La Sala Segunda del Tribunal Supremo encara el curso con la plantilla en movimiento. La jubilación forzosa de jueces y magistrados está fijada a los 70 años, y la prórroga hasta los 72 exige que la solicite el propio interesado, no la Administración. De ahí que el margen del Gobierno para decidir quién permanece en la toga sea estrecho, aunque no irrelevante: a veces basta con dejar correr el calendario. Cuatro magistrados han centrado el debate y tres de ellos ya han dejado el cargo.
El criterio de esta lista es separar lo acreditado de lo que solo es hipótesis. Primero, quién es cada magistrado y qué día exacto deja la toga; después, qué permite el artículo 386 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y qué no; a continuación, los destinos con los que se puede maquillar una salida —comisiones de servicio, vuelta a la carrera fiscal, organismos internacionales—, las resoluciones que han tensado la relación con el Ejecutivo y, por último, la aritmética de una sala dimensionada en 15 plazas.
2Cómo se fuerza una jubilación sin tocar la ley: del artículo 386 LOPJ a la prórroga que solo se concede «a petición del interesado»
El artículo 386 de la Ley Orgánica del Poder Judicial fija la jubilación forzosa de jueces y magistrados a los 70 años y abre la puerta a prorrogar la permanencia hasta los 72, pero con un requisito decisivo: solo se activa si el interesado la pide, con dos meses de antelación, y entonces «dicha solicitud vinculará al Consejo General del Poder Judicial», que únicamente puede denegarla si el peticionario no cumple la edad o la presenta fuera de plazo. La Ley Orgánica 7/2015, que la introdujo, la blindó con esa fórmula: ni el Ministerio de Justicia ni el Gobierno disponen de una llave para adelantar o retrasar el cese de un magistrado concreto. El propio Tribunal Constitucional advirtió en 1986 que la inamovilidad se vería coartada si la ley permitiese jubilar «según criterios discrecionales (concediendo prórrogas no preceptivas, por ejemplo)». Mover esas edades exige ley orgánica y topa con el artículo 117.2 de la Constitución.
Sin tocar esa franja, el juego se traslada a los márgenes. A quien aún no ha cumplido los 70 solo se le puede precipitar la salida si no pide la prórroga, y eso se negocia con incentivos: un puesto en el Tribunal Constitucional, una magistratura de enlace. A los 72 no queda margen. El Ejecutivo ha tanteado reformas que usan la edad por la puerta de atrás: en enero de 2025, el borrador de la reforma de la LOPJ incluía vetar como presidente de sala a quien no pudiera completar el mandato de cinco años, cláusula que el texto final suprimió, y diversas informaciones han atribuido a Justicia el plan de elevar el tope a 75 años, aparcado para que no alcanzase al juez Juan Carlos Peinado. El resto se libra en el CGPJ, donde los nombramientos del Supremo exigen 13 votos de 20 y la vacante de Miguel Colmenero sigue sin cubrir desde abril de 2023.
