Los trabajadores penitenciarios se han concentrado este viernes 15 de marzo por la mañana a las 12.00 en las puertas de las prisiones españolas en repulsa del asesinato de la trabajadora del centro penitenciario Más D´Enric de Tarragona. Han sido 81 concentraciones en los centros penitenciarios de la red que administra el Ministerio del Interior, que son todos, excepto los que rige la Generalitat de Cataluña y las que administra el Gobierno del País Vasco, promovidas por los sindicatos CSIF, ACAIP-UGT, CCOO, CIG y TAMPM.
El pasado miércoles, Nuria acudió a su puesto de trabajo, pero no pudo volver a casa, un interno sesgó su vida y tiñó de negro a todos los empleados públicos penitenciarios, tanto de Cataluña como del resto de España. El interno, destinado en la cocina del centro, acabó con la vida de la cocinera de servicio en dicho departamento para después, acabar suicidándose, y dejando helados a los trabajadores penitenciarios.
Hay que adaptar el tratamiento al perfil concreto de cada interno, es decir, la individualización del tratamiento
Consternación, rabia y dolor, son los sentimientos de todos los compañeros de Nuria, tanto los que la conocían como los que se han puesto en su piel. «La pregunta que nos hacemos los trabajadores penitenciarios es ¿dónde será el siguiente? La política penitenciaria actual centrada en maquillar estadísticas, no tiene en cuenta uno de los principios básicos de nuestra legislación penitenciaria, que es adaptar el tratamiento al perfil concreto de cada interno, es decir, la individualización del tratamiento. No se pueden aplicar políticas generalistas a perfiles tan distintos», señalan fuentes sindicales.
AGENTE DE AUTORIDAD Y PROFESIÓN DE RIESGO
La población reclusa ha cambiado mucho en los últimos 20 años y el sistema debe adaptarse a estos cambios, tanto en protocolos, como en dotación de medios materiales y humanos. Es inconcebible que, en 2024, los trabajadores penitenciarios aún no sean considerados agentes de autoridad a la hora de realizar sus funciones, una reivindicación histórica del colectivo que debe ser asumida como prioridad para la clase política, no se puede quedar en palabras vacías que no se concreten en las modificaciones legislativas precisas para dotar de esta condición a los empleados públicos que trabajan en las prisiones españolas. «Hemos rendido nuestro más sentido homenaje a nuestra compañera Nuria, el primer asesinato de un trabajador penitenciario en su puesto de trabajo. No puede volverse a repetir», informaban fuentes sindicales.
El sindicato ‘Tu abandono me puede matar’ (TAMPM) acudió a estas concentraciones con camiseta negra como señal de luto y para visibilizar ante la sociedad y los políticos que desgraciadamente se ha cumplido su lema. «Es necesario un cambio de las políticas penitenciarias de ‘buenismo’, dotación de medios personales y materiales, y más que nunca, reconocimiento de agente de autoridad y profesión de riesgo para evitar que hechos como este puedan volver a producirse», insistieron, pues en la situación actual y con los protocolos vigentes se sienten una especie de «mayodomos».
UNA AGRESIÓN A FUNCIONARIOS DE PRISIONES CADA 16 HORAS DE MEDIA
Nada más dar las condolencias las familias, los representantes sindicales expusieron que vienen avisando desde hace tiempo que algo así podría ocurrir. «El colectivo de trabajadores se enfrenta a una media de una agresión cada 16 horas, agresiones que revisten cada vez de mayor virulencia, acompañada desgraciadamente, de una creciente impunidad para los internos. Todo ello, contribuye a hacer muy dura la labor que dichos trabajadores tienen que desempeñar en su día a día, en el interior de las prisiones».
Mientras todo esto sucede, «la sociedad ignora que para dicho desempeño no ostentamos ni siquiera la condición de autoridad, ni estamos catalogados como profesión de riesgo, algo que lamentablemente y a la vista de los resultados sí que somos», subrayaban fuentes de TAMPM, que se unen así a las reivindicaciones de los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, que tampoco son considerados aún profesión de riesgo.
Los funcionarios de prisiones están muy molestos además con la consejera de Justicia, Gemma Ubasart, ya que denuncian que ha habido más agresiones. «El incremento brutal de agresiones es consecuencia de la política penitenciaria que ella ha implantado y que todos sus secuaces, bien remunerados y apoltronados, llevan a término sin reparo moral y ético. Esos falsos técnicos y altos cargos que conocen las prisiones, pero les es igual mientras sigan medrando», denuncian trabajadores de la prisión donde se ha producido al asesinato a través de TAMPM.
«La consejera, el secretario sectorial, el director general, los técnicos eternos de puestos intercambiables se mostrarán apenados y compungidos para acto seguido olvidar a nuestra compañera y a su destrozada familia», reprochan indignados, pues consideran que han convertido a las prisiones catalanas en «el sumidero de miseria ética y política en la que han convertido las prisiones catalanas».
De hecho, los funcionarios de prisiones creen que el adelanto de la convocatoria electoral en Cataluña, comicios previstos para el 12 de mayo según anunció Pere Aragonès, «convertirá la barbaridad del asesinato de nuestra compañera en un breve en las noticias de medios», pues el foco mediático se centrará en los candidatos, resultados y posibles pactos, en vez de en la solución de este grave problema.
MEDIDAS DE VERDAD Y NO CONCENTRACIONES DE CINCO MINUTOS
Por ello, los funcionarios exigen «medidas de verdad, no concentraciones de cinco minutos ante la dirección general o ante los centros. Deben revertirse todas esas circulares, instrucciones y órdenes que son la causa del aumento desbocado de agresiones físicas, sexuales y de todo tipo que son el pan nuestro de cada día en las cárceles catalanas».
Además, desvelan que ha habido cinco funcionarios agredidos, con rotura de pómulo incluida por los golpes en la cabeza y mordiscos incluidos, en Quatre Camins, por «la aplicación de un protocolo ilegal, que nadie osó firmar, y que pasó todos los filtros de la Junta de Tratamiento, Comisión Disciplinaria, Dirección y todos los órganos técnicos y políticos de Consejería».
El Caso informó de este suceso y del «invento» de la administración de prisiones, la cual depende del Departament de Justícia de la Generalitat, que se basa en poner una vigilancia especial y supervisión intensiva a un interno, en este caso por las múltiples agresiones realizadas previamente. Por todo ello, la asociación de prisiones exigió que «se aclare quien es el autor de esta orden y el conocimiento que tiene la dirección del centro».
