La crisis política en Colombia sube otro peldaño: **Abelardo de la Espriella** acusa a **Gustavo Petro** de alentar un golpe de Estado.
Ocurrió este jueves 19 de noviembre, en el Parque de la Retreta, en **Cali**. Ante una protesta convocada por la oposición contra el Gobierno, el expresidente **Gustavo Petro** pidió la renuncia del mandatario, cuestionó el proyecto de ajuste fiscal y sostuvo que la movilización debía ser permanente: ‘Quizás no hay que esperar el voto’, dijo. La jornada se saldó con **285 actividades y cuatro capturas**, según el balance oficial.
La respuesta del presidente no se hizo esperar. **Abelardo de la Espriella** contestó a quien, desde la plaza, había proclamado que ‘el pueblo de Colombia es el que tiene que restaurar la democracia real’. ‘Con la democracia y con Colombia no se metan’, dijo al presentar el balance oficial. Y añadió la frase que hoy abre todos los informativos: ‘Lo que jamás voy a aceptar es que atente contra la democracia, promueva un golpe de Estado o pretenda destruir a Colombia, como lo hizo cuando fue guerrillero’.
En defensa de la legitimidad de su mandato, el presidente recordó que llegó al poder con el respaldo de cerca de **13 millones de colombianos**, según sus propias palabras. Subrayó que su Gobierno ‘garantiza el derecho a la protesta pacífica’ y puso un límite: ‘Lo que no se puede hacer es utilizar la violencia para destruir nuestras instituciones o imponer por la fuerza lo que no se consiguió en las urnas.
Y aquí está la clave para el lector español. **Colombia** es uno de los principales destinos del capital español en América Latina: **Telefónica**, **Repsol**, **Naturgy**, constructoras y bancos llevan décadas operando allí. Cuando la política del país se tensa, **la factura acaba llegando a España**.
El pulso entre Petro y De la Espriella, paso a paso
La respuesta presidencial no se quedó en la retórica interna. De la Espriella pidió a la justicia de **Estados Unidos** investigar y procesar a su antecesor: ‘El gobierno de Petro fue una empresa criminal y se transgredieron leyes y disposiciones internacionales’, afirmó, antes de desear que ‘actúe la justicia norteamericana’. Un día antes, el miércoles 18 de noviembre, su Ejecutivo había anunciado desde la Fiscalía un dosier sobre los llamados sexocontratos —presuntas vinculaciones con el Estado a cambio de favores sexuales durante el mandato anterior— con cerca de **48 personas involucradas**.
Una movilización que se pretende permanente frente a un presidente que invoca la Constitución: ese es el tablero colombiano a partir de hoy.
Qué se juega España con esta crisis política en Colombia
El interés español en el país no es simbólico. Es telefónico, eléctrico, financiero y de infraestructuras. **Telefónica** opera allí bajo la marca Movistar, **Repsol** mantiene actividad de exploración y producción, y **Naturgy** ha tenido presencia en la distribución de gas y electricidad. España figura entre los mayores inversores extranjeros de **Colombia**.
La discusión pública no es semántica. La definición clásica de golpe de Estado alude a la ruptura del orden constitucional por la fuerza, y de ahí la gravedad que el Ejecutivo colombiano concede a las palabras de su antecesor. El riesgo que vigilan las empresas, en todo caso, no es ideológico: es de previsibilidad.
Concesiones, tarifas reguladas, contratos de suministro y marcos fiscales necesitan reglas que no cambien de un decreto a otro. Un expresidente que reclama restaurar la democracia desde la plaza y un Gobierno que responde con expedientes judiciales **añaden ruido a cualquier evaluación de riesgo país**.
Hay también un componente de imagen. España ha actuado históricamente como uno de los interlocutores europeos más activos en América Latina, y la estabilidad colombiana forma parte de esa ecuación. Una **Colombia** con movilización permanente complica cualquier hoja de ruta compartida en la región.
El precedente que conviene recordar: cuando el pulso tocó capital español
Conviene recordar un episodio que costó caro. En 2016, la Superintendencia de Servicios Públicos de **Colombia** intervino **Electricaribe**, la filial de Gas Natural Fenosa —hoy **Naturgy**—, por su situación financiera. El asunto terminó con la salida del grupo español del negocio eléctrico de la costa caribeña y con reclamaciones cruzadas. La lección fue nítida: **en América Latina, el riesgo político se paga en el balance**.
El otro espejo es la expropiación del 51% de YPF a **Repsol** en Argentina, en 2012. Sirvió para que las empresas españolas aprendieran a blindar contratos, diversificar jurisdicciones y leer la letra pequeña de cada concesión. Nada de lo que ocurre hoy en **Bogotá** se parece a aquello, pero el manual de prevención es el mismo.
Queda la pregunta de fondo. Si el pulso institucional enfría la inversión extranjera, **quien la pierde no es solo Colombia**. Conviene seguir tres frentes: la tramitación del ajuste fiscal que Petro cuestionó desde la plaza, el arraigo real de esa convocatoria permanente y el recorrido del dosier y de la petición a la justicia estadounidense.
📌 Ficha del Caso
- Ficha sobre el caso: El expresidente Gustavo Petro pidió la renuncia de Abelardo de la Espriella durante una protesta opositora en Cali; el presidente respondió acusándole de alentar un golpe de Estado.
- Datos importantes: 285 actividades de protesta y cuatro capturas el 19 de noviembre; un dosier con cerca de 48 personas señaladas, anunciado el día 18; y un ajuste fiscal en tramitación como telón de fondo.
- Resumen: La tensión institucional colombiana añade riesgo regulatorio y de imagen para las empresas españolas en uno de los mercados clave del capital español en América Latina.

