El 20 de enero de 1969, el régimen de Franco echó el cerrojo informativo más hermético de su historia reciente. Utilizando por primera vez la recién estrenada Ley de Secretos Oficiales, el Consejo de Ministros declaró «materia reservada» todo lo relacionado con Guinea Ecuatorial. A partir de esa mañana, ningún periódico, emisora de radio o revista en España podía escribir ni una sola palabra sobre lo que ocurría en la antigua colonia sin arriesgarse a multas monumentales o al secuestro inmediato de la edición.
La orden no buscaba frenar a espías extranjeros ni proteger planes militares secretos, sino tapar un auténtico fiasco político y económico. España le había dado la independencia a Guinea Ecuatorial solo tres meses antes, en octubre de 1968, vendiendo el traspaso como un modelo de fraternidad y éxito diplomático. Sin embargo, la realidad sobre el terreno se torció en cuestión de semanas y la censura franquista decidió borrar el país del mapa informativo durante casi ocho años. Para la gente de a pie en la península, Guinea sencillamente dejó de existir en las noticias.
Detrás de este silencio total había una guerra abierta entre dos pesos pesados de la dictadura. Por un lado estaba el ministro de Asuntos Exteriores, Fernando María Castiella, que tenía prisa por soltar el territorio africano para quedar bien ante la ONU y conseguir apoyos internacionales para recuperar Gibraltar. En la otra esquina se situaba el almirante Luis Carrero Blanco, mano derecha de Franco y muy cercano a los grandes empresarios y terratenientes que se estaban haciendo de oro en África con las enormes plantaciones de cacao, café y madera noble.
El candidato que Exteriores impulsó para presidir el nuevo país, un burócrata local llamado Francisco Macías, resultó ser totalmente incontrolable. Nada más pisar el poder, Macías desató un discurso furibundo contra los españoles, acusándolos de colonialistas y conspiradores. El choque subió de tono hasta que en marzo de 1969 más de siete mil españoles tuvieron que salir huyendo con lo puesto en barcos de la Armada y aviones militares. Mientras miles de familias lo perdían absolutamente todo y desembarcaban desamparadas en Cádiz o Canarias, la prensa de la época no pudo publicar ni una sola línea sobre la evacuación.
Pagar las facturas al régimen que expulsaba a los tuyos
El auténtico bochorno que el régimen necesitaba ocultar bajo llave era de tipo económico. Aunque los diplomáticos y los ciudadanos españoles habían salido del territorio entre amenazas, el grifo del dinero público nunca se cerró. Para no admitir el fracaso y evitar que la Unión Soviética metiera las narices en la zona, el Estado español siguió enviando remesas millonarias de dinero a través del Banco Exterior de España para pagar las nóminas y sostener las cuentas del nuevo Gobierno de Macías.
Los servicios secretos españoles empezaron a avisar en informes confidenciales de que aquello era un absoluto despropósito. Los agentes comprobaron que los millones de pesetas enviados desde Madrid servían directamente para pagar a la guardia personal de Macías y armar a las milicias que perseguían a los pocos españoles que se quedaron. Médicos, misioneros y encargados de fincas sufrieron detenciones y chantajes mientras en los despachos oficiales de Madrid se autorizaban rescates en metálico pagados con fondos reservados para poder repatriar a compatriotas en secreto.
A los retornados que lograban pisar suelo español la policía les leía la cartilla de inmediato para que guardaran silencio absoluto si no querían meterse en líos judiciales. En las Cortes de la época estaba vetado formular cualquier pregunta sobre el tema, y mientras tanto, el Ministerio de Hacienda empezaba a tramitar indemnizaciones discretas con dinero público para compensar a los grandes hacendados afines al régimen que habían visto expropiadas sus tierras y aserraderos en la selva guineana.
Del apagón informativo al gran botín bajo el agua
El telón de silencio aguantó hasta octubre de 1976, casi un año después de la muerte de Franco, cuando el Gobierno de Adolfo Suárez levantó por fin la categoría de materia reservada. Para entonces el desastre ya era mayúsculo y no había marcha atrás. La dictadura de Macías había arruinado a su propia población y liquidado cualquier lazo de confianza con España. Tres años después, en 1979, su sobrino Teodoro Obiang le dio un golpe de Estado y tomó el mando, abriendo una nueva etapa donde Madrid intentó recuperar terreno perdido a base de nuevos créditos y acuerdos de ayuda.
La gran sorpresa llegó en la década de los noventa, cuando las prospecciones en el mar descubrieron una de las mayores bolsas de petróleo y gas de toda África occidental. Con la llegada del crudo, las multinacionales extranjeras tomaron las costas y los viejos negocios del cacao y la madera pasaron a ser una anécdota del pasado. La diplomacia española tuvo que reinventar a marchas forzadas su relación con la antigua colonia para no quedarse fuera del reparto energético, demostrando que aquel pacto de silencio sellado en 1969 terminó enterrando para siempre el último y más incómodo capítulo del pasado colonial español.
