La plantilla de Avis Budget Group en Barcelona inicia una huelga indefinida contra un ERE que afecta a 132 empleos, casi un tercio del total de la compañía en España. La concentración arrancó este sábado en la sede del World Trade Center, en el Port Vell, y los sindicatos avisan de que el conflicto se prolongará mientras la dirección no retire el expediente. La CGT, mayoritaria en el comité, denuncia que detrás del recorte hay una deslocalización del call center hacia Bulgaria y Filipinas, pese a que la filial española no presenta pérdidas.
Un ERE del 30% en una filial sin números rojos
El expediente afecta a 132 personas sobre una plantilla cercana a las 440, según los datos manejados por la representación sindical. Es decir, aproximadamente el 30% del empleo total de Avis en España desaparece de un plumazo. La concentración del centro neurálgico se produce en el World Trade Center barcelonés, donde la multinacional del alquiler de vehículos tiene su sede ibérica y donde se ubica el grueso del personal administrativo y de atención telefónica.
La CGT, que lidera la movilización, sostiene que la compañía no atraviesa dificultades económicas que justifiquen un recorte de esta magnitud. Según el sindicato, la filial española cerró el último ejercicio con beneficios y la decisión responde a una estrategia corporativa global del grupo, no a una emergencia financiera local. La diferencia es importante: un ERE por causas económicas se rige por unos parámetros legales; uno organizativo o productivo, por otros bien distintos.
El argumento sindical apunta directamente a la deslocalización: el servicio de atención al cliente se trasladaría progresivamente a centros operativos en Bulgaria y Filipinas, dos destinos clásicos de la externalización del contact center europeo por su combinación de costes laborales bajos y disponibilidad horaria amplia. La compañía no ha desmentido públicamente este extremo.
Por qué el caso Avis trasciende a Avis
Lo que observamos en esta redacción es un patrón que se repite con incomodidad creciente en Cataluña. Multinacionales con sede operativa en Barcelona deciden, desde matrices fuera de España, vaciar funciones administrativas y de atención al cliente que durante años fueron pilar del empleo cualificado en el área metropolitana. Hace apenas unos meses, el cierre del centro de HP en Sant Cugat siguió un guion parecido: rentabilidad razonable, decisión global, plantilla local descolocada.
El World Trade Center, donde se concentra ahora la protesta, simboliza esa contradicción. Es uno de los enclaves corporativos más visibles del Port Vell, sede de filiales internacionales que llegaron a Barcelona atraídas por el ecosistema de servicios, talento multilingüe y conexión aeroportuaria. Cuando una de esas empresas decide que el catalán, el español, el francés y el portugués pueden gestionarse desde Sofía o Manila a un tercio del coste, el ecosistema entero acusa el golpe.
Avis no cierra porque pierda dinero en Barcelona: cierra porque ganar menos en Bulgaria sigue saliendo más barato que mantener empleo cualificado en el Port Vell.
El Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat ha sido informado del expediente y la negociación entre comité y dirección debe abrirse en las próximas semanas según los plazos legales del procedimiento. La CGT pedirá la mediación del Tribunal Laboral de Catalunya si la empresa no se mueve. El periodo de consultas será determinante para fijar indemnizaciones, recolocaciones y, sobre todo, para verificar si la deslocalización es real o si la compañía acepta reducir el alcance del recorte.
Lo que está en juego: empleo cualificado y un debate europeo pendiente
El conflicto de Avis encaja en una conversación más amplia que en Bruselas lleva años aplazándose: cómo regular las deslocalizaciones intracomunitarias y extracomunitarias de servicios cuando la empresa matriz no tiene pérdidas. La normativa española, articulada en el Estatuto de los Trabajadores y en la regulación específica de los despidos colectivos, exige justificación de causas pero no impide que un grupo internacional reorganice su huella geográfica si presenta argumentos organizativos sólidos.
Ahí está el matiz. La pregunta no es si Avis puede legalmente hacer el ERE, sino si las administraciones —Generalitat y Gobierno central— tienen herramientas reales para frenar una deslocalización que se justifica con eficiencia y no con supervivencia. La Generalitat ha tenido un papel limitado en casos similares, más mediador que regulador, y el Ministerio de Trabajo lleva meses anunciando una revisión de los mecanismos de control sobre los ERE en multinacionales sin que se haya concretado.
Mientras tanto, los 132 trabajadores de Avis en Barcelona han optado por la única palanca de presión que les queda: parar la actividad indefinidamente y forzar a la dirección a sentarse en serio. La huelga continuará hasta que haya movimiento real en la mesa de negociación. El próximo hito será la primera reunión formal del periodo de consultas, prevista para esta misma semana.
Por ahora, nada.
