Aseguradoras y corredores asumen obligaciones de prevención del blanqueo con plazo límite el 28 de diciembre de 2026

La Ley 10/2025 obliga a resolver quejas en un mes con órganos autónomos del área comercial, mientras el Real Decreto 813/2026 exige evaluación documentada de riesgos de blanqueo a las aseguradoras de vida y a determinados corredores.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué se exige? Dotar a los servicios de atención a la clientela de medios humanos y técnicos suficientes, garantizar atención personalizada, resolver quejas en el plazo general de un mes y desligar el órgano decisorio del área comercial.
  • ¿Con qué base jurídica? Ley 10/2025, de 26 de diciembre; Real Decreto 813/2026, de 7 de octubre, que modifica el Reglamento de la Ley 10/2010; y Directiva (UE) 2025/2 de revisión de Solvencia II.
  • ¿Qué impacto tiene? Régimen sancionador administrativo, evaluación documentada de riesgos de blanqueo, supervisión humana obligatoria sobre la inteligencia artificial y carga probatoria del control interno sobre la entidad.

El 28 de diciembre de 2026 vence el plazo para que aseguradoras y corredores adapten la atención al cliente a la Ley 10/2025 y refuercen la prevención del blanqueo.

Auren reunió en Madrid, el 17 de noviembre de 2026, en el III Foro Legal Seguros, a Inmaculada Roldán, socia y directora del área de Seguros de Auren Legal; a Lázaro Cuesta, responsable de Asesoría Jurídica de UNESPA; y a María Victoria Vega, directora del área Penal de la misma firma. El encuentro ordenó los tres frentes abiertos del sector: la ley de atención a la clientela, la reforma de Solvencia II y la modificación de la normativa de blanqueo.

El primer vencimiento: la Ley 10/2025 y la atención a la clientela

La Ley 10/2025, de 26 de diciembre, desplaza la atención al asegurado del terreno operativo al jurídico. Exige servicios dotados de medios humanos y técnicos capaces de resolver reclamaciones con eficacia y dentro del plazo general de un mes que ya opera en el ámbito financiero y asegurador. Añade dos límites organizativos: los sistemas automáticos no pueden constituir el único canal de asistencia y los departamentos que resuelven reclamaciones deben ser autónomos respecto de las áreas comerciales.

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El incumplimiento se conecta con un régimen sancionador administrativo, con aplicación preferente de la normativa sectorial cuando exista. La norma incorpora mecanismos de evaluación de la calidad del servicio, lo que convierte el registro de quejas en material probatorio relevante ante una inspección o un procedimiento sancionador. La autonomía del órgano de reclamaciones frente al área comercial es el punto de mayor fricción en las estructuras de distribución.

Roldán advirtió en el foro de que la atención al asegurado «ha dejado de ser una cuestión meramente operativa para convertirse en un reto estratégico y jurídico de primer orden». La consecuencia práctica es una reorganización interna: trazabilidad de las respuestas, delimitación de funciones y prueba documental del circuito de quejas.

La Ley 10/2025 convierte la atención al cliente en obligación jurídica exigible: el canal automático no puede ser único ni depender del área comercial.

El segundo eje es la inteligencia artificial aplicada a la gestión de reclamaciones. La clasificación automatizada de expedientes, el análisis documental y la generación de respuestas agilizan el procedimiento, pero no trasladan ni atenúan la responsabilidad de la entidad frente al asegurado. Supervisión humana, protección de datos y trazabilidad de cada actuación son los tres controles que la entidad debe poder acreditar.

Control interno, blanqueo de capitales y Solvencia II

El Real Decreto 813/2026, de 7 de octubre, modifica el Reglamento de la Ley 10/2010 y refuerza la prevención del blanqueo en el sector. Obliga a fundamentar los controles internos en un análisis de riesgo que contemple las evaluaciones nacionales, europeas y sectoriales, además de las características de clientes, productos, operaciones y canales de distribución. El perímetro alcanza a las entidades que operan seguros de vida y otros seguros vinculados a inversiones, y a determinados corredores, sin perjuicio de las excepciones reglamentarias.

Vega vinculó la reforma con la próxima evaluación de España por el Grupo de Acción Financiera Internacional y con el proceso de adaptación al marco europeo. El modelo que se consolida es preventivo y documental: evaluación de riesgos por actividad, verificación efectiva de los sistemas de control y régimen sancionador orientado a asegurar su eficacia. La carga probatoria se desplaza a la entidad, que debe demostrar no solo que dispone de procedimientos, sino que responden al riesgo concreto identificado.

En paralelo, la Directiva (UE) 2025/2 revisa Solvencia II con un plazo de transposición que finaliza el 29 de enero de 2027. Introduce criterios de proporcionalidad, refuerzo de la supervisión y facilitación de la inversión a largo plazo. Cuesta advirtió de que un retraso en la adaptación española situaría al mercado en desventaja competitiva frente al resto de operadores europeos.

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La lectura doctrinal

El bloque normativo no rompe el modelo preventivo, lo densifica. La estructura ya estaba en el Reglamento de la Ley 10/2010, aprobado por Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, y publicado en el Boletín Oficial del Estado. La diferencia es de método: la evaluación de riesgo deja de ser un documento genérico y pasa a exigir correspondencia entre riesgo identificado, control implantado y evidencia de su funcionamiento.

En atención a la clientela, la regla de autonomía orgánica entronca con la doctrina administrativa sobre conflictos de interés en la distribución de productos financieros y de seguros. Que el mismo órgano que diseña la estrategia comercial resuelva las quejas vicia la imparcialidad del procedimiento y abre la vía a la sanción por deficiencias de organización interna.

Proyección: el calendario ordena la carga de trabajo. Hasta el 28 de diciembre de 2026, adaptación de la atención a la clientela; a lo largo de 2027, transposición de Solvencia II y aplicación plena del nuevo marco de prevención del blanqueo. Los criterios que fije el GAFI en su evaluación de España condicionarán la interpretación del deber de control interno en los expedientes que se abran a partir de esa fecha.

FICHA DEL CASO

  • El caso: revisión del marco regulatorio aplicable a aseguradoras y corredores de seguros en atención a la clientela, control interno y prevención del blanqueo de capitales. No existe procedimiento contencioso.
  • Datos importantes: Ley 10/2025, de 26 de diciembre; Real Decreto 813/2026, de 7 de octubre; Directiva (UE) 2025/2; plazo general de resolución de quejas de un mes; régimen sancionador administrativo con aplicación preferente de la normativa sectorial.
  • Fecha de los juicios: N/A. Foro celebrado el 17 de noviembre de 2026; primer plazo de adaptación el 28 de diciembre de 2026; transposición de Solvencia II el 29 de enero de 2027.
  • Personas acusadas y por qué: N/A. No hay acusación individualizada ni procedimiento sancionador en curso.
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