El diputado por Cantabria del Partido Popular, Félix de las Cuevas, ha destacado la aprobación en la Comisión de Industria del Congreso, con los votos en contra de PSOE y Sumar, de la iniciativa de su grupo parlamentario que insta al Gobierno de España a dedicar el 25% de los ingresos de CO2 para que las empresas electrointensivas dispongan de un precio estable y competitivo.
A principios de 2024, el Gobierno de Pedro Sánchez anunció que ampliaría las ayudas a la industria electrointensiva para las compensaciones por emisiones de CO2 hasta los 300 millones de euros, un 25% más que en 2023, según anunció el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. Ante la Comisión de Industria y Turismo del Congreso de los Diputados, Hereu afirmó que el objetivo del Gobierno era incluir el incremento esta partida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024. Si finalmente no los hay, la partida que viene manejando el Gobierno tanto en 2022 como en 2023 es de 244 millones, tras un notable incremento, ya que eran apenas 6 millones de euros en 2018.
PSOE VOTA EN CONTRA EN CANTABRIA DE LO QUE QUIERE RIBERA
De las Cuevas dijo que «es de celebrar que esta iniciativa haya salido adelante», pero a renglón seguido añadió que también es una decepción ver que el PSOE vota en contra de unas ayudas a las industrias electrointensivas tan importantes para Cantabria (y otras zonas del norte) y que, además, aportan empleo de calidad a muchos cántabros». Al respecto, puso como ejemplo a empresas como Global Steel Wire, Ferroatlántica, Forgings and Castings, Bondalti, Sidenor o la calorintensiva Solvay, entre otras, y alertó de que «no apoyar a estas industrias, es correr un grave riesgo de deslocalización de las mismas».
También mostró su sorpresa por el hecho de que, en la reciente reunión con el consejero de Industria, Eduardo Arasti, la ministra para la Transición Ecológica, la socialista Teresa Ribera, asumiera la necesidad de mejorar las ayudas, con especial atención a las bonificaciones por emisiones de CO2. «Resulta incomprensible, aunque ya nos podemos esperar cualquier cosa, que la ministra apueste por mejorar las ayudas y el Grupo Socialista vote en contra. O la ministra ha faltado a la verdad y no tiene ningún interés por estas empresas o no hay coordinación», apostilló.
COMPETIR CON LOS PRECIOS DE FRANCIA O ALEMANIA
Arasti reclamó a la ministra modificaciones en la política energética del Gobierno de la nación para garantizar que las empresas electrointensivas puedan competir en términos de igualdad con sus homólogas francesas o alemanas, donde el precio final de la energía es dos y tres veces más barato que en España. Además, repasaron juntos la situación de varios proyectos estratégicos para la comunidad, como la ampliación de la central hidroeléctrica de Aguayo o el Corredor del Hidrógeno Verde.
Además, ha trasladado las demandas más importantes detectadas en el proceso de evaluación previo a la planificación de la red de transporte para el periodo 2026-2030, para dar cobertura entre otros a los proyectos de hidrógeno verde, presentes y futuros. Así ha citado los proyectos clave de H2 en los terrenos de la antigua factoría Sniace en Torrelavega, de almacenamiento previsto en Polanco o el de descarbonización de Solvay.
Mientras representa una minoración del 73% del precio del pool alemán o del 65% en Francia, en España el descuento es del 28%, cuando Europa permite una compensación por el coste del CO2 indirecto hasta un importe del 25% del total recaudado en las subastas de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) e, incluso, superar este umbral motivando el exceso. En 2023, el Gobierno español recaudó un total de 3.584 millones de euros en las subastas de derechos de emisión de GEI y la compensación prevista por el Gobierno para este año es de 300 millones, un 8,3%, cuando se podrían destinar un total de 896 millones, aplicando a lo recaudado el límite del 25% permitido por la legislación europea.
Tres años después del estatuto de consumidores, el precio de esta industria en España es tres veces superior al de Francia o Alemania
Además, el parlamentario cántabro del PP denunció que el Gobierno discrimina al sector y que «la política industrial ha ido de más a menos, lo cual es francamente preocupante. La política energética de este país es un ‘no’ al empleo, a la captación de inversiones y a la competitividad de nuestras empresas», pues este tipo de energías pueden general más de 250.000 empleos directos, a los que habría que sumar los indirectos.
De las Cuevas recordó que el precio final que asume esta industria en España es tres veces superior al de Francia o Alemania y criticó la «incapacidad del Gobierno para establecer un precio estable y competitivo tres años después de aprobarse el Decreto sobre el Estatuto de consumidores».
BONIFICACIÓN PEAJES DEL 80%
La iniciativa planteada por el PP reclama también al Ejecutivo central aprobar, con carácter inmediato, un marco de suministro eléctrico competitivo, estable y predecible para dicha industria, así como modificar el Estatuto de los consumidores para que las empresas españolas compitan en igualdad de condiciones que las europeas. También propone mecanismos para reducir el precio eléctrico de la industria, mantener de manera permanente la bonificación de peajes del 80 % y activar las subastas de energía de fuentes renovables específicas.
Joan Batalla, presidente de Sedigas, confía el papel transformador del Paquete de Gas en el marco de la iniciativa Fit for 55 de la Unión Europea, la legislación de la UE para que se ajusten a los objetivos climáticos acordados por el Consejo y el Parlamento Europeo, pues España posee una posición privilegiada para liderar esta transformación, gracias a su favorable geografía, clima, y sectores productivos líderes como el primario y agroindustrial, lo que brinda ventajas únicas en el desarrollo de estas fuentes renovables.
Batalla aboga para que el compromiso de España con estos vectores no solo impulsaría la descarbonización, la seguridad y la independencia energética del país, sino que también colocaría a España a la vanguardia de la exportación de energía limpia hacia el resto de Europa, transformando así el tejido económico y social, y promoviendo un futuro más resiliente, justo, e inclusivo.
Y es que el PP también ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para pedir al Gobierno que las empresas proveedoras de servicios en la Nube o ‘Cloud’ sean reconocidas como consumidores electrointensivos y que los centros de datos o ‘Data Centers’ dispongan de un código CNAE propio.
