Didier Reynders, el comisario de Justicia europeo se reunió por segunda vez con Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y Esteban González Pons, vicesecretario de Acción Institucional del PP. Su objetivo era mediar para tratar de desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que dura ya más de cinco años. Pero tras este segundo encuentro las espadas siguen en alto y se han vuelto a emplazar para el próximo mes de marzo.
González Pons ha reconocido que la negociación va muy lenta. Por lo explicado, nadie se ha movido ni un ápice de su posición. El PP sigue queriendo que la renovación del CGPJ sea simultánea a la reforma del modelo de elección, y el PSOE insiste en que primero se haga la renovación, que lleva pendiente más de cinco años, y luego se negocie con tranquilidad la reforma del modelo.
Todas las partes se han emplazado para el mes de marzo, y si el comisario Reynders deja el cargo para presentarse para ocupar la presidencia del Consejo de Europa, González Pons ha dicho que no supondría ningún problema porque la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, nombraría otro comisario que continuaría con su labor de mediación en el conflicto que mantienen PP y PSOE. De momento, siguen trabajando y para González Pons «no es una cuestión de plazo» pese a que Reynders les había comentado que la solución tendría que estar antes de finales del próximo mes de marzo: «Hay que ir lento y hacer las cosas bien», ha recalcado el representante del PP, quien además ha agregado que si no viera ninguna posibilidad de acuerdo «no seguiríamos negociando».
Sea como sea, PP y PSOE han agotado ya la mitad del calendario previsto por el comisario, quien previsiblemente dejará el cargo en esas fechas si prospera su candidatura para ocupar la jefatura del Consejo de Europa, órgano ajeno a la UE.
«Avanzamos muy lentamente, demasiado lentamente, y el problema principal creemos que no está resuelto: Creemos que el CGPJ debe renovarse al mismo tiempo que buscamos un nuevo modelo que garantice la independencia de nuestros tribunales, la división de poderes y el Estado de derecho en España», continuó detallando González Pons a su salida de la sede de la Comisión Europea, tras algo más de una hora de encuentro.
Pero Reynders se ajusta a las recomendaciones que Bruselas incluye desde hace dos años en su informe anual sobre el Estado de derecho en los países de la UE y que, en el caso de España, reclama «proceder con carácter prioritario» a la renovación del CGPJ «e iniciar, inmediatamente después, el proceso para la reforma». En este capítulo no se incluyen otras cuestiones jurídicas sobre las que también han surgido problemas, como la futura ley de amnistía.
Desde el PSOE se urge a cerrar cuanto antes la renovación. Un argumento sustentado en los más de cinco años que lleva de retraso y las 85 vacantes de la judicatura que están sin cubrir. A partir de esa renovación, se muestra dispuesto a negociar cualquier reforma que se plantee o incluir otras cuestiones sobre las que el PP ha mostrado especial interés como la directiva sobre terrorismo.
Reynders prefiere ver el vaso lleno y pone en valor que tanto PP como PSOE se hayan comprometido a colaborar para garantizar la aplicación de la recomendación de la Comisión Europea. En la segunda reunión de este 19 de febrero, también sin acuerdo, se ha procedido a realizar un balance sobre los posibles avances.
Tal vez se haya tenido en cuenta que el líder del PP, Alberto Núez Feijóo, se haya mostrado convencido la semana pasada a que va a haber acuerdo, aunque volvió a condicionar la renovación a la reforma, «o no habrá acuerdo». Y concluyó con un tajante «no le vamos a hacer perder el tiempo al señor Reynders». Paradógicamente, fue Feijóo quien le pidió a Sánchez la mediación de Bruselas.
Con 85 vacantes sin cubrir ya en la judicatura española, el PP parece empeñado en que se procede como propone, es decir, que sean los jueces los que se encarguen de elegir a los jueces para sus órganos de gobierno, o no habrá acuerdo.
