Los funcionarios de prisiones se distancian más de Marlaska y Ubasart

Los funcionarios de prisiones siguen indignados con los representantes políticos, tanto con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a pesar del reciente encuentro con los directores de los centros penitenciarios y centros de inserción social, como con la consejera de Justicia en Cataluña, Gemma Ubasart, pues no solo no han dimitido, sino que además la política catalana sigue ejecutando acciones que indignan al colectivo.

El sindicato ACAIP denunciaba este miércoles la «hipocresía» de Gemma Ubasart de querer meter a los funcionarios de prisión en formación en un centro donde no quieren alojar a internos, refiriéndose a un módulo prefabricado que «se cae a pedazos» en el centro penitenciario de Brians.

MÁS AGRESIONES ENTRE INTERNOS Y FUNCIONARIOS DE PRISIONES

Además, ha vuelto a haber peleas. En el centro penitenciario de Lledoners dos presos atacaron a otro interno con un pincho de unos 12 centímetros. Los hechos ocurrieron el pasado domingo, según denunció UGT. La agresión se produjo en medio de diversas peleas muy violentas entre internos, por lo que se activó un código 02 en la cárcel. Este hecho, más otra agresión al jefe de la unidad de comunicaciones de Lledoners coincidiendo con el final del Ramadam han vuelto a poner en el punto de mira la peligrosidad de las cárceles catalanas.

No obstante, los funcionarios continúan las movilizaciones en homenaje a Nuria, la cocinera a la que asesinó un preso en la cárcel Mas d’Enric y luego se suicidara. Esa fue la gota que colmó el vaso para que los funcionarios exigieran la dimisión de Ubasart, aun sabiendo que le quedan pocos días de estar en dicho cargo político con motivo de las elecciones catalanas que se celebran el próximo 12 de mayo.

Los funcionarios de prisiones exigen la dimisión de la consellera de Justicia Gemma Ubasart ni el secretario de Medidas Penales, Amand Calderó, además de la de los directores de varias cárceles donde se han producido conflictos.
Los funcionarios de prisiones exigen la dimisión de la consellera de Justicia Gemma Ubasart ni el secretario de Medidas Penales, Amand Calderó, además de la de los directores de varias cárceles donde se han producido conflictos.

Pero fuera de Cataluña, cuya gestión penitenciaria ya compete al Ministerio del Interior, también ha habido más agresiones. Según CCOO, dos funcionarios del centro penitenciario de Albolote que desempeñaban el puesto de atención al público y comunicaciones, sufrieron agresiones en brazos y cabeza además de amenazas, algunas de muerte. Los hechos denunciados ocurrieron el sábado sobre las 10.15. Cecilia Vargas, delegada del sindicato, ha manifestado que «la indefensión del personal frente a las agresiones es total, Instituciones Penitenciarias no tiene un protocolo eficaz para prevenir y reducir las agresiones que sufrimos el personal penitenciario».

En 2023 el personal penitenciario sufrió más de 500 agresiones, sin contabilizar insultos y amenazas que desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no se contabilizan, en cambio, en Cataluña sí. El centro penitenciario de Albolote es el más masificado de Andalucía y el segundo de España, con 1.300 internos. También es el que tiene mayor volumen de comunicaciones (más de 600 personas al día) y un déficit de 87 trabajadores, según CCOO.

LOS FUNCIONARIOS DE PRISIONES PIDEN ERRADICAR LAS AGRESIONES

Por ello, los funcionarios de prisiones reclaman una investigación exhaustiva y medidas preventivas para erradicar las agresiones, además de la aplicación completa de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales para el personal penitenciario, incluyendo la evaluación profunda de las causas y riesgos, así como la implementación rigurosa de medidas preventivas. Todo ello unido al reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad en el ejercicio de su profesión.

De esta manera, el encuentro de directoras y directores de centros penitenciarios y centros de inserción social con la asistencia del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, que se ha celebrado en Ciudad Real, con la asistencia de los máximos responsables de 66 centros penitenciarios, dos hospitales psiquiátricos y trece centros de inserción social dependientes de la Administración General del Estado, no ha servido para apaciguar a los funcionarios.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, recordó a las directoras y directores de los centros penitenciarios estatales que son «parte fundamental de la institución penitenciaria y del Ministerio del Interior» y «la pieza clave que integra el sistema penitenciario en una sociedad democrática».

En el encuentro se han abordado las principales líneas de actuación en el ámbito de las prisiones, la gestión diaria y los retos de futuro tanto de los centros penitenciarios como del medio abierto y las penas y medidas alternativas al ingreso en prisión. Marlaska insistió en que la institución penitenciaria tiene encomendada la tarea de reeducación y resocialización de las personas privadas de libertad, lo que requiere un funcionamiento bien engrasado de todos los engranajes que confirman la administración penitenciaria.

Marlaska defendió ante directores de centros penitenciarios que desde 2018 se han ofertado más de 6.500 plazas para nuevos profesionales, y el proceso selectivo de la oferta de empleo público lanzada el pasado año, que incluye hasta 965 nuevas plazas, ya está en marcha.
Marlaska defendió ante directores de centros penitenciarios que desde 2018 se han ofertado más de 6.500 plazas para nuevos profesionales, y el proceso selectivo de la oferta de empleo público lanzada el pasado año, que incluye hasta 965 nuevas plazas, ya está en marcha.

MARLASKA PONE EN VALOR LOS HITOS LOGRADOS EN EL SISTEMA PENITENCIARIO

Grande-Marlaska, frente a las críticas, puso en valor los hitos de la gestión realizada la pasada legislatura: desde la puesta en marcha del Centro Penitenciario de Soria, el Centro de Inserción Social de Almería o la Unidad de Madres de Alicante. Y este mismo año se han presentado los proyectos del nuevo centro de inserción social de Las Palmas de Gran Canaria y uno de los del ministerio, el Centro de Estudios Penitenciarios en Cuenca.

El ministro del Interior ha recalcado el esfuerzo realizado en materia de formación de los profesionales penitenciarios, ámbito en el que la inversión ha alcanzado los 700.000 euros el pasado año, un 90% más que en 2018, lo que ha permitido mejorar la preparación de 10.074 empleados públicos, un 11% más que en 2018.

También ha aludido el ministro del Interior al «esfuerzo realizado para aumentar las plantillas de Instituciones Penitenciarias». Desde 2018 se han ofertado más de 6.500 plazas para nuevos profesionales, y el proceso selectivo de la oferta de empleo público lanzada el pasado año, que incluye hasta 965 nuevas plazas, ya está en marcha. Además, Grande-Marlaska aseguró que la administración penitenciaria es un modelo a seguir, un elemento que califica la democracia española como una de las más avanzadas del mundo.