La Policía Nacional ha detenido en Burgos al principal instigador en España de la organización ciberterrorista prorrusa NoName057(16) y ha frustrado la creación de su primera célula estable en el país.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha ocurrido? La Policía Nacional ha detenido a un varón por su presunta integración en la organización ciberterrorista NoName057(16) y por enaltecimiento del terrorismo.
- ¿Dónde y cuándo? En Burgos; la operación se ha conocido este viernes 20 de noviembre.
- ¿Qué resultado? Un detenido, 447 ciberataques atribuidos al grupo en España desde 2024 y la primera estructura física de la organización desarticulada antes de activarse.
Una célula que daba el salto del ciberespacio al territorio
Hasta ahora, la actividad de NoName057(16) en España se había limitado al ciberespacio. Los investigadores le atribuyen 447 ciberataques desde 2024 contra instituciones públicas, entidades bancarias y empresas de transporte, la mayoría de ellos ataques de denegación de servicio diseñados para dejar fuera de combate portales y servicios digitales durante horas.
El arrestado constituía, según las pesquisas, la primera implantación física consolidada del grupo en España. No se trata de un simpatizante aislado: realizaba labores de propaganda, enaltecimiento y captación en favor de la organización, y con su detención «se frustra» el inicio de las acciones violentas que la estructura pretendía poner en marcha desde territorio español.
De la propaganda a la captación de nuevos miembros
La investigación sitúa al detenido en el escalón de mando de la célula. Su tarea consistía en dar cobertura ideológica al grupo, difundir sus acciones y reclutar a nuevos colaboradores en España, una función que los especialistas en terrorismo consideran clave para transformar simpatizantes dispersos en una red operativa. Se le investiga por su presunta integración en la organización y por enaltecimiento del terrorismo, y la investigación continúa abierta.
NoName057(16) es un colectivo prorruso especializado en DDoS (ataques de denegación de servicio distribuido, que saturan un servidor con peticiones masivas hasta tumbarlo) y en la publicación de listas de objetivos civiles e institucionales. Desde el inicio de la invasión de Ucrania ha dirigido sus cibertataques contra administraciones públicas, bancos y operadores de transporte de países europeos que apoyan a Kiev.
La operación demuestra que la Policía Nacional no solo contiene el ciberataque: persigue a quien lo ordena dentro y fuera del ciberespacio.
La dimensión física del arresto es lo que otorga relevancia a la operación. Las unidades de información de la Policía Nacional seguían desde hace meses el rastro de un detenido que operaba con herramientas de anonimización propias del ecosistema hacktivista. El salto del ciberespacio al territorio —captar, coordinar y dar soporte material a una célula— es el paso que la investigación ha cortado antes de que se produjera.
El panorama de la ciberseguridad
El cibercrimen es ya la amenaza de mayor crecimiento en España. Los balances periódicos del Ministerio del Interior sitúan el fraude informático y la estafa digital por encima de los 100.000 hechos anuales, la tipología delictiva que más crece y la que obliga a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a operar en un terreno donde el delincuente no necesita cruzar una frontera para atacar. El INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad, el organismo público que atiende a empresas y ciudadanos) y el CCN-CERT (el equipo de respuesta ante incidentes del Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI, que protege las infraestructuras críticas) mantienen alertas permanentes sobre la actividad de los colectivos prorrusos.
La eficacia policial se mide aquí en dos planos. En el preventivo, la Policía Nacional ha intensificado desde 2022 la persecución de los colectivos hacktivistas alineados con el Kremlin, con identificaciones y detenciones que han forzado al grupo a operar con mayor cautela. En el operativo, el arresto de Burgos confirma que la respuesta del Estado no se limita a blindar servidores: alcanza también a la estructura humana que sostiene la propaganda. La comparación con las oleadas de 2022 y 2023, cuando los ataques DDoS contra administraciones españolas se contaban por centenares en pocas semanas, dibuja un cambio de tendencia sostenido.
La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones en los próximos meses. La cooperación con Europol (la agencia policial de la Unión Europea que coordina operaciones transnacionales) y con el CCN-CERT resulta determinante en un fenómeno donde los nodos de mando se reparten por varios países. Las pesquisas sobre la red de captación del detenido continúan activas, y la estrategia del Ministerio del Interior contra el ciberterrorismo contempla reforzar la vigilancia sobre los foros donde estos colectivos reclutan colaboradores. El INCIBE mantiene, además, sus campañas de concienciación para que empresas y administraciones locales reporten intentos de saturación.

