Miles de personas han firmado una petición para que se revise la Ley del Estatuto básico del empleador público para que se equipare con el sector privado la reducción de jornada de los padres que tengan hijos con enfermedades graves y que requieran cuidados continuos.
Según informa la plataforma Change.org, la impulsora de la recogida de firmas es Lucía García, cuya hija tiene un año y una enfermedad grave que la obliga a estar 16 horas al día conectada a una bomba de infusión. Hasta ahora, ha recogido casi 16.000 firmas para solicitar que la reducción de jornada laboral de los funcionarios (actualmente se concede un 75%) y se equipare a la del sector privado (del 99%).
García reivindica que los progenitores que tienen hijos con cáncer y otras enfermedades graves tienen «las mismas necesidades» trabajen en el sector público o en el privado, por lo que indica que «necesitan» que se revise la normativa que regula los permisos de cuidado a los que pueden acogernos los empleados públicos (Ley del Estatuto básico del empleado público – artículo 49 e).
Las familias que están detrás de la iniciativa recuerdan que en muchas familias en situaciones similares, uno de los dos progenitores tiene derecho a una reducción de jornada del 99%, pero que no ocurre así en el caso de los funcionarios: «A nosotros, ante las mismas circunstancias, solo nos conceden un 75% de reducción».
Además, los firmantes de la petición recuerdan que esta revisión debe «garantizar para todos los empleados del sector público, independientemente de su comunidad autónoma, los mismos derechos que se contemplan en el sector privado».
Lucía García y el resto de padres que están moviendo esta iniciativa consideran que se trata de una discriminación injusta para sus hijos. «Solo estamos pidiendo igualdad en los permisos laborales para el cuidado familiar. Mi hija me necesita y no es justo para ella que yo no la pueda cuidar», destacada la impulsora de la iniciativa.
García señala también que muchas familias se están viendo forzadas a dejar sus empleos para poder atender a sus hijos enfermos, «con la consecuente pérdida económica que eso supone y que la mayoría de las familias no nos podemos permitir».
