Seis maltratadores cambian de sexo en Madrid para evitar ser culpables de Violencia de Género

Seis hombres incluidos en la plataforma de Violencia de Género (VioGen) han cambiado de sexo en la Comunidad de Madrid gracias a la Ley Trans que se puso en marcha por el gobierno socialista a mediados de 2023. Estos varones estaban incluidos en el sistema VioGen porque sus ex parejas los habían denunciado por maltrato ahora han decidido ser mujeres, solo han necesitado hacer una declaración oficial de que se sienten mujeres. Pero además, para rizar el rizo tres de ellos han pedido protección y ser acogidos en el mismo sistema VioGen como víctimas de sus ex parejas. Si llegaran a ser juzgados se les aplicaría la ley de violencia doméstica, en caso de que hubiese convivencia, con penas menores a la ley VioGen.

La picaresca surrealista ha sido recogida por el diario El Mundo haciendo mención a datos recogidos por el registro de la Comunidad de Madrid. Uno de los casos es especialmente sangrante, puesto que uno de los presuntos maltratadores ha pedido ingresar en el mismo centro de acogida para mujeres víctimas en el que se encuentra acogida su ex pareja huyendo de él, o de ella. Lo que ganan es que en caso de ser juzgados ya como mujeres solo podrían ser condenados como culpables de Violencia Doméstica y no culpables según la Ley de Violencia de Género, que recoge penas más duras.

QUIERE INGRESAR EN EL MISMO CENTRO DONDE ESTÁ SU VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

No es el único caso, en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón uno de estos presuntos maltratadores, pero ya con el DNI cambiado como mujer, ha pedido ser atendido en el mismo punto municipal del sistema VioGen donde es atendida su ex pareja, a la que él habría maltratado.

El tercer caso de estos hombres presuntos maltratadores que ahora dicen sentirse mujeres es el de un varón denunciado por su ex pareja por violación usando métodos de sumisión química, es decir, primero la drogaba y luego la violaba. El problema es que cuando la víctima ha acudido a poner la denuncia se ha encontrado que el hombre ya era una mujer, o al menos en el Registro. Por tanto, no ha podido ser incluida en el protocolo de especial protección para víctimas de malos tratos según la Ley de Violencia de Género 2024.

Ninguna de las peticiones de estos hombres ha sido hasta el momento atendida, pues se estudia un posible fraude de ley y han generado inquietud entre los propios trabajadores de VioGen, repartidos en 55 puntos por todo Madrid, porque independientemente de las medidas cautelares que prescriban los jueces, ahora están pendientes de que no se acerquen a sus víctimas o al entorno donde viven.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha dado la voz de alarma a la ministra Ana Redondo para ayudar a las víctimas de la violencia de género.
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha dado la voz de alarma a la ministra Ana Redondo para ayudar a las víctimas de la violencia de género.

ANA DÁVILA DA LA VOZ DE ALARMA A ANA REDONDO PARA AYUDAR A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

Ha sido la Consejera de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, quien ha dado la voz de alarma en una carta dirigida a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la que solicita que «nos indique la forma de proceder para que, por un lado no se ponga en peligro la integridad de las víctimas de violencia, y por otro, además de evitar la discriminación, se tienda a fomentar la igualdad de oportunidades en cualquier ámbito de nuestra sociedad».

Además de estos seis presuntos maltratadores, otras tres mujeres, antes hombres, han pedido información sobre las ayudas como víctimas de Violencia de Género en Móstoles, Velilla de San Antonio y en la Mancomunidad del Sudeste. Ninguno de ellos ha recibido resolución ninguna de la Comunidad, que de momento sólo le ha solicitado datos como empadronamientos mientras esperan la decisión de Igualdad.

Los datos de Madrid arrojan que el pasado año hubo 9.002 víctimas de violencia de género en toda la Comunidad de Madrid, 79 denuncias diarias, lo que supuso un aumento del 8,7 % respecto al año anterior, según el Observatorio regional de Violencia de Género.

A JUICIO DEL FUNCIONARIO DEL REGISTRO

En realidad los funcionarios que tienen que decidir sobre cada caso particular deben interpretar la instrucción de Igualdad dictada en verano de 2023, que establece el procedimiento a seguir. Ese texto ya hablaba de evitar el «fraude de ley o abuso de derecho», pero no determina cómo un funcionario del Registro puede comprobar si es cierto o no que alguien con aspecto de hombre haya decidido ser mujer.

La norma permite realizar este cambio sin informes médicos o psicológicos o someterse a un tratamiento hormonal, como ocurría antes, pero tampoco existen mecanismos para perseguir ese posible fraude al exigir como único requisito para cambiar de sexo la mera voluntad del interesado expresada por escrito.

CON UNA MERA DECLARACIÓN DE VOLUNTAD ES POSIBLE CAMBIAR DE SEXO

Pero tampoco la ley establece sanciones o multas para quienes se aprovechen de la nueva ley Trans, algo casi imposible de demostrar tal y como está redactada, ya que vale con una mera declaración de voluntad. La ley permite el cambio de sexo sin ningún control a partir de los 16 años. Entre los 14 y los 16, el menor deberá estar acompañado por sus progenitores o tutores y de los 12 a los 14, tendrán que hacerlo con una autorización judicial.

Si ahora finalmente estos seis presuntos agresores llegaran a juicio y fueran condenados lo serían dentro del ámbito de violencia doméstica, ya que la Ley Trans precisa que «la persona que rectifique la mención registral del sexo pasando del sexo masculino al femenino podrá ser beneficiaria de medidas de acción positiva adoptadas específicamente en favor de las mujeres en virtud del artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, para aquellas situaciones generadas a partir de que se haga efectivo el cambio registral».

Este artículo 11 artículo recoge que «para hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los poderes públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres».