alcohol.
Turistas y residentes extranjeros, en el punto de mira
La revocación masiva de visados no distingue entre perfiles: afecta por igual a trabajadores temporales, estudiantes, inversores y turistas con visados de larga duración. Washington deja claro que ningún permiso de entrada está garantizado si se comete un delito. Y la conducción bajo los efectos del alcohol es, para la administración Trump, una línea roja que justifica la expulsión inmediata.
España no es ajena a este endurecimiento. Aunque la mayoría de los españoles que viajan a Estados Unidos lo hacen bajo el programa de exención de visado (ESTA), que no se ve directamente afectado por esta medida, miles de compatriotas residen o trabajan allí con visados de larga duración. Cualquier detención por DUI podría costarles el permiso de estancia y la repatriación, sin posibilidad de recurso rápido.
Conducir ebrio en una carretera estadounidense no es una infracción menor: es la vía más rápida para perder el visado y enfrentarse a la deportación.
La Lógica de Washington
Detrás de la ofensiva contra los conductores ebrios hay un razonamiento que encaja con la doctrina de seguridad fronteriza de la era Trump: si un extranjero demuestra que es un riesgo para la comunidad, carece de sentido mantenerle dentro del país. No se trata de un giro legal novedoso. La autoridad del Departamento de Estado para revocar visados por motivos de seguridad pública existe desde hace décadas, amparada en la Sección 221(i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Lo que cambia ahora es la escala y la determinación política para aplicarla.
La cifra récord de 100.000 revocaciones —y subiendo— transmite un mensaje nítido al electorado republicano y a los socios internacionales: la administración utiliza todas las herramientas a su alcance para proteger las calles americanas. Tommy Pigott lo resumió con crudeza: «Hay quien intenta excusar a extranjeros que conducen borrachos, como si no fuera motivo para retirarles el visado. A mí me parece asombroso».
Para España, la lección es práctica. Aquellos ciudadanos que se planteen vivir o trabajar en EE.UU. deben interiorizar que la política migratoria ha cambiado de raíz. Un error al volante puede tener consecuencias que van mucho más allá de una multa de tráfico. Y los consulados españoles no podrán hacer otra cosa que asistir al detenido en el proceso de repatriación. El Departamento de Estado recuerda en su página oficial (travel.state.gov) que la posesión de un visado no garantiza la entrada y que las autoridades consulares pueden revocarlo en cualquier momento por razones de seguridad.
Ficha del Caso
- El caso: El Departamento de Estado de EE.UU., bajo la administración Trump, ha intensificado la revocación de visados a extranjeros con antecedentes penales, superando las 100.000 revocaciones. La última ofensiva se centra en los arrestados por conducción ebria, con una política de tolerancia cero.
- Datos clave: Más de 100.000 visados revocados hasta la fecha. La conducción bajo los efectos del alcohol (DUI) es la principal causa de revocación entre los delitos. El proceso implica cooperación con policías locales y la decisión de un funcionario consular, seguido de una posible actuación de ICE para la deportación.
- Para España: Los españoles que viajan a EE.UU. con visado (por estudios, trabajo o turismo de larga duración) deben extremar la precaución: un arresto por DUI puede suponer la pérdida inmediata del permiso de entrada y la repatriación. La medida refuerza el control migratorio y podría disuadir a algunos perfiles de viajeros, aunque el visado de corta duración (ESTA) no se ve afectado directamente.
