La Sala Segunda del Tribunal Supremo encara el curso con la plantilla en movimiento. La jubilación forzosa de jueces y magistrados está fijada a los 70 años, y la prórroga hasta los 72 exige que la solicite el propio interesado, no la Administración. De ahí que el margen del Gobierno para decidir quién permanece en la toga sea estrecho, aunque no irrelevante: a veces basta con dejar correr el calendario. Cuatro magistrados han centrado el debate y tres de ellos ya han dejado el cargo.
El criterio de esta lista es separar lo acreditado de lo que solo es hipótesis. Primero, quién es cada magistrado y qué día exacto deja la toga; después, qué permite el artículo 386 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y qué no; a continuación, los destinos con los que se puede maquillar una salida —comisiones de servicio, vuelta a la carrera fiscal, organismos internacionales—, las resoluciones que han tensado la relación con el Ejecutivo y, por último, la aritmética de una sala dimensionada en 15 plazas.
3Las «salidas doradas» sobre la mesa: comisiones de servicio, vuelta a la carrera fiscal, organismos internacionales y quién firma cada destino
El margen para fabricar una salida airosa a un magistrado del Supremo es más estrecho de lo que sugiere la expresión «salida dorada». El artículo 352 de la Ley Orgánica del Poder Judicial solo declara en servicios especiales —con reserva de plaza, cómputo de antigüedad y derechos pasivos— a quien es nombrado vocal del CGPJ, magistrado del Constitucional, miembro de altos tribunales internacionales de justicia, fiscal general del Estado o jefe del Servicio de Inspección. La comisión de servicio queda acotada, para los togados del Supremo, a reuniones y conferencias judiciales internacionales ligadas directamente a su condición. Y el artículo 357 elimina el atajo: quien pide la excedencia voluntaria deja de ser magistrado del Tribunal Supremo. Fuera de ese catálogo solo queda la jubilación forzosa a los 72 años, con fecha cerrada y sin margen de negociación.
Eso reparte firmantes y los aleja de Moncloa. La jubilación de Ángel Hurtado, con efectos del 22 de junio, la acordó la Comisión Permanente del CGPJ que preside Isabel Perelló y se publicó en el BOE; las de Andrés Palomo y Juan Ramón Berdugo llegan el 17 de junio y el 5 de septiembre. Los servicios especiales y las comisiones de servicio los declara el propio Consejo; un destino en el Ministerio de Justicia exige Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros; la vuelta a la carrera fiscal se solicita ante Justicia y se resuelve por concurso, con excedencia en la judicial y pérdida de la plaza del Supremo; y para un organismo internacional hace falta que la institución designe al juez. Sobre todo ello pesa la aritmética del Pleno: cualquier nombramiento en la Sala Segunda necesita 13 de los 21 vocales.
