Los magistrados del Supremo a los que Moncloa intentará forzar la jubilación este curso

La Sala Segunda del Tribunal Supremo encara el curso con la plantilla en movimiento. La jubilación forzosa de jueces y magistrados está fijada a los 70 años, y la prórroga hasta los 72 exige que la solicite el propio interesado, no la Administración. De ahí que el margen del Gobierno para decidir quién permanece en la toga sea estrecho, aunque no irrelevante: a veces basta con dejar correr el calendario. Cuatro magistrados han centrado el debate y tres de ellos ya han dejado el cargo.

El criterio de esta lista es separar lo acreditado de lo que solo es hipótesis. Primero, quién es cada magistrado y qué día exacto deja la toga; después, qué permite el artículo 386 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y qué no; a continuación, los destinos con los que se puede maquillar una salida —comisiones de servicio, vuelta a la carrera fiscal, organismos internacionales—, las resoluciones que han tensado la relación con el Ejecutivo y, por último, la aritmética de una sala dimensionada en 15 plazas.

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La aritmética de la Sala de lo Penal y el calendario que convierte «este curso» en una ventana de oportunidad

La Sala Segunda no necesita ninguna maniobra para cambiar de cara: le basta con el calendario y una plantilla corta. Su tamaño legal es de 15 magistrados —16 desde el real decreto de julio que creó 500 unidades judiciales y añadió una plaza—, y ahora mismo acumula cuatro sillas sin titular: la de Miguel Colmenero, vacía desde abril de 2023, y las que dejaron Andrés Palomo (17 de junio), Ángel Luis Hurtado (22 de junio) y Juan Ramón Berdugo (5 de septiembre). No salen todas por la misma puerta: dos van por turno general, la de Berdugo exige 20 años de ejercicio en el orden penal y la de Colmenero es de jurista de reconocido prestigio, con una docena de candidatos en liza. La aritmética del CGPJ hace el resto: cualquier nombramiento del Supremo necesita 13 de los 20 vocales y el Pleno lleva meses empatado a diez, con el sector progresista reclamando negociar ya y el conservador intentando cerrar las cuatro plazas en bloque. A ello se suma la ley de paridad: la sala solo tiene tres magistradas —Ferrer, Polo y Lamela— y buena parte de los relevos debe cubrirse con mujeres.

El curso judicial 2026/2027 convierte esa suma en una cuenta atrás. El primer hito cae en abril de 2027, cuando Andrés Martínez Arrieta cumpla 72 años y deje la presidencia de la Sala Segunda, un cargo que también se vota por tres quintos y que, sin acuerdo, asumiría en funciones Julián Sánchez Melgar por antigüedad; el segundo, en septiembre de 2027, cuando se jubile el propio Sánchez Melgar. Son dos plazas más —y la presidencia— sobre las cuatro ya abiertas: casi la mitad de la sala renovada en poco más de un año. El Supremo lleva meses advirtiéndolo por escrito. Su Sala de Gobierno reclamó en febrero elevar la jubilación a los 75 años y recuperar la figura del emérito, con el argumento de que el 82% de sus magistrados se retirará en menos de una década. Justicia mantuvo esa reforma en el cajón hasta la salida de Juan Carlos Peinado, el 27 de septiembre. Con el juez del caso Begoña ya fuera de la carrera, la norma vuelve a estar disponible y el margen deja de ser teórico.

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