La Sala Segunda del Tribunal Supremo encara el curso con la plantilla en movimiento. La jubilación forzosa de jueces y magistrados está fijada a los 70 años, y la prórroga hasta los 72 exige que la solicite el propio interesado, no la Administración. De ahí que el margen del Gobierno para decidir quién permanece en la toga sea estrecho, aunque no irrelevante: a veces basta con dejar correr el calendario. Cuatro magistrados han centrado el debate y tres de ellos ya han dejado el cargo.
El criterio de esta lista es separar lo acreditado de lo que solo es hipótesis. Primero, quién es cada magistrado y qué día exacto deja la toga; después, qué permite el artículo 386 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y qué no; a continuación, los destinos con los que se puede maquillar una salida —comisiones de servicio, vuelta a la carrera fiscal, organismos internacionales—, las resoluciones que han tensado la relación con el Ejecutivo y, por último, la aritmética de una sala dimensionada en 15 plazas.
4Las resoluciones que han puesto a la Sala Segunda en el punto de mira del Ejecutivo
El primer choque llegó el 1 de julio de 2024. La Sala Segunda, con Manuel Marchena como ponente, resolvió que la malversación del ‘procés’ no entraba en la ley de amnistía porque los condenados habían obtenido un «beneficio personal de carácter patrimonial»: al cargar el referéndum a las arcas públicas, se ahorraron sufragarlo de su bolsillo. El mismo día, el instructor Pablo Llarena cerró la puerta a Carles Puigdemont y mantuvo la orden de detención. Días después, dos resoluciones sobre manifestantes independentistas llevaron al tribunal a plantear una cuestión de inconstitucionalidad contra la propia ley, por posible vulneración de la igualdad ante la ley y de la seguridad jurídica. La norma estrella de la legislatura quedaba en suspenso para sus principales destinatarios y el Ejecutivo veía cómo su agenda judicial se atascaba en los despachos del alto tribunal.
La Sala tampoco varió el rumbo con los correctivos externos. El 15 de septiembre de 2026, dos meses después de que el TJUE avalara la amnistía, Llarena volvió a negarla a Puigdemont y mantuvo su busca y captura. Y el 20 de octubre, al ejecutar la sentencia del Constitucional que la obligaba a amnistiar la malversación, la Sala dejó sin efecto las inhabilitaciones de Junqueras, Turull, Romeva y Bassa, pero reprochó al TC su «innecesaria grandilocuencia» y la invasión de competencias. A ese pulso se añade la condena al exfiscal general Álvaro García Ortiz por revelación de secretos y el informe contrario a su indulto emitido en junio de 2026.
