Andalucía se ha convertido en la primera comunidad autónoma en adaptarse al Plan General de Emergencias del Estado (PLEGEM). La Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, liderada por Antonio Sanz, ya dispone de un Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía (PTEAnd), un compromiso del Gobierno del popular Juanma Moreno Bonilla para detallar la planificación y respuesta ante una emergencia de manera anticipada.
Gracias a este Plan, Andalucía va a mejorar la coordinación de los operativos que intervienen en las situaciones de emergencia y a establecer un sistema de respuesta ante las emergencias adecuado a las nuevas realidades: como una pandemia, la ciberseguridad o el uso de drones. Además, va a fomentar la participación de la ciudadanía.
El Plan andaluz cuenta con nuevas metodologías de análisis de riesgo y tiene en cuenta el patrimonio cultural y natural de Andalucía, es decir, bienes de interés, parques y espacios protegidos. También reforzará el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de Andalucía, que se encargará de transmitir la información a los diferentes servicios que intervienen en cada caso particular.
EL PLAN DE ANDALUCÍA REVISA EL QUE HABÍA DESDE 2011
El plan tiene en cuenta a los nuevos 15 municipios con los que cuenta Andalucía (786) y es resultado de una revisión en profundidad de este mismo plan aprobado en 2011, ya que desde entonces se han producido cambios importantes de tipo legislativo, sin olvidar que la tecnología y los sistemas de avisos han evolucionado y las necesidades que originó la gestión de la pandemia originada por el Covid-19.
Las funciones del PTEAnd son posibilitar la coordinación de los servicios, medios y recursos intervinientes; optimizar los procedimientos de previsión, prevención, protección, intervención y rehabilitación; lograr la integración de los planes de emergencia que se desarrollan dentro de Andalucía; y garantizar la conexión con los procedimientos de ámbito superior, en especial con el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil.
En este decreto han colaborado el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales; de la Comisión de Protección Civil de Andalucía; del Consejo Nacional de Protección Civil; de la Unidad de Igualdad de Género; de la Secretaría General Técnica de la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa; de la Secretaría General para la Administración Pública de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública; de la Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos; y del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, así como del preceptivo dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía.
EMERGENCIA DE INTERÉS GENERAL DE ANDALUCÍA
El Gabinete de Crisis será presidido por el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía y procederá al cambio del PTEAnd desde la Fase de Emergencia Situación Operativa IGAnd, a la fase y situación que se considere en función de la evolución de la emergencia o a la desactivación de éste, si cesan las condiciones que originaron su activación.
Cabe recordar que el Consejo de Ministros, en su reunión del día 15 de diciembre de 2020, aprobó el Plan General de Emergencias del Estado (PLEGEM) para mejorar la coordinación de las administraciones que participan en el Sistema Nacional de Protección Civil; y facilitar así la integración del conjunto del Sistema Nacional de Protección Civil en otros sistemas nacionales como el Sistema de Seguridad Nacional.
Su fin era atender emergencias inespecíficas y de naturaleza multirriesgo a las que los planes ordinarios no dan una respuesta concreta. En estas emergencias se incluyen aquellas con baja probabilidad de que sucedan, pero de muy alto impacto, como puede ser la crisis sanitaria de la Covid-19.
Entre las novedades del Plan destacaron la creación del Mecanismo Nacional de Respuesta en Emergencias, basado en el modelo europeo, que permite movilizar los recursos del sistema entre comunidades autónomas en situaciones que no hayan sido declaradas de interés nacional. Y la creación del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD), que es el órgano de integración y participación de las Administraciones Públicas y organismos implicados en la gestión de las emergencias que activen el PLEGEM.
Además, el Ministerio del Interior puede designar representantes de otros órganos, en función de la tipología de la emergencia y de los recursos cuya movilización sea necesaria. Entre otros, podrá haber representantes de los Ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y de Defensa, así como del Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno, para el caso de actuaciones en el exterior.
LOS MEDIOS CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES
En junio de 2023, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, subrayó que los medios contra los incendios forestales se integran en el Sistema Nacional de Protección Civil, un elemento nuclear en la actuación frente a las catástrofes y emergencias. Para profundizar en su mejora, el Consejo de Ministros actualizó la Norma Básica de Protección Civil, que no había sido modificada desde su aprobación en el año 1992.
Según Grande-Marlaska, es el segundo instrumento normativo más importante del Sistema Nacional porque asegura la coherencia de todos los planes sectoriales y territoriales de Protección Civil y su correspondencia con el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil. El texto recogía los criterios generales del contenido mínimo de los planes, las directrices básicas para la identificación de los riesgos de emergencia y las actuaciones necesarias para su gestión mediante una planificación coherente y homogénea.
Los riesgos que deben de ser objeto de planes específicos incluyen: inundaciones, terremotos, maremotos, riesgos volcánicos, fenómenos meteorológicos adversos, incendios forestales, accidentes en instalaciones con sustancias químicas, biológicas, nucleares o radioactivas, accidentes de aviación civil, accidentes de transporte de mercancías peligrosas y protección de la población en caso de conflicto bélico.
