Colectivos vecinales y sindicatos sanitarios reclaman a la Consellería de Sanidade una auditoría del concierto sanitario con el hospital Povisa, en Vigo, antes de que la Xunta firme un nuevo contrato con el centro.
La petición llega después de que el BNG expresara este viernes su preocupación al conocer que Sanidade prepara un nuevo acuerdo con el Hospital Ribera Povisa. Los nacionalistas sostienen que la Xunta mantiene el concierto para «convertir en rehenes» a 100.000 personas del área sanitaria viguesa y abogan por incorporar el hospital a la red pública.
Un concierto de cien millones al año para 100.000 personas
Povisa es el mayor concierto sanitario privado de Galicia. El acuerdo vigente entró en vigor en abril de 2025 y mueve en torno a 100 millones de euros anuales procedentes de las arcas autonómicas, según los datos que maneja la formación nacionalista. El hospital, propiedad del grupo francés Vivalto Santé, cerró el pasado ejercicio su primer año con beneficios después de más de una década acumulando deudas multimillonarias.
Las críticas no se quedan en el dinero. El BNG sostiene que el centro engorda su cuenta de resultados a costa de unas listas de espera interminables, de profesionales que llegan en avión para operar a enfermos a los que no hacen seguimiento, de la ausencia de especialistas en cardiología y dermatología, y de unas ratios de personal por debajo de los mínimos de la sanidad pública. «Los vigueses no merecen seguir siendo castigados con una sanidad a dos velocidades», resume la formación.
A eso se suma una paradoja que el Bloque sitúa en el centro del debate: los recursos públicos al centro han crecido un 20% desde 2019, mientras el área sanitaria de Vigo perdía 30.000 personas adscritas en ese mismo periodo, 8.000 de ellas solo en el último año. La cuenta no cuadra. Y el debate, tampoco.
Povisa concentra el mayor concierto sanitario privado de Galicia: cien millones al año para un hospital que atiende a una población adscrita que no deja de encogerse.
El nudo del asunto no es la cifra, sino el modelo. Galicia sostiene desde hace décadas una red mixta en la que el concierto de Povisa funciona como una pata más del sistema sanitario vigués, con quirófanos, derivaciones y facturas compartidas con los hospitales públicos del área. Cualquier decisión sobre su continuidad afecta a la vez a la Consellería, al Sergas (el Servizo Galego de Saúde, la estructura que gestiona la sanidad pública gallega) y a la propia ordenación de la asistencia en la comarca.
El BNG pide integrar Povisa en la red pública y acusa al Sergas de opacidad
Las organizaciones vecinales y los sindicatos sanitarios del área comparten el diagnóstico y sitúan su reclamación antes de cualquier renovación: auditar el concierto, conocer sus condiciones económicas y asistenciales y evaluar la incorporación del centro a la red pública. El punto de partida es el mismo que el del BNG, la precariedad laboral y asistencial que atribuyen al hospital.
La exigencia de transparencia es el otro frente. Los nacionalistas preguntan por qué el Sergas no ha hecho público el contrato en vigor desde abril de 2025 y reclaman una auditoría que permita comparar lo pactado con lo ejecutado. A su juicio, renovar el concierto sin datos públicos consolidaría un modelo en el que la sanidad pública del área depende de un operador privado para absorber parte de su actividad quirúrgica.
Desde la Consellería de Sanidade no ha habido, de momento, valoración pública de la propuesta. La Xunta de Galicia (el gobierno autonómico con sede en Santiago de Compostela) ha defendido en otras ocasiones los conciertos con la sanidad privada como una vía para descargar listas de espera y aprovechar capacidad ya instalada. El BNG responde que el argumento se vuelve insostenible cuando el hospital factura por operar a pacientes adscritos a los hospitales públicos del área.
El trasfondo es la sanidad pública viguesa, una de las áreas sanitarias más pobladas de Galicia y una de las que arrastra esperas más largas. Cualquier movimiento sobre Povisa se lee allí como una decisión sobre el conjunto del sistema, no solo sobre un hospital.
El Laboratorio Gallego
El PPdeG gobierna Galicia con mayoría absoluta desde 2009 y ha convertido la continuidad en su principal activo. El asunto de Povisa incomoda porque toca una costura poco visible: en el área de Vigo, la sanidad pública y la privada atienden a la misma población y comparten derivaciones, quirófanos y facturas. El PP reivindica la colaboración público-privada como fórmula para sostener el sistema, y una auditoría que dejara al descubierto las condiciones del concierto sería un problema de relato, no solo de gestión.
La lectura nacional es inevitable. Alberto Núñez Feijóo presidió la Xunta entre 2009 y 2022, años en los que el modelo de conciertos con la privada se mantuvo y creció en Galicia, y hoy defiende desde Madrid una sanidad en la que la colaboración con la empresa privada ocupa un papel central. Lo que ocurra con Povisa no se quedará en Vigo: marcará el tono del debate sobre la sanidad mixta en el conjunto del Estado.
No es casualidad. En el Parlamento de Galicia (la cámara autonómica de 75 deputados) la aritmética no da sorpresas: el PPdeG tiene mayoría absoluta, el BNG ejerce como primera fuerza de la oposición y el PSdeG (la federación gallega del PSOE) queda pendiente de convertir la auditoría en iniciativa parlamentaria. El siguiente hito está en manos de Sanidade, que todavía no ha puesto fecha pública al nuevo contrato. Si se firma sin auditoría previa, el concierto quedará renovado por años y el debate volverá cada vez que el hospital presente resultados o se atasquen las listas de espera.
Ficha del Caso
- El caso: Colectivos vecinales y sindicatos sanitarios de Vigo, con el BNG al frente, piden a la Consellería de Sanidade que audite el concierto con el hospital Povisa antes de firmar un nuevo contrato.
- Datos importantes: El acuerdo en vigor desde abril de 2025 ronda los 100 millones de euros anuales y atiende a unas 100.000 personas del área sanitaria de Vigo. El BNG cifra en un 20% el aumento de recursos públicos desde 2019 y en 30.000 la pérdida de población adscrita. El centro pertenece al grupo francés Vivalto Santé.
- Resumen: La exigencia de auditoría reabre el debate sobre la colaboración público-privada en la sanidad gallega, un modelo que el PP defiende como referencia y que la oposición quiere llevar al Parlamento.
