José Luis Ábalos ha trasladado al Tribunal Supremo una propuesta para afrontar las consecuencias económicas de su condena: pagar los 52.500 euros en multas mediante cuotas mensuales de 496,65 euros, calculadas sobre la parte embargable de su pensión de jubilación. El exministro plantea comenzar los pagos en enero de 2027 y completar la cantidad pendiente, como máximo, el 22 de junio de 2028. La propuesta forma parte de un escrito presentado por su defensa, que solicita al tribunal adaptar la ejecución de las responsabilidades económicas a la situación financiera que atribuye al exdirigente socialista.
La petición se apoya en un argumento central: la pensión constituye, según la documentación aportada por su abogado, su único ingreso periódico. La defensa sostiene que Ábalos ya no percibe retribuciones parlamentarias y que tampoco ha conseguido cobrar la indemnización por cese que reclamó tras abandonar su escaño. A ello suma las obligaciones familiares, los préstamos y las deudas que, según el escrito, reducen su capacidad para hacer frente de una sola vez a las cantidades impuestas.
La solicitud no supone que el Supremo haya aceptado el calendario. Es una propuesta de la defensa que deberá ser examinada por la Sala, que tendrá que decidir si procede autorizar el fraccionamiento y en qué condiciones.
Una cuota mensual calculada sobre la parte embargable de la pensión
El plan presentado por Ábalos establece que los pagos se realicen mediante la retención de 496,65 euros mensuales, cantidad que su abogado calcula aplicando los límites legales al embargo de pensiones. La propuesta contempla que el importe pueda variar en los meses en los que se perciben pagas extraordinarias, cuando la cantidad embargable sería superior.
El calendario comenzaría en enero de 2027. La defensa plantea que el exministro destine esa parte de su pensión al pago de las multas y que el resto de la deuda quede liquidado antes del 22 de junio de 2028. El escrito contempla, además, que el abono pueda completarse antes si Ábalos consigue cobrar determinadas cantidades que reclama en otros procedimientos judiciales.
Como alternativa, su abogado solicita que se aplace el pago íntegro hasta esa fecha o hasta que sea firme la resolución de uno de los recursos contencioso-administrativos mencionados en el documento, si llegara antes.
La defensa también propone una fórmula para garantizar que las cuotas se ingresen sin depender de la operativa bancaria del exministro. Plantea que el Supremo pueda ordenar al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que retenga directamente la cantidad correspondiente de la pensión y la transfiera a la cuenta de depósitos y consignaciones del tribunal.
De esta manera, el pago se realizaría antes de que el dinero llegase a manos de Ábalos. El abogado invoca los mecanismos previstos en la legislación procesal para que la retención se practique en origen y el tribunal pueda distribuir las cantidades conforme al orden legal de pago.

Una pensión de 2.702 euros netos como único ingreso ordinario
Para justificar el fraccionamiento, el escrito incorpora un certificado del INSS expedido el 13 de julio de 2026. Según ese documento, Ábalos percibe una pensión de jubilación de 3.490,06 euros brutos mensuales, con una retención de 787,36 euros por IRPF. El importe líquido asciende a 2.702,70 euros y se distribuye en catorce pagas.
La defensa sostiene que esa prestación es su único ingreso periódico. En el documento explica que el exministro dejó de percibir las retribuciones vinculadas a su condición de diputado después de que el Congreso suspendiera sus derechos y deberes parlamentarios y que, tras renunciar al acta en enero de 2026, la Cámara rechazó abonarle la indemnización por cese que había solicitado.
A partir de los 2.702,70 euros netos, el abogado calcula la parte que podría embargarse conforme a los tramos legales. La operación arroja los 496,65 euros mensuales que ofrece destinar al pago de las multas. Según esa misma estimación, Ábalos conservaría 2.206,05 euros después de la retención ordinaria.
La defensa recuerda que el cálculo tiene en cuenta las cargas familiares que atribuye al exministro y solicita que se valore su situación económica a la hora de fijar las cuotas. El escrito sostiene que no se trata de eludir el pago, sino de establecer un calendario que permita cumplirlo sin comprometer los ingresos que la ley considera protegidos.
Los gastos familiares y las deudas que alega la defensa
El documento detalla varias obligaciones económicas que, según el abogado, reducen la capacidad de pago de Ábalos. Entre ellas figura una pensión de alimentos de 800 euros mensuales para su hijo menor, además de la obligación de asumir la manutención de su hija y la mitad de determinados gastos extraordinarios y universitarios de ambos.
A estas cantidades se añade un préstamo para la financiación de un Volkswagen Tiguan. Según el contrato incorporado al escrito, la cuota mensual asciende a 478,54 euros y, en la fecha del documento, quedaban pendientes 46 mensualidades. La defensa también recoge deudas en vía ejecutiva por un total de 1.274,09 euros, correspondientes a obligaciones tributarias y sanciones de tráfico, con sus recargos, intereses y costas.
Con ese conjunto de gastos, el abogado sostiene que la cantidad disponible para afrontar las responsabilidades económicas es limitada. El escrito calcula que, incluso destinando al pago de las multas toda la parte embargable de la pensión durante el periodo propuesto, Ábalos no podría cubrir los 52.500 euros únicamente con sus ingresos ordinarios.
Por eso, la propuesta contempla utilizar también posibles cantidades que el exministro espera percibir de otros litigios. La defensa ofrece afectar esos créditos al pago de la deuda para completar el importe pendiente antes del plazo máximo solicitado.
El Supremo tendrá la última palabra sobre el calendario
La petición se fundamenta en la posibilidad de adaptar las cuotas y los plazos cuando la situación económica del condenado ha variado después de la sentencia. La defensa invoca el artículo 51 del Código Penal y solicita que el tribunal tenga en cuenta los ingresos, las cargas y las circunstancias que describe en el escrito.
También pide que, mientras Ábalos cumpla el calendario que eventualmente autorice la Sala, no se declare la responsabilidad personal subsidiaria por impago. Su argumento es que un pago aplazado aprobado judicialmente no puede equipararse a un incumplimiento de la obligación.
La decisión corresponde ahora al Tribunal Supremo, que deberá valorar la documentación económica y las condiciones de ejecución de la condena. Los 496,65 euros mensuales son la cantidad que propone pagar Ábalos, no una cuota que la Sala haya aprobado. Su estrategia pasa por convertir la pensión en la principal fuente de financiación de las multas y conseguir que el tribunal acepte un calendario que se prolongaría hasta junio de 2028.
