El decreto-ley de La Palma suma dos años de POSEI a las fincas y agiliza la reubicación de viviendas

El viceconsejero Pedro Afonso defiende la norma ante la Comisión de Cabildos insulares del Parlamento canario. El texto permite vender la finca transmitiendo las ayudas agrarias y prevé compensaciones para quienes no puedan reconstruir en Cumbre Vieja.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Gobierno de Canarias ha aprobado un nuevo decreto-ley de medidas complementarias para La Palma que añade dos años de POSEI a las explotaciones y ordena el traslado de las familias que siguen en casas prefabricadas.
  • ¿Quién está detrás? El viceconsejero para la Recuperación Económica y Social de La Palma, Pedro Afonso, lo ha defendido en el Parlamento de Canarias ante la Comisión de Cabildos insulares.
  • ¿Qué impacto tiene? Quien no pueda o no quiera reconstruir su finca podrá venderla transmitiendo el derecho a las ayudas, y los propietarios que queden dentro del Parque Natural de Cumbre Vieja recibirán una compensación.

El decreto-ley de La Palma suma dos años de POSEI a las fincas y permite reubicar viviendas fuera de la colada.

La norma no nace en un despacho. Viene, según sus responsables, de las peticiones de las personas afectadas y de las administraciones locales. El viceconsejero para la Recuperación Económica y Social de La Palma, Pedro Afonso, la defendió en el Parlamento de Canarias, ante la Comisión de Cabildos insulares, el foro donde los cabildos (los gobiernos de cada isla) comparecen para tratar sus asuntos. El objetivo es adaptar las reglas “al momento actual y a las condiciones de la situación social y económica”.

Dos años más de POSEI para quien quiera volver a la finca

El POSEI (el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias, el sistema con el que la UE sostiene al sector primario de las islas por su lejanía del continente) es la columna vertebral del campo palmero. Afonso repasó el calendario: expiraba en diciembre de 2023; tras negociar con Bruselas se prorrogó hasta diciembre de 2025 y más tarde hasta diciembre de 2027. A ese suelo se suman ahora dos años más para quien quiera reconstruir, lo que sitúa el horizonte en diciembre de 2029. Un plazo “razonable para poder poner las fincas en marcha”, dijo.

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Hasta hoy, quien no podía o no quería rehacer su platanera quedaba atado a una parcela y a un derecho que no valía nada sin ella. El texto regula la transmisión de las explotaciones afectadas por la erupción a otros productores, que asumirán los derechos y obligaciones de los anteriores titulares, incluidas las ayudas del POSEI y las cantidades de referencia.

La letra pequeña importa. El traspaso no se limita a la parcela sepultada: el derecho a reconstruir se puede llevar a otra finca del mismo titular, dentro o fuera de la colada. Nadie queda atado al mapa.

En La Palma, el derecho a las ayudas vale tanto como la tierra: sin él, una finca sepultada es solo una escritura sin futuro.

De la casa prefabricada a la vivienda definitiva

El texto también mira a quienes siguen en una casa prefabricada. Regula el traslado provisional de esas familias a viviendas convencionales promovidas por el Gobierno de Canarias, el Cabildo de La Palma o los ayuntamientos, siempre que se mantengan los requisitos que motivaron el realojo. La ocupación conserva su carácter temporal hasta la adjudicación definitiva. El prefabricado deja de ser el final del camino.

Hay un grupo más incómodo: los propietarios cuyas parcelas quedarán definitivamente dentro de la ampliación del Parque Natural de Cumbre Vieja y que, por esa protección, no podrán reconstruir en su terreno original. Para ellos se establece una compensación económica complementaria. La protección ambiental no se discute; lo que no puede es pagarla solo quien perdió la casa.

La norma permite además reubicar en otras parcelas de la isla los inmuebles industriales, comerciales y turísticos destruidos, y modifica el régimen de actualización de los anexos territoriales y agrarios: las consejerías podrán adaptar la zonificación a la evolución de las condiciones de la colada, con los informes del Cablido Insular de La Palma. El mapa deja de ser una foto fija.

El Pulso Territorial

Canarias gobierna en coalición desde 2023, con Fernando Clavijo (Coalición Canaria) al frente de un ejecutivo sostenido por el PP en un parlamento de 70 escaños. La recuperación de La Palma no es un asunto menor en una isla de unos 83.000 habitantes y 14 municipios donde el plátano sostiene buena parte del empleo agrario. Tampoco hay precedente comparable: la última erupción anterior en superficie terrestre de España fue la del Teneguía, en el sur de La Palma, en 1971, y ninguna otra comunidad ha tenido que reordenar suelo agrario por lava en las últimas décadas.

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El riesgo está en el calendario. Si diciembre de 2029 llega sin las fincas en marcha, la prórroga habrá que negociarla otra vez con Bruselas, y nadie garantiza el mismo resultado. La compensación para los propietarios absorbidos por el parque natural, además, aún no tiene cuantía pública conocida. El decreto-ley debe superar ahora la convalidación del Parlamento de Canarias, un trámite que decae si no se produce en el plazo de un mes, y la legislatura tiene su próxima cita electoral en 2027: la reconstrucción será, antes o después, papeleta.

Ficha Autonómica

  • El caso: El Gobierno de Canarias aprueba un decreto-ley de medidas complementarias para La Palma que adapta la normativa a la situación actual de la isla, casi cinco años después de la erupción.
  • Datos importantes: POSEI prorrogado hasta diciembre de 2025 y después hasta diciembre de 2027, con dos años adicionales hasta diciembre de 2029 para quien reconstruya. La isla tiene 14 municipios y unos 83.000 habitantes.
  • Resumen: Pendiente la convalidación parlamentaria en el plazo de un mes. Las familias en casas prefabricadas podrán pasar temporalmente a viviendas convencionales y los propietarios dentro del Parque Natural de Cumbre Vieja recibirán una compensación aún sin cuantía pública.
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