Ana Redondo, ministra de Igualdad, se encuentra inmersa en la investigación para conocer si las actividades que se financiaron a través del Pacto de Estado para la Violencia de Género eran merecedoras o no de dichas subvenciones. Entre ellas, la polémica financiación del ‘Festival de Perreo’ que se llevó a cabo en la localidad Puerto de la Cruz (Tenerife) en octubre de 2022. A pesar de ser un tema que no le corresponde como tal, pues fue aprobado durante el mandato de Irene Montero en Igualdad.
El festival costó la friolera cifra de 105.000 euros y fue orquestado por el Gobierno de Canarias, cuando todavía estaba presidido por Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial. El motivo del evento era dar otro significado a la palabra ‘perreo’ y dotarlo de una visión feminista.
EL ‘FESTIVAL DE PERREO’ NO SERÁ EL ÚNICO ACTO QUE INVESTIGARÁ REDONDO
El reciente anuncio del Ministerio de Igualdad ha sacudido el panorama de eventos financiados por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En un movimiento sin precedentes, se reveló que no solo el controvertido «Festival de Perreo» está bajo escrutinio, sino que se están revisando una serie de actos previamente financiados para asegurar su alineación con los criterios establecidos para recibir subvenciones.
Según declaraciones oficiales, el Ministerio de Igualdad se ha comprometido a investigar exhaustivamente todos los eventos que han sido apoyados financieramente por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Esta revisión tiene como objetivo verificar si los eventos cumplen con los criterios predefinidos para ser considerados aptos para la financiación. En caso de que se descubran irregularidades, se exigirá la devolución de los fondos asignados.
El Ministerio de Igualdad se ha comprometido a investigar exhaustivamente todos los eventos que han sido apoyados financieramente por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género
El anuncio de Igualdad se produce después de la revelación de una convocatoria para una “cena para mujeres” en Cerdedo Cotobade (Pontevedra), programada para el próximo 4 de mayo. Este evento fue promocionado con los logotipos tanto del Ministerio como del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Ante esta situación, el Ministerio de Igualdad anunció su intención de investigar el caso y, si se confirma su financiación a través de los fondos del Pacto de Estado, considerarlo como una actividad no apta para recibir financiación, además de solicitar la retirada inmediata de los logotipos.
ASOCIACIONES FEMINISTAS PIDEN A IGUALDAD UNA INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA
Sin embargo, este no es el único caso que ha llamado la atención del Ministerio de Igualdad. La organización Alianza Contra el Borrado de las Mujeres ha señalado varios eventos que han tenido lugar en los últimos años en diferentes localidades, independientemente de su afiliación política.
Estos incluyen la mencionada “cata de chocolates terapéuticos” que se hizo Bollullos de la Mitación (Sevilla), el carnaval de Plasencia de 2023, un taller de “escritura creativa” en Colmenarejo (Madrid), un taller de elaboración de jabones en Olula del Río (Almería), entre otros eventos que aparentemente carecen de una relación directa con la lucha contra la violencia de género.
Este amplio alcance de la investigación del Ministerio de Igualdad ha generado un intenso debate sobre los criterios de financiación y el uso apropiado de los fondos destinados a combatir la violencia de género. Mientras tanto, las organizaciones involucradas en la planificación de estos eventos enfrentan la presión de demostrar su alineación con los objetivos y principios del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
ASÍ FUNCIONAN LOS FONDOS DEL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
El Ministerio de Igualdad transfiere los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género a las entidades locales, asegurando así que las comunidades y municipios tengan los recursos necesarios para abordar este problema de manera efectiva. Sin embargo, estas transferencias no son un cheque en blanco; las actividades financiadas deben alinearse con los ejes estratégicos previstos para combatir y sensibilizar sobre la violencia machista. Es decir, deben cumplir con unos requisitos.
El escrutinio sobre el uso de estos fondos ha alcanzado un nuevo nivel con la reciente carta emitida por la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres. En ella, la organización argumenta que la Delegación del Gobierno contra la Violencia hacia las Mujeres posee competencias para fiscalizar los fondos del Pacto de Estado, exigiendo una revisión exhaustiva de casos que puedan haber incurrido en un uso inadecuado o fraudulento de dichos recursos.
Ante esta solicitud, el Ministerio de Igualdad ha respondido formalmente comprometiéndose a revisar detalladamente las actividades financiadas a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En caso de que se encuentren discrepancias entre el propósito de las ayudas y la ejecución de las actividades, se tomarán medidas para reclamar los importes correspondientes. Se subraya que este tipo de comprobaciones son una práctica habitual del Ministerio en respuesta a denuncias de este calibre.
Esta revelación arroja luz sobre los mecanismos de supervisión y control que rigen la distribución de fondos destinados a abordar un problema tan grave como es la violencia de género. Mientras tanto, la atención sigue puesta en la efectividad y la transparencia de estas medidas, en aras de garantizar que los recursos sean utilizados de manera adecuada y eficiente en la lucha contra la violencia machista.
