EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Parlamento andaluz ha aprobado este jueves una proposición que exige al Gobierno reactivar OCON-Sur, la unidad de élite de la Guardia Civil contra el narcotráfico desmantelada en 2020. La Eurocámara ha respaldado, en la misma semana, reconocer como profesión de alto riesgo a los agentes que operan en primera línea.
- ¿Quién está detrás? Juanma Moreno (presidente de la Junta de Andalucía) y el diputado José Ignacio Romaní, con el respaldo de los alcaldes de los municipios costeros afectados y del general Manuel Contreras, promotor de la unidad.
- ¿Qué impacto tiene? La votación fija la posición oficial de Andalucía ante Moncloa y abre la puerta a que la exigencia aterrice en el Congreso a través del Grupo Parlamentario Popular.
Andalucía ha situado el narcotráfico en el centro de su agenda política y ya exige al Gobierno movilizar a la Armada contra las mafias del Estrecho. El Parlamento andaluz aprobó este jueves, con los votos del PP y de Vox y el rechazo de las izquierdas, una proposición que reclama recuperar OCON-Sur, la unidad de élite de la Guardia Civil contra el narcotráfico desmantelada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en 2020. Ese mismo día, la Eurocámara respaldaba en Bruselas reconocer como profesión de alto riesgo a los agentes que operan en primera línea.
La pregunta lleva más de dos años y medio rondando la opinión pública, desde el aldabonazo de Barbate y la muerte de dos guardias civiles. Andalucía, por extensión de costa y posición estratégica, es la comunidad más expuesta: el problema abarca ya de Ayamonte (Huelva) a Pulpí (Almería), en palabras de Juanma Moreno. La memoria de la Fiscalía General del Estado advierte de que los viejos puntos calientes del Estrecho de Gibraltar se han quedado cortos para los narcos, alerta de situaciones límite para los cuerpos y fuerzas de seguridad, y describe una violencia cada vez más visible, con bandas a menudo extranjeras y bien pertrechadas de armamento sofisticado.
Un jueves de votación: qué pide exactamente Andalucía al Gobierno
El vicepresidente primero de la Junta, Antonio Sanz, resume la posición andaluza sin matices: a su juicio, el Gobierno de Sánchez no hace nada a la altura de la gravedad que ha alcanzado el narcotráfico y el Estado incurre en una dejación de funciones. Los datos acompañan. Una primavera con dos agentes muertos en una persecución en Huelva y un verano con tres fallecidos por un tiroteo entre clanes en Isla Cristina han convertido la exigencia andaluza en un asunto de seguridad nacional.
De la mano de Moreno salió el pasado 23 de agosto una carta dirigida a Pedro Sánchez para urgirle a reactivar OCON-Sur, la unidad de élite que el propio Ejecutivo desmanteló en 2020. La misiva cuenta con el respaldo de numerosos alcaldes de municipios costeros y con el del general Manuel Contreras, promotor de aquella unidad, para quien su desactivación supuso un paso atrás. El Gobierno andaluz pide además que la costa andaluza y el cauce del Guadalquivir se declaren Zona de Especial Singularidad, una figura pensada para reforzar las medidas disuasorias en el ámbito de la seguridad.
La propuesta llegó este jueves al Parlamento andaluz y salió adelante con los votos del PP y de Vox frente al rechazo de las izquierdas. El diputado José Ignacio Romaní lo resumió con dureza: ‘El resultado de la política de Sánchez es exhibición de narcolanchas impunes en toda la costa andaluza, narcotraficantes usando Kalashnikov y lanzacohetes contra las fuerzas y cuerpos de seguridad’. Los populares andaluces insisten en que el problema ha dejado de ser puntual para convertirse en estructural.
La Eurocámara y los juzgados: el segundo frente de la ofensiva
Bruselas también ha movido ficha. La Eurocámara aprobó una resolución no vinculante (es decir, sin efectos normativos directos) para que las fuerzas de seguridad que combaten el narcotráfico en primera línea sean reconocidas como profesión de alto riesgo, una demanda que el PP y Vox venían defendiendo en España y que permitiría compensar la exposición de los agentes. La convergencia entre Sevilla, Madrid y Bruselas es total.
Andalucía no pide un gesto: pide que el Estado vuelva a estar donde dejó de estar en 2020, cuando Moncloa desmanteló la unidad que ahora exige reconstruir.
El tercer frente está en los tribunales. La fiscal jefe Antidroga, Rosa Ana Morán, ha reclamado esta misma semana la creación de juzgados especializados para responder a un fenómeno que considera estructural, igual que en su día se hizo con la violencia de género. En una entrevista en Canal Sur, Morán apeló a la reacción social: la sociedad andaluza, dijo, tiene que reaccionar como ocurrió en Galicia.
El Eje del Poder Popular
El movimiento andaluz encaja en la estrategia que Génova viene desplegando en los territorios: convertir la gestión de los presidentes autonómicos en el argumento central de la alternativa popular. Moreno ha logrado algo poco frecuente. La reivindicación de OCON-Sur ya no se lee como una queja territorial, sino como una propuesta de Estado, respaldada por alcaldes y por los mandos que conocen el terreno. El precedente gallego que cita la fiscal antidroga refuerza ese marco: cuando la presión institucional y social se sostiene en el tiempo, los clanes pierden el blindaje del que hoy hacen gala en el Estrecho.
En paralelo, el PP andaluz traslada el pulso a Madrid. La resolución de la Eurocámara y la mayoría absoluta del PP en el Senado abren la puerta a que la exigencia aterrice en el Congreso mediante una PNL del GPP. El silencio de Moncloa desde el 23 de agosto es, por ahora, la única respuesta oficial a la carta de Moreno. ¿Cuánto tiempo más puede sostener el Gobierno que en la costa andaluza no ocurre nada? Génova sostiene que cada semana sin OCON-Sur es una semana de ventaja para las mafias.
El reloj corre. La próxima ventana llegará cuando Moncloa responda a la carta andaluza o cuando el asunto salte al Congreso. Ninguna tiene fecha todavía.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: Andalucía no protesta, propone. Frente al silencio de Moncloa, el PP ofrece una respuesta de Estado contra el narcotráfico en el Estrecho.
- Protagonista: Juanma Moreno (presidente de la Junta de Andalucía).
- Próximo hito: Respuesta de Moncloa a la carta del 23 de agosto y eventual traslado de la exigencia al Congreso mediante una PNL del GPP.
