El ‘caso Mascarillas‘ salta a primera plana tres años después de que el Tribunal Supremo tumbara la primera denuncia. Todo el supuesto entramado se centra en dos nombres propios: Juan Carlos Cueto y Koldo García Izaguirre, que se embolsaron conjuntamente la friolera de 9,6 y 5,5 millones de euros, respectivamente.
La querella de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada apunta a delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias contra Koldo, su hermano Joseba; la pareja del primero, Patricia Úriz; el empresario Cueto, el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, presentado como cónsul honorario de España en Oaxaca (México) en una visita oficial del entonces ministro de Transportes y diputado, José Luis Ábalos; y los empresarios Íñigo Rotaeche Lachiondo y José Luis Rodríguez García.
Todos ellos participaron supuestamente en la trama que se adjudicó hasta trece contratos con la Administración para conseguir mascarillas FFP2, en lo más duro de la pandemia y a través de la empresa Soluciones de gestión y apoyo a las empresas SL. Todos ellos fueron con diversas Admnistraciones Públicas, así como con empresas públicas, como Adif y Puertos del Estado, para llevarse bruto 53,13 millones de euros, según la documentación judicial a la que ha tenido acceso MONCLOA. Cinco exaltos cargos del Gobierno del PSOE de Pedro Sánchez están investigados, mientras que nueve de esos trece contratos son presuntamente irregulares.
PUERTOS Y ADIF ENTREGARON 32,5 M€ A LA SUPUESTA TRAMA DE KOLDO
El expediente E/019/20, adjudicado por Puertos del Estado para el suministro de mascarillas profiláctica el 21 de marzo de 2020, alcanzó los 20 millones de euros, IVA incluido. Era la primera mordida de la supuesta trama al erario público. Apenas seis días después, el 27 de marzo, llegaba otra adjudicación, también de una empresa dependiente del Ministerio de Transportes, dirigido entonces por Ábalos. Por el mismo concepto se le adjudicaron 12,5 millones, también con el IVA. Casi un mes más tarde, el 20 de abril, la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial otorgaba por valor de 3,479355 millones en mascarillas para el personal de la Secretaria de Estado.
Todo ello, sin que la empresa adjudicataria tuviera relación directa con el objeto de los contratos, tampoco se comprobó, supuestamente, la solvencia de la misma, y su cifra de negocio era de cero euros en 2019. Es decir, no ingresó un euro antes del estallido de la Covid-19. Un año después afloró 53,13 millones de euros. Todas estas adjudicaciones de la vergüenza se realizaron por la vía de urgencia, a través de la ley aprobada tres años antes de la irrupción del temido virus.
CONTRATOS DE TORRES Y ARMENGOL, BAJO SOSPECHA
No fueron los únicos contratos bajo sospecha y que ponen en el foco a Ábalos, y a los actuales ministros Marlaska y Torres, así como a la tercera autoridad del Estado, Francina Armengol.
Y es que, el Gobierno de Canarias, presidido durante la pandemia por el ahora ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, adjudicó 2,095018 millones por un total de 1,392 millones de cubrebocas FFP2, tal y como se refleja en la plataforma de contratación.
DINERO DE LOS FONDOS EUROPEOS EN EL ‘CASO MASCARILLAS’
Asimismo, también se investiga el concurso público que aparece en la imagen, con una adjudicación de 447.061,74 euros por el servicio de transporte, fletes aéreos y seguros de transporte delas mascarillas. La Consejería de Sanidad otorgó otros 4,7755 millones de euros para otra remesa de mascarillas, y otros cinco millones de euros para el suministro de dos millones de cubrebocas.
La Consejería de Sanidad otorgó otros 4,7755 millones de euros para otra remesa de mascarillas
En el caso del Gobierno de Armengol, la Consejería de Salud y Consumo de Baleares entregó 3,7015 millones de euros para el suministro de mascarillas. En todos los casos se utilizaron fondos europeos para abonar dichos contratos.
No fueron las únicas adjudicaciones. Ingesa, a través de un acuerdo marco de 2.578,7 millones de euros, otorgó la entrada de la UTE formada con Ferrovial de Servicios SAU y Soluciones de Gestión, pero no realizó ningún movimiento tras ofertar 1,13 euros por mascarilla, según recoge el acuerdo. Este concurso fue firmado por Alfonso María Jiménez Palacios, entonces director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
JIMÉNEZ PALACIOS Y SU SEÑALAMIENTO A SALVADOR ILLA, LÍDER DEL PSC
Jiménez Palacios era entonces uno de los altos cargos del Gobierno y fue imputado por las presuntas irregularidades en la adjudicación de los contratos de urgencia durante la pandemia. En su declaración ante la juez Concepción Jérez dejó una frase para el recuerdo: «Fue orden comunicada del ministro –Salvador Illa, líder del PSC en Cataluña- para adquirir de emergencia todo el material». Por aquel entonces el Gobierno buscaba centralizar todas las compras para que saliera más económico el gasto en un momento en el que las mascarillas escaseaban y se vendían al mejor postor. De hecho, durante su declaración afirmó que la gestión financiera de las compras era «sin lugar a dudas» una competencia exclusiva del Ministerio de Sanidad.
Patricia Lacruz, exdirectora general de Cartera Común del Servicio del Sistema de Salud y Farmacia, aseguró ante la juez que informó de las compras a Salvador Illa, entonces ministro de Sanidad, de «forma sistemática». Illa podría enfrentarse ante la Justicia por una partida de mascarillas defectuosas.
UNA EMPRESA INACTIVA Y ENGORDADA CON DINERO PÚBLICO
La empresa Soluciones de Gestión y apoyo a empresas SL se constituyó en 2017. Dos años después se declaró inactiva y en 2020 llegó a abrir las supuestas puertas de la corrupción con la llegada del Covid-19. A partir de 2021, los ingresos de la empresa se hundieron a tan solo 845.670,14 euros, justo el año en el que Ábalos y Koldo abandonan el Gobierno.
La sociedad ha pasado por las manos de Íñigo Rotaeche y Luisa Presa, los últimos dueños antes del estallido del ‘caso Mascarillas’ o ‘caso Koldo’. Estuvo administrada por José Ángel Escorial, aunque era el Grupo Cueto quien ejercía el control. Una vez obtenidos los contratos, Víctor de Aldama obtuvo la friolera del 13% de estos fondos públicos.
Tanto Koldo como su hermano Joseba han estado al calor de la Administración Pública. El primero casi desde la llegada de Ábalos a Transportes, llegando a escalar al consejo de administración de Renfe.
KOLDO Y ÁBALOS, UÑA Y CARNE
Todo un logro para un portero de un club de alterne, pero con muy buenos contactos. Según las fuentes consultadas, ambos eran «uña y carne», por más que el diputado del PSOE manifieste su sorpresa por la detención. Y es que, se paseaba y mandaba como el que más, al tiempo que realizaba las llamadas de rigor en nombre del exministro.
Todo queda en familia en este caso. Por un lado, Joseba García Izaguirre fue contratado por organismos dependientes de Transportes desde 2019, como INECO y EMFESA, dos empresas públicas, la segunda dirigida por Vicente Calzado Tellez. El mismo hermano habría comprado un vehículo a la sociedad de Víctor de Aldama, que a su vez los adquirió a terceros relacionados con Koldo. El ‘caso Mascarillas’ está en manos del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.
