Las prisiones españolas han terminado el año 2023 con un triste récord, el de 508 agresiones a los funcionarios de prisiones en un total de 62 cárceles y dos hospitales psiquiátricos penitenciarios en España, uno en Sevilla y otro en Foncalent (Alicante) a manos de los internos que custodian en los centros penitenciarios.
El sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) ha dado la voz de alarma tras conocer los datos oficiales de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, ya que se ha producido un incremento del 12% en el global de las agresiones sufridas, pues han pasado de un total de 453 agresiones en 2022 a 508 agresiones sufridas en 2023, que resulta ser el más violento de los últimos nueve años.
en 2023 se produjo una agresión cada 17 horas de media
Para hacernos una idea mejor de la gravedad del asunto, esas cifran implican que los funcionarios de instituciones penitenciarias sufrieron una agresión cada 17 horas de media. Además, de las agresiones registradas en 2023, el 51,9% son de carácter leve, el 46% de las agresiones fueron sin lesiones y el 1,9% las causaron de carácter grave. Además, «decimos que las estadísticas están ‘cocinadas’ porque a pesar de que son verdaderas las que están, faltan muchas más que no contabilizan», denuncia el sindicato.
AGRESIONES EN TODAS LAS PRISIONES
Las prisiones de Aragón junto a la prisión de Puerto III son las más damnificadas. Según informa TAMPM, los centros penitenciarios zaragozanos de Zuera (27 agresiones) y Daroca (20 agresiones) suman un total de 47 agresiones encontrándose entre las tres prisiones con más violencia sufrida por los funcionarios penitenciarios en el año 2023. Si bien, analizando la estadística, la que tiene 20 agresiones es la de vallisoletana Dueñas (13 con lesiones leves y 7 sin lesiones), pues Daroca registra 3 casos, dos con lesiones leves y 1 sin lesiones).
Otra cárcel especialmente conflictiva es la de Puerto III, que se encuentra empatada en el primer lugar con un total de 27 agresiones. El centro portuense vuelve, por segundo año consecutivo a situarse entre las tres prisiones con mayor probabilidad de agresión a los funcionarios de prisiones, según explica TAMPM.
Según las cifras del secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha habido 234 agresiones sin lesiones, 264 con lesiones leves y 10 con lesiones graves. Las graves se produjeron en las cárceles de Zaragoza, Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla, Ocaña 1, Madrid VI, Madrid V Soto Real -cárcel donde hubo 17 agresiones de distinta consideración (9 sin lesiones, 7 con lesiones leves y 1 con lesiones graves), Lugo Monterroso, Lugo Bonxe, Las Palmas II, Castellón 1 y Albacete. En los dos hospitales psiquiátricos penitenciarios en España, uno en Sevilla y otro en Foncalent (Alicante), también ha habido 12 y 7 agresiones respectivamente.
Ante estos resultados los funcionarios de prisiones exigen que garantizar la integridad y seguridad de los funcionarios sea prioritario para el Gobierno de Pedro Sánchez. Un hecho que reclaman tanto TAMPM como CSIF y UGT-Acaip, que son los tres sindicatos principales que representan al colectivo.
UN CRITERIO DISTINTO A OTROS FUNCIONARIOS
A finales de 2017 la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias aprobó, junto a los sindicatos generalistas CSIF y UGT-Acaip, un protocolo específico para contabilizar las agresiones a los funcionarios de prisiones españolas con un criterio distinto del resto de la Administración General del Estado a la cual pertenecen los empleados penitenciarios.
Con ellos «se consiguió blanquear los datos totales de agresiones y que amenazas de muerte, empujones, tocamientos, escupitajos… no se contabilizasen», apuntan desde TAMPM. Así pues, tras superarse las 300 agresiones anuales en el trienio 2015-2017, la nueva forma de contabilización de agresiones hizo que en los años 2018 y 2019 no llegaran a las 250.
Tras verse reducidas éstas en los años 2020 y 2021 favorecido por el cierre de las instalaciones penitenciarias durante la pandemia y la consecuente disminución de entrada de objetos prohibidos o sustancias estupefacientes por personas ajenas a la institución, una vez vuelta la normalidad el número de agresiones se dispararon en el año 2022 hasta las 453 y las 508 en 2023.
CONDICIÓN LEGAL DE AGENTES DE AUTORIDAD
Desde el sindicato de TAMP denuncian que muchos profesionales tienen reconocida la condición de agentes de autoridad en el desempeño de sus funciones, pero los funcionarios de instituciones penitenciarias son uno de esos colectivos que no la tienen todavía reconocida, a pesar de ser muy demandada.
El retraso para conseguir esa denominación es debido a que, en la pasada legislatura, el Gobierno de España presentó una proposición de ley en julio de 2020 y tras decenas de ampliaciones de plazos en su tramitación fue guardada ‘sine die’ en el cajón. Así se consiguió que, tras tres años de espera, terminara la legislatura y los funcionarios de prisiones siguen desprotegidos.
que los presos no tengan esa sensación de que pueden actuar contra un funcionario de prisiones con impunidad
Alberto Gómez, representante de CSIF en el centro penitenciario de Brians 2, ha explicado a MONCLOA que ese reconocimiento es una de las prioridades del colectivo, pero aparte hay más, pues se necesitan más medios personales y materiales para que la plantilla no sea deficiente y tener más seguridad.
Entre esos equipamientos, destaca los sprays que siguen vetados en las cárceles catalanas o las pistolas táser que utilizan algunos policías. «En general, lo que hace falta es que haya dirigentes valientes para que pongan en marcha las medidas que los solicitamos y que los presos no tengan esa sensación de que pueden actuar contra un funcionario de prisiones con impunidad».
