Este miércoles la Comisión Gestora de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se reúne a petición de su presidente Pedro Rocha con el objetivo de poner en marcha la convocatoria de elecciones a la presidencia de este organismo. Rocha lo hace en virtud del artículo 21.2 de los estatutos de la RFEF. Sin embargo, Miguel Ángel Galán, presidente de los entrenadores y de la asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, ya ha advertido que de llevarse a cabo impugnará estas elecciones.
Además, Rocha se enfrenta a una denuncia de Galán que podría, cuando menos, inhabilitarlo por petición del Comité Superior del Deportes (CSD) al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) y a una investigación de la Guardia Civil por esta denuncia y otros hechos. Éstas son las acusaciones contra Rocha.
La principal acusación de Galán se basa en la no renovación de 39 de los 143 asambleístas con derecho a voto para las elecciones. Estos asambleístas no son miembros natos de la Federación, que tiene 20 incluidos su presidente y los 19 presidentes territoriales, y según Galán, deberían perder su condición de asambleístas y por tanto de votantes al desaparecer la condición por la que fueron nombrados. Entre ellos por ejemplo están los dos ex seleccionadores nacionales, Luis Enrique, que ahora dirige el PSG francés y Jorge Vilda que entrena a la selección femenina de Marruecos y otros convertidos en ex jugadores como Julén Guerrero, ya retirado, además de ex árbitros que ya han perdido la licencia federativa. Un total de 39 nombres que según Galán no tienen derecho a voto.
La Asamblea de la RFEF representa a todos los estamentos del fútbol, con un voto por cada Comunidad y ciudades autónomas, otros 13 miembros del fútbol sala, 3 de fútbol playa, 108 representantes del fútbol que se dividen en 49 clubes, 32 jugadores, 10 entrenadores y 11 árbitros, profesionales y aficionados. Entre los profesionales, que dependen de los presidentes regionales hay 65, que junto a los 19 presidentes suman 84. Mayoría absoluta de sobra para dar continuidad a la Federación de Luis Rubiales, a no ser que se eliminen esos 39 asambleístas que reclama Galán y que ayudaría a igualar fuerzas.
ROCHA Y LA TOMA DE DECISIONES QUE NO DEBERÍA
En cualquier caso, la Justicia sigue su camino y la Operación Brody de la Guardia Civil es sólo la punta del iceberg de los problemas a los que se enfrentará Rocha en los próximos meses. En primer lugar está la resolución del TAD de 7 de marzo de 2024. Ese dictamen avala que «Pedro Ángel Rocha junco podría haber realizado diferentes actuaciones por las que carece de competencia y en consecuencia el incumplimiento de los estatutos de la RFEF y de la normativa electoral». Es decir, según el denunciante, la Comisión Gestora presidida por Rocha ha efectuado algunos movimientos y ha tomado decisiones que no debería haber tomado.
Según Galán, «Rocha se saltó sus propios estatutos y convocó elecciones a la Asamblea General para el período 2024-2028». Al parecer la Asamblea ya propuso el 24 de mayo como fecha de elección del próximo presidente y la Comisión delegada. «Este trámite ya supuso el inicio del proceso de elección de los órganos de gobierno de la RFEF para el ciclo olímpico 2024-2028, obviando el art. 31 de sus estatutos, que obliga a convocar elecciones a la presidencia antes que a las ordinarias cuatrienales (…)». Para el denunciante, «Rocha se ha saltado ese proceso y ha iniciado los trámites para convocar directamente las elecciones cuatrienales».
Las fechas que ha propuesto como calendario electoral la RFEF establece como inicio del proceso el 15 de marzo, el 26 de abril sería la elección de los miembros de la Asamblea y el 24 de mayo la elección del presidente de la RFEF y la comisión delegada. Para Miguel Ángel Galán, la única competencia de Rocha sería «convocar elecciones a presidente con la actual asamblea, no cambiar la asamblea y luego convocar elecciones».
La segunda de las acusaciones es que «Rocha convocó una asamblea para ponerse un sueldo, aprobar presupuestos y comprometer al futuro presidente de la RFEF». El 21 de diciembre de 2023 la RFEF celebró su asamblea extraordinaria de cierre del año. En aquel acto, «el ente federativo presidido por Pedro Rocha aprobó por una amplia mayoría un presupuesto récord de 392,1 millones para 2024». Además la misma Asamblea aprobó el salario de Pedro Rocha, «manteniendo la retribución de 2023, con un incremento del IPC y la eliminación de la ayuda por vivienda», en total el sueldo queda en 675.000 euros al año. Este punto resultó aprobado por 69 votos a favor y 4 abstenciones.
ROCHA: DESPIDO DE VILDA Y CONTRATO DE TOMÉ
Otra de las acusaciones es que «Rocha despidió al seleccionador nacional de fútbol femenino, Jorge Vilda y contrató a su sustituta Montse Tomé y de esta manera compromete al futuro presidente de la RFEF». Estos actos supondrían para Galán, excederse «de las competencias que le corresponden a un presidente de la comisión gestora». En concreto, para su acusación «el señor Rocha estaría incumpliendo el artículo 76.2a de la Ley del Deporte 1990 y el artículo 32.6 b que dice que las competencias de la Junta Directiva son «designar, a propuesta del presidente, los seleccionadores nacionales así como al equipo técnico» y con el cese de Vilda y la elección de Montse Tomé, Rocha habría incumplido los estatutos, según Galán, ya que Rocha no es presidente de la RFEF sino de una comisión gestora.
El despido de Andreu Camps, secretario general de la RFEF, sería otra de las acusaciones contra Rocha. «El despido o nombramiento del secretario general corresponde al presidente de la RFEF y no al presidente de una comisión gestora, que no tiene competencia para ello», asegura Galán en su denuncia.
«LA DETERMINACIÓN DE SUS FUNCIONES DEBE EFECTUARSE MEDIANTE UNA INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA»
La renovación de Luis de la Fuente como seleccionador nacional sería otro de los incumplimientos de la comisión gestora presidida por Rocha, ya que «dice el TAD, respecto a la comisión gestora, que el carácter excepcional e interino de dicho órgano obliga a que la determinación de sus funciones deba efectuarse mediante una interpretación restrictiva». Otra de las acusaciones es por la retirada de la demanda de la RFEF contra LaLiga por el acuerdo con CVC, que «también comprometería al futuro presidente», añade Galán.
Uno de los acuerdos más polémicos adoptados por Pedro Rocha fue sin duda la concesión del servicio de asistencia al arbitraje (VAR) al grupo Mediapro durante cuatro años y «adjudicó por 4 años la tecnología de detección semiautomática del fuera de juego (SAOT) a Hawk-eye Innovation», según la citada denuncia.
La negativa a celebrar elecciones a la presidencia de la RFEF hasta ahora es una de las cuestiones que también se le reclaman a Rocha, ya que «se constituyó una junta gestora únicamente para convocar (en el mismo acto de constitución) las elecciones de la presidencia de la RFEF», según el denunciante.
Además, un miembro de la comisión gestora, presidente de la federación territorial de Valencia, Salvador Gomar, advirtió el 15 de septiembre de 2023 al señor Rocha «de la ilegalidad que estaba realizando». Luego Gomar solicitó por escrito al presidente del CSD que depurase responsabilidades. Galán explica también que «dos miembros de la comisión gestora, el señor Florentino Pérez y el señor Joan Laporta, dimitieron de la misma por ser contrarios a los incumplimientos del señor Rocha».
