El Congreso de Colombia tiene la última palabra sobre las operaciones militares conjuntas con Estados Unidos que quiere Abelardo De La Espriella. Y esa votación, que se anuncia cuesta arriba, se sigue en Madrid con más atención de la que admite la diplomacia.
La propuesta se conoció el miércoles, días después de la visita del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth. The New York Times publicó que el Ejecutivo había descartado la operación conjunta por falta de votos; la Presidencia lo desmintió y subrayó que llevará el asunto al Congreso. La oposición ya ha dicho que no antes de leer el texto.
Qué tiene que aprobar el Senado y por qué el camino no está claro
Vamos por partes. La Constitución de 1991 reserva al Senado, en el numeral cuarto del artículo 173, la función de ‘permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República’. El constitucionalista Gustavo Zafra lo resume sin rodeos: la Cámara alta ‘tendría que dar el permiso, tránsito o estacionamiento’. No es un trámite menor: es la llave.
Hay una segunda estación. El artículo 237 obliga al Gobierno a oír previamente al Consejo de Estado cuando se trata de tránsito de tropas extranjeras, y el exconsejero Carlos Zambrano precisa que el concepto debe emitirlo la Sala Plena —31 consejeros— y no la Sala de Consulta. Traducido: primero un dictamen, después un voto. Y en medio, un país que lleva tres décadas discutiendo los límites del Ejecutivo.
El canciller Omar Bula ha pedido al Legislativo ‘trámite expedito’ e insiste en que la negociación con Washington se hizo ‘sobre una posición soberana’. La alianza, dice, busca sumar capacidades tecnológicas y tácticas contra las estructuras criminales. Bogotá quiere vender la operación como una decisión propia y no como una imposición.
En 2009, Álvaro Uribe pactó con Washington el uso de hasta siete bases militares y la Corte Constitucional respondió que aquello no cabía en los acuerdos firmados desde 1952: un tratado nuevo con cuatro debates en el Congreso. El expresidente de la Corte Alfredo Beltrán lo resume: ‘el paso de tropas extranjeras solo puede hacerse por conocimiento del Senado’.
El Senado colombiano no tramita un permiso: decide si dos ejércitos operan juntos sobre su territorio.
Lo que España se juega en el tablero colombiano
Aquí está la clave para el lector español. Colombia no es un escenario ajeno: es uno de los grandes destinos de la inversión española en América Latina, con Repsol, Santander, BBVA, Mapfre, Sacyr o Aqualia operando sobre el terreno. Un cambio en el régimen de seguridad —y la presencia militar extranjera lo es— mueve primas de riesgo, pólizas, contratos públicos y cuentas de resultados.
Hay más. España es una de las puertas de entrada de la cocaína colombiana a Europa, según los informes de la UNODC, y la lucha contra el narcotráfico es exactamente el argumento con el que se vende esta operación. Si el Senado dice que no, el Gobierno se queda con la retórica y sin el instrumento.
Conviene recordar, además, que Colombia es socio global de la OTAN desde 2017, una categoría que la sitúa en la órbita de la Alianza a la que pertenece España. Lo que se vote en Bogotá no es ajeno al flanco sur europeo ni a la relación trasatlántica que Madrid defiende en cada cumbre.
La lección de 1994 y la herencia institucional compartida
Retrocedamos un momento. En 1994, el Consejo de Estado pidió a la Comisión de Acusaciones investigar a César Gaviria por autorizar la presencia de 156 soldados estadounidenses sin permiso del Senado. La cifra no era el problema; el procedimiento sí. Tres décadas después, la discusión vuelve al mismo lugar: quién autoriza, con qué dictamen y ante quién responde el Ejecutivo.
Y hay un fondo que la prensa internacional suele pasar por alto. Las instituciones que ahora van a decidir —un Senado, un Consejo de Estado obligado a dictaminar antes de que entren tropas, una tutela constitucional que bebió del recurso de amparo español— son hijas de una tradición jurídica compartida durante tres siglos.
La arquitectura institucional colombiana no se entiende sin la española. Ese parentesco explica por qué la discusión sobre la soberanía que se libra en Bogotá nos habla también de nuestra propia herencia.
Qué conviene seguir. El primer hito será la consulta al Consejo de Estado, con su Sala Plena de 31 consejeros como protagonista; después llegará el turno del Senado de la República y con él la aritmética real. Sin una posición de bancada definida y con el ‘no’ de la oposición, la mayoría no aparece.
Si la propuesta se hunde, De La Espriella habrá perdido algo más que un socio militar. Si prospera, España tendrá que reajustar su lectura de seguridad en un continente donde la presencia estadounidense vuelve a crecer.
📌 Ficha del Caso
- Ficha sobre el caso: El Gobierno de Abelardo De La Espriella quiere autorizar operaciones militares conjuntas con EE.UU. en Colombia y necesita el visto bueno del Senado.
- Datos importantes: El artículo 173 de la Constitución de 1991 exige permiso del Senado para el tránsito de tropas extranjeras y el 237 obliga a oír antes al Consejo de Estado.
- Resumen: El pulso afecta a la seguridad regional y a los intereses españoles en un país clave para la inversión de compañías como Repsol o Santander.

