El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo de Alfonso Loaiza y ha anulado su condena por injurias graves a la Policía Municipal de Madrid. Los tres tuits publicados el 15 de marzo de 2018 pertenecen a la libertad de expresión, no a la libertad de información, y no estaban sujetos al canon de veracidad.
Los mensajes se difundieron el mismo día en que el mantero senegalés Mame Mbaye murió en la calle del Oso, en Lavapiés. En ellos se afirmaba que había fallecido «cuando era perseguido por la policía», que su «único delito» era «carecer de unos papeles» y que se trataba de «un asesinato» del que resultaba «culpable el Estado policial español». Junto a una fotografía del fallecido, el autor añadía: «Asesinado por la policía de Madrid. El mejor homenaje luchar contra la represión del Estado».
La sentencia del Juzgado de lo Penal nº 20 de Madrid, de 12 de octubre de 2021, impuso una multa de catorce meses con cuota diaria de cinco euros —2.100 euros en total— con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, y ordenó publicar el fallo en Twitter. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid confirmó la condena el 20 de julio de 2023 y la providencia posterior inadmitió la casación.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha resuelto el tribunal? El Pleno del Tribunal Constitucional estima el amparo, anula tres resoluciones judiciales y deja sin efecto la multa de 2.100 euros y la publicación forzosa del fallo.
- ¿Qué base jurídica aplica? El artículo 20.1.a) de la Constitución desplaza al artículo 20.1.d): la opinión no exige veracidad y la crítica se dirigió al Estado, no a agentes concretos.
- ¿Qué impacto tiene? Obliga a calificar el mensaje antes de exigir diligencia informativa y estrecha el ámbito del delito de injurias en redes sociales.
Antecedentes: el canon de veracidad aplicado a una crítica
El juzgado de instancia trató los tuits como información y construyó la condena sobre esa premisa. Sostuvo que el periodista incumplió el deber de comprobar la veracidad, deber que no desaparece por publicar en una red social, y apreció injuria objetiva contra el prestigio policial proferida con «temerario desprecio a la verdad».
Añadió dos elementos relevantes para el análisis constitucional: que la injuria no era necesaria para formar opinión pública y que el autor, residente en Barcelona, disponía de distancia física y emocional suficiente para haber sido más reflexivo. La pena se consideró proporcionada por su naturaleza económica.
El Pleno reubica el conflicto. El derecho en juego no es la libertad de información del artículo 20.1.d) de la Constitución, sino la libertad de expresión del artículo 20.1.a), ajena a ese canon. La resolución, ponencia del magistrado Ramón Sáez Valcárcel, marca distancias con la STC 52/2026, donde lo determinante era la narración de hechos.
El Pleno separa el juicio de valor de la narración de hechos: solo la segunda queda sometida al canon de veracidad del artículo 20.1.d) de la Constitución.
El fallo: doble vulneración y anulación de tres resoluciones
La sentencia aprecia una doble vulneración. Los tribunales ordinarios erraron al calificar como información lo que, por texto y contexto, era opinión, y omitieron que los tuits constituían crítica en un debate de interés público sobre políticas migratorias, sin ofensa al honor de persona concreta. El criterio es material: no había imputación individualizada de conducta delictiva alguna.
El fallo anula la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 20 de Madrid, la de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid y la providencia que inadmitió la casación. Desaparece así el título condenatorio y la pena accesoria de publicación en la red social.
El pronunciamiento no es unánime. Los magistrados Ricardo Enríquez Sancho, Enrique Arnaldo Alcubilla y Concepción Espejel Jorquera han formulado votos particulares discrepantes. El texto íntegro no consta aún publicado en el buscador del CENDOJ, por lo que no puede consignarse el número de resolución.
La Doctrina del Tribunal
La doctrina opera en dos niveles. Consolida que el canon de veracidad no se extiende a los juicios de valor: la diligencia en la comprobación se activa con la narración de hechos, no con la crítica. Y corrige la práctica de tratar como información todo mensaje publicado en una red social, con independencia de su contenido.
La base jurídica combina los artículos 20.1.a) y 20.1.d) con el límite del artículo 18.1 de la Constitución. El método es teleológico y sistemático: atiende a la función de la crítica democrática y verifica que el destinatario sea una institución. La crítica a la actuación policial en un debate de interés público solo cede ante el honor cuando existe imputación individualizada.
El impacto es directo. La frontera entre el delito de injurias y la opinión protegida se estrecha en los procedimientos por mensajes dirigidos a instituciones, litigiosidad creciente en los juzgados de primera instancia y en las audiencias provinciales. La resolución exige motivar la calificación previa del mensaje antes de reclamar veracidad.
La proyección queda condicionada por el alcance de los votos particulares y por la convivencia con la doctrina de la STC 52/2026, que exigirá análisis caso por caso. No se modifica la ley aplicable, pero sí la interpretación del artículo 20 de la Constitución en los asuntos pendientes.
FICHA DEL CASO
- El caso: recurso de amparo frente a una condena por injurias graves a la Policía Municipal de Madrid por tres mensajes publicados en Twitter.
- Datos importantes: multa de 14 meses y cuota diaria de 5 euros (2.100 euros), responsabilidad personal subsidiaria y publicación del fallo; el Pleno estima el amparo con tres votos particulares.
- Fecha de los juicios: hechos de 15 de marzo de 2018; sentencia de instancia de 12 de octubre de 2021; apelación de 20 de julio de 2023; resolución constitucional notificada en noviembre de 2026.
- Personas acusadas y por qué: Alfonso Loaiza Pérez, periodista, condenado por injurias graves con publicidad; la condena ha sido anulada.

