La Sala Segunda del Tribunal Supremo encara el curso con la plantilla en movimiento. La jubilación forzosa de jueces y magistrados está fijada a los 70 años, y la prórroga hasta los 72 exige que la solicite el propio interesado, no la Administración. De ahí que el margen del Gobierno para decidir quién permanece en la toga sea estrecho, aunque no irrelevante: a veces basta con dejar correr el calendario. Cuatro magistrados han centrado el debate y tres de ellos ya han dejado el cargo.
El criterio de esta lista es separar lo acreditado de lo que solo es hipótesis. Primero, quién es cada magistrado y qué día exacto deja la toga; después, qué permite el artículo 386 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y qué no; a continuación, los destinos con los que se puede maquillar una salida —comisiones de servicio, vuelta a la carrera fiscal, organismos internacionales—, las resoluciones que han tensado la relación con el Ejecutivo y, por último, la aritmética de una sala dimensionada en 15 plazas.
1Los cuatro nombres: quién es quién, qué edad tiene y qué día exacto deja la toga
Los cuatro nombres con fecha marcada son Andrés Palomo del Arco, Ángel Luis Hurtado Adrián, Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre y Andrés Martínez Arrieta: los tres primeros ya han dejado la toga y el cuarto, actual presidente de la Sala Segunda, la mantiene hasta la primavera. Palomo del Arco, del turno general, cumplió los 72 años —el máximo legal si no media prórroga expresa— el 17 de junio de 2026, día en que cesó. Cinco días después, el 22 de junio, le siguió Hurtado Adrián, el magistrado que instruyó la causa contra el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y la pieza del correo que salpica a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Berdugo Gómez de la Torre, nacido en 1954 y el más veterano del trío, se marchó el 5 de septiembre de 2026. Martínez Arrieta, nacido en Logroño en 1955, cumple los 72 el 13 de abril de 2027: esa es la fecha exacta de su salida y la que abre la sucesión en la presidencia de la sala.
Lo que convierte estas salidas en un asunto de Gabinete no es el calendario, sino quién se sienta después en esos sillones. La Sala Segunda —la que instruye y juzga a aforados, del ‘caso Koldo’ a la causa contra García Ortiz— pasa de 15 a 16 magistrados con la plaza creada por el real decreto de unidades judiciales de julio, y el CGPJ necesita 13 de sus 21 vocales para cada nombramiento. Con ese umbral, la candidatura de la catedrática Silvina Bacigalupo para la vacante que dejó Miguel Colmenero el 13 de abril de 2023 —hija del exmagistrado Enrique Bacigalupo, integrante del comité de expertos de Pedro Sánchez en 2015 y cuñada de Teresa Ribera— ha bastado para paralizar el relevo, que sigue sin producirse. A la espera de acuerdos, la sala arrastraba 4.797 asuntos pendientes al 31 de marzo de 2026. Y la única reforma en marcha, impulsada por la propia Sala de Gobierno del Supremo y que Justicia mantiene sin tramitar, va en dirección contraria: elevar el tope a 75 años y recuperar el magistrado emérito suprimido en 2015.
