Los agentes de la UCO de Guardia Civil solicitaron al Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, los datos sobre el contrato que habían adjudicado a Soluciones de Gestión en el marco de la investigación sobre corrupción del Caso Koldo, pero se encontraron con obstáculos impensables cuando alguien pide ayuda a su jefe de quien espera colaboración.
Por ejemplo, con que «algunos de los archivos aportados no han podido ser analizados por resultar un formato ilegible» y lo que es peor, concluyeron que «entre la documentación aportada por el señor Belmar Prieto y que ahora es objeto de análisis, no se ha localizado ningún documento que haga referencia a los motivos por los que el Ministerio del Interior decidió contratar a Soluciones de Gestión y Apoyo (Aldama), ni tampoco ningún documento que haga referencia a las referidas comunicaciones con el ministerio de Fomento o cualquier reunión en la que se decidieran las empresas proveedoras de material sanitario».
EMPIEZA UNA GYMKANA PARA SORTEAR A MARLASKA
Los agentes recibieron el 26 de abril de 2022 para su diligencia y cumplimentación desde la Fiscalía Anticorrupción «un oficio en el que se solicitaba a la Subdirección General de Gestión Económica del Ministerio del Interior, controlado por Marlaska, la aportación de la documentación relacionada con los contratos suscritos con Soluciones de Apoyo y Gestión a Empresas en referencia al suministro de material de protección para hacer frente a la emergencia causada por el Covid-19».
A partir de ahí comenzó un sorteo de obstáculos en el que algún agente llegó a pensar que «era más fácil detener a un comando de ETA que lograr la documentación requerida a Interior a la primera».
El 26 de mayo de 2022 se dio cumplimiento a dicho mandato judicial, dándose la circunstancia que el Subdirector General de Gestión Económica comunicó que era la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras para la Seguridad del mismo ministerio, quien les proporcionaba, sin margen de maniobra, la empresa con quien debía contratar». Es decir, no eran ellos a pesar de que el contrato lo habían adjudicado ellos quienes habían decidido. Así que los agentes de la UCO el 27 de mayo pidieron de nuevo esos datos, esta vez a ese negociado en concreto.
Al mismo tiempo, los agentes requirieron a la Dirección General de Coordinación y Estudios el contrato de referencia, el 20V019, «manifestando el propio director que en su Dirección General no se posee documentación alguna en referencia a ese expediente». Es decir, que ellos tampoco tenían documentos de la formalización de ese contrato por parte del Ministerio de Marlaska y Soluciones de Gestión.
«ALGUNOS DE LOS ARCHIVOS APORTADOS NO HAN PODIDO SER ANALIZADOS POR RESULTAR UN FORMATO ILEGIBLE»
Ante la dificultad para acceder a cualquier documento que reflejase la existencia de esa adjudicación los agentes de la UCO tuvieron que acudir la página web de Contratación del Estado, una web abierta en la que cualquier ciudadano puede encontrar datos sobre los contratos del Estado. Allí encontraron la adjudicación por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad de 3.479.355 euros.
Finalmente la Subdirección General de Gestión Económica de Interior aportó finalmente a los investigadores «en formato digital una carpeta denominada «20V019«» y dentro de esa carpeta es cuando los investigadores encontraron otro nuevo obstáculo a sortear y es que «algunos de los archivos aportados no han podido ser analizados por resultar un formato ilegible».
UN ‘EXPEDIENTE X’ CON MARLASKA EN INTERIOR
Además, para rizar el rizo de la paciencia cuando los agentes de la UCO examinaron la documentación justificativa relacionada con la adjudicación concluyeron que «se han localizado diversos documentos, si bien, ninguno que haga mención al suministro de material por parte de la empresa adjudicataria ni a los contactos con la misma para el perfeccionamiento del contrato, sino relacionados principalmente con las autorizaciones administrativas de gasto para la ejecución del contrato». Es decir, nada que les sirviera para acreditar que Soluciones de Gestión había participado en aquello. Era como un ‘expediente X‘, de ciencia ficción que jamás hubiese existido.
La documentación que pudieron examinar los guardias fue un documento datado el 31 de marzo de 2020 donde el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, dicta una resolución mediante la que decreta la «emergencia para la contratación de suministros de protección con motivo de la crisis del coronavirus». En ese mismo documento se refleja que el gasto acordado por el Ministerio de Marlaska no podía superar los 4,4 millones de euros.
El segundo de los documentos examinados, fechado el 31 de marzo de 2020, recogía que un subdirector del ministerio desglosaba el precio de diversos productos sanitarios, cuya suma total ascendía a 4 millones de euros. El tercer documento aportado por Interior a los investigadores de la UCO lleva fecha de 1 de abril de 2020 y «certifica la existencia de crédito disponible para la ejecución del gasto».
El cuarto de los escritos examinados es apenas «un borrador sin firma ni digital ni física en la que se eleva al Consejo de Ministros la propuesta para la toma de razón de la declaración de emergencia para la contratación de suministro de materiales de protección frente al Covid», según el sumario del Caso Koldo. Sin embargo, en relación con ese escrito sí existe un oficio de fecha 13 de abril de 2020, firmado electrónicamente por el subdirector Fraile Azpeitia que remite la documentación para que sea sometida al Consejo de Ministros.
el secretario de Estado de Seguridad Rafael Pérez Ruiz resuelve ampliar la resolución de emergencia, pasando de los 4 millones de euros a 5.040.000 euros, justificando tal decisión en las nuevas necesidades de adquisición y a los precios fluctuantes del mercado
En la misma fecha existe otro documento mediante el que «el secretario de Estado de Seguridad Rafael Pérez Ruiz resuelve ampliar la resolución de emergencia, pasando de los 4 millones de euros a 5.040.000 euros, justificando tal decisión en las nuevas necesidades de adquisición y a los precios fluctuantes del mercado».