OTRO OBSTÁCULO PARA AVANZAR EN LA NEGOCIACIÓN ES LA LISTA DE CANDIDATOS CERRADA EN 2018 QUE NO SE PUEDE VARIAR
El resultado de las conversaciones entre los dos grandes partidos con el comisario europeo Didier Reynders, se ve, sin embargo, condicionado por una lista de candidatos para los doce puestos judiciales, elaborada hace más de cinco años y que muchos sectores jurídicos han comenzado a poner en cuestión su vigencia.
El problema es que tampoco hay muchos más candidatos que pueda presentar el Consejo General del Poder Judicial, si antes no se produce la reforma del método de selección, dado que ya presentó su lista en 2018, y no lo puede hacer dos veces, si no se modifica la norma.
Junto a este problema se suma que algunos de los que en 2018 formaron parte de la lista ya no están interesados y otros muchos que no están en la lista, ahora se postulan para ser incluidos. En los más de cinco años transcurridos hay nuevos jueces, surgidos de las nuevas promociones, que quedan excluidos de formar parte de esa lista cerrada, aunque estén interesados.
ALGUNOS DE LOS JUECES DE LA LISTA DE 2018 YA ESTÁN JUBILADOS O NO LOS INTERESA
Pero además habría que tener en cuenta que algunos de esa lista o se han jubilado o han fallecido o, simplemente, ya no les interesa, como el magistrado del Tribunal Supremo José María del Riego, del sector progresista, que ha hecho pública su renuncia. O Victoria Rosell, propuesta por Jueces y Juezas para la Democracia, ahora delegada del Gobierno para la Violencia de Género, que pese a su calvario judicial, desde hace unas semanas ha vuelto a mostrar su interés por formar parte de esa lista. Su cambio de opinión se encuentra ahora en la Mesa del Senado para que los grupos parlamentarios decidan qué hacer.
Otra cosa muy distinta son los vocales propuestos por los partidos políticos bajo el epígrafe «juristas de reconocido prestigio», ya que los que pudieron ser propuestos en 2018 no tienen por qué ser los mismos que los que se propongan ahora.
Las mayores reticencias proceden del lado conservador del CGPJ, que ya en marzo de 2022 reconocieron que el cambio de los nombres de la lista ya no depende del propio órgano judicial sino del Congreso y el Senado, que son los que podrían anular la lista y solicitar que se elabore una nueva, lo que significa reformar la ley orgánica que regula el modelo de elección de los miembros de este órgano.
Esta sería la razón por la que el PP insiste en que primero tenga lugar la reforma del modelo de elección en aras de la independencia del órgano para poder hacer futuros nombramientos del CGPJ. La renovación en sí misma, tras las exigencias de Bruselas, se da por hecha. Pero lo que quieren es dejar sentadas las bases con el cambio de la ley de elección.
EL MANDATO DE LOS MIEMBROS DEL CGPJ FINALIZÓ EL 4 DE DICIEMBRE DE 2018
Cabe recordar que Carlos Lesmes, presidente del CGPJ, inició el procedimiento de renovación del órgano en agosto de 2018 enviando una carta al Senado y Congreso en la que comunicaba que el mandato de los miembros del órgano judicial finalizaría el 4 de diciembre de ese ejercicio. Con ello, se puso en marcha el procedimiento. Las asociaciones judiciales abrieron el plazo para que los candidatos se postularan, a los que se sumaron los independientes que presentaron los avales necesarios.
Tras ese proceso, Lesmes envió una lista con 50 candidatos para 12 puestos del CGPJ el 27 de septiembre de ese mismo año. Los otros ocho restantes los tenían que elegir las Cortes entre juristas de reconocido prestigio.
Desde entonces, han pasado más de cinco años y jueces, juristas y profesores de derecho comienzan a mostrar sus dudas sobre la legitimidad de la lista, declarando su nulidad por vulnerar derechos fundamentales de los jueces que han salido en las últimas promociones, mientras advierten a los partidos políticos de una declaración de inconstitucionalidad ante el actual proceso de renovación.
