Conde-Pumpido avala el decretazo y da oxígeno a Sánchez hasta el 29-N: Vox ya tiene su argumento

El Tribunal Constitucional respaldó en 2023 el uso masivo del decreto-ley con los votos del bloque progresista. La convalidación de las normas aprobadas en campaña queda ahora en manos de la Diputación Permanente, donde las mayorías no dependen de Junts.

El aval de Conde-Pumpido al decretazo da oxígeno a Sánchez hasta el 29-N y entrega a Vox su argumento de campaña.

El presidente del Tribunal Constitucional recuperó en 2023 una sentencia que él mismo había redactado años antes y que avalaba el uso masivo del decreto-ley por parte del Gobierno del PSOE. El texto salió adelante con el voto de los siete magistrados del bloque progresista y negaba que el Ejecutivo hubiera incurrido en un uso abusivo o arbitrario de esta figura. Tres años después, aquel pronunciamiento funciona como escudo jurídico de toda una legislatura, según subrayan las fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital.

Para Vox, ahí está la raíz del problema. El partido sostiene desde el inicio de la legislatura que el decreto-ley, la norma que el artículo 86 de la Constitución Española reserva a los casos de extraordinaria y urgente necesidad, se ha convertido en la vía ordinaria del Ejecutivo para sortear al Congreso de los Diputados. No es una herramienta de emergencia, sostienen en el GPVOX. Es un método de gobierno.

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El argumento que Vox ya tiene contra el decretazo

Los números del último tramo preelectoral refuerzan esa tesis. El Ejecutivo ha aprobado en plena campaña dos decretos-ley sobre vivienda: la suspensión de los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030, limitaciones temporales a determinadas compras consideradas especulativas, regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones y un tope del 2 % a la actualización de las rentas en supuestos concretos.

A eso se suman las normas de los denominados martes sociales. Entre ellas, un real decreto-ley con ayudas directas a Ceuta de alrededor de 45,3 millones de euros y medidas de flexibilidad fiscal, el paquete de respuesta a la DANA Adam que provocó inundaciones en octubre y el reconocimiento de las familias monoparentales. Para las fuentes jurídicas consultadas, Sánchez ha empleado la figura para fines políticos y propagandísticos mientras el Ejecutivo gobernaba al margen del Poder Legislativo.

El decreto-ley se ideó como excepción para la urgencia; con este aval se ha consolidado como la herramienta ordinaria con la que el Ejecutivo esquiva al Parlamento.

La pelota, en todo caso, no está en el Tribunal Constitucional. La convalidación o derogación de esos decretos corresponde a la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que asume las funciones de la Cámara cuando ésta se disuelve y en el que se sientan los diputados de la legislatura que expira. Ahí las mayorías son distintas y, como subrayan esas mismas fuentes, no hace falta el voto de Junts.

Qué recorrido tiene el aval de Conde-Pumpido

Ese es el terreno donde el Grupo Parlamentario VOX puede rentabilizar el desgaste. La aritmética de la Diputación Permanente no se rige por los pactos de investidura ni por la lógica del Pleno, y cada convalidación se convierte en una votación nominal en la que los grupos retratan su posición sobre el abuso del decreto-ley. Los 33 diputados del GPVOX, tercera fuerza del Congreso, tienen ahí una plataforma limitada, pero útil para fijar discurso de cara al 29-N.

El resultado práctico, sin embargo, depende del PP. Cualquier mayoría alternativa a la del Gobierno en la Diputación Permanente pasa por sus votos, y en la dirección de Vox se asume que los populares no van a reabrir ese frente en plena campaña, según fuentes parlamentarias consultadas por este medio. El pulso, por tanto, se libra tanto en la Cámara como en la opinión pública.

La estrategia de Vox

Hay un precedente que explica por qué el partido quiere explotar el asunto ahora. Vox lleva desde 2023 denunciando que el aval del Tribunal Constitucional a los decretos-ley normalizó una forma de legislar que se ha repetido después con cada paquete de ayudas y cada reforma exprés. Y ha hecho de esa crítica un marcador de perfil frente al PP: en la lectura de la dirección, donde los populares hablan de gestión, Vox habla de separación de poderes.

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Con las generales del 29 de noviembre a la vuelta de la esquina, el calendario juega a favor de ese relato. Quedan nueve días de campaña. Lo que Vox se juega no es el marcador de la Diputación Permanente, sino instalar en el electorado la idea de que el problema no es solo un presidente que abusa del decreto-ley, sino un tribunal que lo bendice. Ese es el argumento. Y ya está escrito.

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