Juicio por los incendios de Vilardevós (Ourense): el fiscal pide seis años de cárcel y 833.786 euros de extinción

La Audiencia Provincial de Ourense celebra en diciembre la vista preliminar contra Emilio F. A., reincidente en fuegos de la misma comarca. Su prohibición de residir en la zona expiró en julio de 2022, tres años antes del arresto.

El juicio por los incendios de Vilardevós afronta su recta final con seis años de cárcel y 833.786 euros de extinción.

Cuatro focos en tres minutos y 587 hectáreas calcinadas

La Audiencia Provincial de Ourense ha fijado para el próximo mes de diciembre la vista preliminar previa al juicio oral contra Emilio F. A., el hombre al que la Fiscalía atribuye el incendio declarado la noche del 1 de agosto de 2025 en este municipio del sur de la provincia. El escrito de conclusiones provisionales del ministerio público sostiene un delito continuado de incendio forestal con la agravante de reincidencia.

El relato del fiscal es minucioso. Sobre las 22.57 horas de aquella jornada, el acusado circulaba en un Mercedes Clase E por la carretera OU-1006, la que enlaza Terroso y Soutocovo. Se detuvo, aplicó una fuente de calor sobre la vegetación de cada margen de la calzada y siguió camino. Tres minutos más tarde, 1.340 metros más adelante, repitió la maniobra. Cuatro focos encendidos en tres minutos con un Índice de Riesgo Diario de Incendio en nivel muy alto.

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El fuego tardó una semana entera en darse por extinguido, hasta el 8 de agosto, y calcinó 587,70 hectáreas. Afectó al entorno de siete localidades, y obligó a confinar de forma preventiva a los vecinos de dos núcleos, Doña Elvira y el barrio de As Picotas. Las llamas entraron además en el Área de Especial Interés Paisajístico de la Serra de Penas Libres y en un tramo de la Vía de la Plata, el trazado del Camino de Santiago que cruza la comarca. Hubo dos heridos leves, entre ellos un brigadista intoxicado por inhalación de humo; ninguno de los afectados ha reclamado indemnización.

La petición del ministerio público es contundente: seis años de prisión, una multa de 3.600 euros y una indemnización de 833.786,71 euros a la Xunta de Galicia (el gobierno autonómico con sede en Santiago de Compostela) por los gastos de extinción. Ocho jornadas de medios aéreos, brigadas y maquinaria que la Administración gallega quiere recuperar vía condena.

Cada gran incendio deja dos facturas: la ecológica, que tarda décadas en pagarse, y la de extinción, que acaba reclamándose en un juzgado.

El fiscal añade la agravante de reincidencia. En febrero de 2018, con sentencia firme en junio de aquel año, el Juzgado de lo Penal número 2 de Ourense ya lo condenó por un delito continuado de daños por incendio en la misma zona de Terroso. Aquella resolución llevó aparejada una orden de alejamiento y la prohibición de acudir o residir en el entorno durante cuatro años. Ese destierro quedó extinguido el 18 de julio de 2022, tres años antes de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Verín decretara su prisión provisional, el 20 de agosto de 2025, tras su detención en la operación Penas Libres. A ese historial se suman otras causas penales pendientes. Tres años entre el fin del destierro y el nuevo fuego.

La primera causa de la ola de 2025 y la factura pública

incendio forestal Ourense

Vilardevós no fue un incendio más en el registro de aquel verano: actuó como antesala de la ola que arrasó la provincia de Ourense en agosto de 2025, y esta es la primera de aquellas causas que llega a la Audiencia. El dinero también cuenta. 833.786,71 euros por ocho días de extinción equivalen a más de 104.000 euros de gasto público por jornada.

El dinero es la parte visible. La otra es la secuencia: una condena en 2018, una prohibición de residir en la comarca que decae en 2022 y un nuevo incendio en 2025 en la misma carretera. Qué ocurre cuando una medida de alejamiento expira es la pregunta que el procedimiento no resuelve y que la agravante de reincidencia deja sobre la mesa. El juicio oral deberá dilucidar autoría y dolo con prueba pericial sobre los cuatro focos y las condiciones meteorológicas.

El Laboratorio Gallego

Galicia lleva años discutiendo el mismo dilema: gastar en apagar o gastar en prevenir. En el Parlamento de Galicia (la cámara legislativa unicameral, con 75 deputados), la política forestal ha sido terreno de confrontación recurrente entre el PPdeG (el Partido Popular de Galicia, que gobierna la Xunta con mayorías absolutas desde 2009) y una oposición que cada verano reclama más medios propios, mejor gestión del monte y franjas de seguridad limpias.

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El BNG (el Bloque Nacionalista Galego, primera fuerza de la oposición) y el PSdeG (la federación gallega del PSOE) han coincidido en situar la prevención como el flanco débil del modelo, mientras el Gobierno gallego defiende su coordinación y su inversión en extinción. La competencia forestal es autonómica, pero la financiación estatal de medios y la coordinación de emergencias han sido fuente recurrente de fricción entre Santiago y Madrid.

La lectura nacional está en el calendario. Alberto Núñez Feijóo construyó buena parte de su discurso de gestión sobre el modelo gallego, y la Xunta de Alfonso Rueda lo reivindica cada vez que cierra una campaña de verano con balance. Lo que Galicia ensaya en prevención y extinción tiende a aparecer después en el debate nacional sobre el medio rural y sobre el coste de los grandes incendios.

Queda la proyección. La vista preliminar de diciembre de 2026 abrirá paso al juicio oral, y las demás causas de la oleada de 2025 esperan turno en los juzgados de Ourense. Cada condena con indemnización fija un suelo para la siguiente, y la próxima campaña de incendios volverá a medir un sistema que en Vilardevós se jugó 587 hectáreas, siete aldeas y ocho días de medios públicos.

Ficha del Caso

  • El caso: La Audiencia Provincial de Ourense celebra en diciembre de 2026 la vista preliminar por el incendio de Vilardevós, el fuego que abrió la ola de agosto de 2025 en la provincia.
  • Datos importantes: El fiscal pide seis años de prisión, 3.600 euros de multa y 833.786,71 euros de indemnización a la Xunta por ocho días de extinción. El fuego quemó 587,70 hectáreas y afectó a siete localidades.
  • Resumen: Primera causa de la oleada de 2025 en llegar a juicio. El caso mide el coste público de la extinción y reabre el debate sobre prevención y seguimiento de condenados por incendios en Galicia.
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