António Costa sondea un impuesto a las tecnológicas en la UE para elevar el presupuesto comunitario y desbloquear el Marco Financiero Plurianual.
El presidente del Consejo Europeo quiere que las grandes plataformas digitales —Google y Meta en cabeza— contribuyan a financiar las cuentas de los próximos siete años, y para ello está tanteando a los gobiernos con una figura fiscal que Bruselas aparcó en 2018. Según cuatro diplomáticos y funcionarios europeos consultados por POLITICO, la tasa formaría parte del paquete de recursos propios con el que Costa pretende cerrar el MFP, el presupuesto de la UE para el periodo 2028-2034.
El calendario aprieta. Costa presenta este sábado, 21 de noviembre, una propuesta revisada del marco presupuestario y quiere que los jefes de Estado y de gobierno la respalden antes de que termine el año. La razón es aritmética electoral: en 2027 hay comicios en Francia, Italia y Polonia, y nadie en Bruselas quiere negociar los fondos europeos con tres campañas abiertas de fondo. La semana que viene hay cumbre de líderes; la siguiente arranca el 17 de diciembre.
La aritmética no cierra: dos billones frente a 5.000 millones
El MFP que Costa quiere cerrar ronda los dos billones de euros para el periodo 2028-2034. Frente a esa magnitud, la Comisión Europea estimó que un impuesto del 3% sobre determinados flujos de ingresos de las grandes tecnológicas aportaría unos 5.000 millones anuales. Multiplicado por siete ejercicios, la cifra ronda los 35.000 millones: menos del 2% del total.
La cuantía, por tanto, no resuelve el problema del tamaño. Resuelve el problema de la propiedad. Bruselas llama recursos propios a los ingresos que no salen de las arcas nacionales, y cada euro que entra por esa vía rebaja automáticamente la factura que pagan los Estados miembros. Para los países que se sientan en el lado contribuyente —Alemania, Países Bajos, Austria, Suecia y Dinamarca— ese detalle es la diferencia entre firmar y bloquear.
Una tasa que recauda 5.000 millones al año no cierra un presupuesto de dos billones: cambia quién paga la factura y quién manda en la negociación.
Los escépticos lo tienen calculado. ‘¿Merece la pena arriesgar una guerra comercial con Estados Unidos para recaudar 5.000 millones?’, resume un diplomático de un país que rechaza la idea. Irlanda, que alberga las sedes europeas de Google, Microsoft y Meta, aparece en todas las quinielas. Dublín no lo ha dicho en público. En privado, ha dejado claro que no piensa acompañar.
Del CORE a la tasa digital: el giro silencioso de Berlín
La propuesta original de la Comisión no era esta. Bruselas había diseñado el llamado CORE, un gravamen a tanto alzado sobre los ingresos de las empresas que superaran los 100 millones de euros. El sector europeo lo leyó como un castigo a las compañías del continente y varios gobiernos lo tumbaron. Alemania, en primera fila. Sustituir el CORE por una tasa sobre las grandes plataformas permite a Berlín cambiar de criterio sin reconocer que lo ha hecho.
El movimiento ya está en marcha. El canciller Friedrich Merz y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, abrieron la puerta a la tasa en una reunión de líderes del norte celebrada en Dublín la semana pasada, según dos diplomáticos europeos. Berlín aún no ha dado su apoyo por escrito. Eso sí, el equipo de Costa ya trabaja con la hipótesis de sustituir el CORE por la tasa digital en el documento que verá la luz el sábado. El calendario oficial de reuniones puede consultarse en la web del Consejo Europeo.
El eje sur llega de casa. Italia, Francia, y España aplican impuestos nacionales sobre servicios digitales desde hace años y han defendido históricamente una solución comunitaria. La lógica es sencilla: una tasa europea sustituye a las nacionales, reduce la maraña de regímenes y evita que cada capital legisle por su cuenta contra las mismas compañías. Para Madrid es, además, una forma de blindar su propio gravamen frente a los recursos que las tecnológicas han ido presentando en distintas jurisdicciones.
No todo el mundo rema. El consejero delegado de Booking.com, Glenn Fogel, advirtió esta semana de que los gravámenes digitales y la regulación más dura ‘deberían considerarse un daño para el negocio y para el futuro de nuestra economía europea. En paralelo, los líderes exploran también una tasa sobre las empresas de criptoactivos, técnicamente más compleja y con un horizonte más largo.
El Eje del Poder Europeo
Lo que estamos viendo no es un debate fiscal. Es la enésima vuelta de tuerca del pulso entre los dos modelos de Europa que llevan una década chocando. Los frugales del norte —Países Bajos, Austria, Suecia, Dinamarca, Finlandia— quieren un presupuesto más pequeño, reorientado a defensa y seguridad, y desconfían de cualquier impuesto nuevo que consolide el gasto. El sur —España, Italia, Portugal, Grecia— defiende las partidas tradicionales y ve en los recursos propios una manera de que la factura no recaiga solo sobre las capitales. Y en medio, el eje franco-alemán, que es el que de verdad decide.
Alemania es la pieza que se ha movido, y su cálculo merece un párrafo aparte. Berlín bloqueó el CORE porque gravaba a sus propias empresas. Una tasa sobre Google y Meta no toca a la industria alemana y, encima, llega con coartada geopolítica: la debilidad interna de Donald Trump tras las elecciones de este mes reduce el riesgo de represalias comerciales. Lo dijo sin rodeos Siegfried Mureșan, negociador presupuestario del Partido Popular Europeo: ‘La probabilidad de amenazas comerciales de la administración Trump se ha reducido después de los resultados de las legislativas’.
El precedente más útil no es la tasa digital de 2018, aparcada para dejar respirar a la OCDE y finalmente bloqueada por Washington. El precedente es julio de 2020: cinco días de cumbre para cerrar el MFP 2021-2027 y el fondo de recuperación. Aquella vez fueron los frugales quienes arrancaron concesiones; esta vez el que necesita el acuerdo es Costa, que no tiene margen para un segundo fracaso. Ese desequilibrio se nota en cada borrador.
Para España el asunto tiene tres aristas. La primera, la cohesión: Costa prevé recortes transversales que tocan el dinero de las regiones, y España es beneficiaria neta del presupuesto. La segunda, la PAC: dejar intactas las subvenciones agrarias es una buena noticia para el campo español, uno de los grandes perceptores de ayudas directas. La tercera es la tasa en sí. España ya la aplica en clave nacional; una versión europea homogénea le ahorraría litigios y le daría argumentos frente a unas tecnológicas que hoy negocian país por país.
El riesgo real es que la tasa quede como moneda de cambio. Un impuesto que recauda 5.000 millones anuales es fácil de sacrificar en la última noche de una cumbre si con ello se cierra el paquete. Nadie debería darlo por aprobado solo porque esté sobre la mesa. De hecho, en el último documento de negociación no figura como línea roja de nadie.
El próximo hito es la cumbre de la semana que viene. Después, la que arranca el 17 de diciembre. Si para entonces no hay acuerdo sobre el tamaño del MFP, el calendario electoral de 2027 se comerá la negociación y Bruselas entrará en 2028 funcionando con prórrogas presupuestarias. Ese es el nudo. En esta redacción seguimos de cerca si el giro alemán se convierte en posición oficial o se queda en un guiño de pasillo.