Ni rastro del contrato firmado con Soluciones de Gestión, la empresa en el centro de toda la trama.
Tan extraño resultaba esta circunstancia para los agentes de la UCO que pusieron por escrito que «hay que poner de relieve que resulta cuando menos extraño que siendo la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial la entidad adjudicadora del contrato (así se refleja en la propia web de contratación del sector público) éstos o bien carecen o no hayan aportado al Requerimiento Judicial ningún tipo de información referente al suministro por parte de la empresa adjudicataria, contactos con los mismos, actas de recepción de material o cualquier otro tipo de documento necesario para justificar y demostrar cualquier tipo de contratación, máxime cuando se trata de contratación pública». Una licitación en la que el ministerio desembolsó 3.479.355 euros.
PRIMERO SÍ Y LUEGO NO
Con bastante asombro por la falta de documentación de quien licitaba los contratos, los agentes decidieron trasladarse «a la calle Pío XII de Madrid, donde se localiza la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras para la Seguridad del Ministerio del Interior, en dicho lugar se entrevistaron con el responsable del negociado, Daniel Belmar Prieto, quien en primera instancia afirmó poseer documentación relacionada con el expediente 20V019 y estar dispuesto a entregarla, si bien, posteriormente rectificó afirmando que lo haría cuando el requerimiento judicial fuese dirigido directamente a su Subdirección». Así es la burocracia y el formalismo ajustado a Derecho.
Al menos, fue Belmar Prieto quien «participó verbalmente a los agentes actuantes que las empresas que resultaron adjudicatarias de los referidos contratos de emergencia surgieron de una reunión interministerial en la que el Ministerio de Fomento y Transportes puso sobre la mesa un abanico de sociedades que les habían provisto a ellos de material sanitario». Así que el 2 de junio de 2022 se realizó un requerimiento formal a esta Subdirección del Ministerio del Interior y por fin la UCO pudo acceder, esta vez sí, a la totalidad de la documentación sobre la contratación y a acreditar la implicación de Soluciones de Gestión. Entre esa documentación no se explica documentalmente por qué Marlaska se decidió por esta empresa y no por otra.
El contrato de adjudicación del Ministerio de Marlaska llevaba fecha de 20 de abril de 2020 y, sin embargo, «tampoco se entiende por qué en el documento firmado entra ambas partes (Interior y Soluciones de Gestión) figura la fecha 1 de abril de 2020 como fecha de inicio de plazo de seis meses de duración». Otro misterio más.
El documento que contiene el acta de entrega de las mascarillas también llamó la atención de la UCO, porque «consta de dos páginas, cada una de ellas hace relación a hechos de fechas distintas, ya que en la primera, de fecha 12 de mayo de 2020 se declara la entrega de 1.772 cajas (1.203.025 mascarillas) y en la segunda, con fecha de 27 de mayo se declara la entrega de 86 cajas (85.625 mascarillas), más mascarillas que las previamente contratadas», explican los agentes en su informe. Pero como nadie iba a protestar por recibir más por menos pues este hecho también pasó desapercibido.
Este documento de recepción de las mascarillas también presenta algún error. «En dicho documento se certifica que se han suministrado 1.288.650 mascarillas y que con fecha 29 de mayo de 2020 se recibe escrito comunicando que nadie de la IGAE (Interior) acudiría al acto de la recepción, por lo que el precitado acto de recepción hubo de ser con posterioridad al 29 de mayo (es decir fuera del plazo que marca el artículo 120.1.c de la LCSP)».
LA LLAMADA DE ATENCIÓN, LA FECHA Y RECEPCIÓN DE MASCARILLAS
Pero lo que llamó la atención de la UCO fue que este documento de recepción «refleja como fecha de redacción del mismo el 6 de mayo de 2020, esto es, previo a la fecha de recepción de las mascarillas, por lo que pudiera tratarse de una errata o de un documento preconstruido a fecha de recepción de las mascarillas».
En referencia a los medios de pago, los agentes sólo localizaron «una factura comercial con número 20.039 fechada el 28 de abril de 2020 (un día después de la firma del contrato) y firmada digitalmente por José Ángel Escorial, en la que se refleja que el importe total de las mascarillas es 3.479.355 euros, el precio unitario de las mismas es 2,70 euros (en el contrato firmado se fijaba el precio unitario de las mascarillas en 3,27 euros) y que la forma de pago era mediante transferencia a una cuenta bancaria contra emisión de factura».
Soluciones de Gestión cobró el contrato el 5 de junio de 2020. Aquí fue todo bien y el dinero de Interior sorteó cualquier obstáculo burocrático para llegar a Soluciones de Gestión de Aldama de manera correcta.
Por todo esto, al final de su informe los agentes de la UCO reflejaron que «es necesario dejar constancia que entre la documentación aportada por el señor Belmar Prieto y que ahora es objeto de análisis, no se ha localizado ningún documento que haga referencia a los motivos por los que el Ministerio del Interior decidió contratar a Soluciones de Gestión y Apoyo, ni tampoco ningún documento que haga referencia a las referidas comunicaciones con el ministerio de Fomento o cualquier reunión en la que se decidieran las empresas proveedoras de material sanitario». Es decir, que hay que fiarse de la palabra de Marlaska.
