El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, destacó la importancia del acuerdo alcanzado el 11 de abril con Javier Jordán de Urries, presidente del sector nacional de Justicia de CSIF, y Carlos Javier Álvarez, secretario general de Servicios Públicos de UGT para los funcionarios de Justicia, ya que «pone fin a un conflicto que llevaba tiempo bloqueado». Sin embargo, desde el PP le acaban de recordar que el «conflicto laboral» no ha finalizado y le piden que asuma sus responsabilidades incluyendo en la próxima Conferencia Sectorial de Justicia las propuestas para atender a las reivindicaciones retributivas «de todos los funcionarios de la Administración de Justicia de la totalidad del territorio nacional».
El diputado regional y portavoz de Justicia, Rafael de la Gándara, ha registrado este pasado viernes 19 de abril una proposición no de ley para su debate en el Parlamento de Cantabria con el objetivo de que se compense a las comunidades autónomas por las medidas adoptadas para resolver los retrasos generados por los cambios de las leyes de eficiencia proyectadas por el Gobierno de España y su incidencia en las funciones que realizan.
EL ACUERDO DEL CONFLICTO SOLO VALE PARA 11.000 DE 40.000 FUNCIONARIOS DE JUSTICIA
Además, el PP reclama al ministro que presente ante las comunidades autónomas con competencias en materia de Administración de Justicia, es decir, Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja, un plan de compensación económica por las medidas que se adopten para normalizar y resolver los retrasos causados por los conflictos laborales generados por las transformaciones estructurales en la Justicia.
El acuerdo de Bolaños, que afecta a más de 11.000 funcionarios que trabajan en comunidades autónomas sin las competencias de justicia transferidas, contempla un aumento retributivo –de entre 165 y 250 euros mensuales– y la convocatoria de la mesa delegada en el plazo de tres meses para estudiar mejoras en las condiciones de trabajo, mesa donde el PP quiere que se tenga en cuenta también al resto.
Bolaños precisó que su acuerdo «beneficia a los funcionarios de los Cuerpos Generales de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial, así como a los de los Cuerpos Especiales de Médicos Forenses y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses». Y además, se enmarca en las nuevas leyes de eficiencia de la Justicia que impulsa el Gobierno para modernizar este sector.
PP RECRIMINA A BOLAÑOS SU «CATASTRÓFICA» GESTIÓN
Pero al diputado del PP le ha parecido «catastrófica» la gestión llevada a cabo por el Gobierno de Pedro Sánchez de un conflicto que, además de generar un ambiente laboral «inédito e insostenible» en la Administración de Justicia, ha ocasionado enormes perjuicios de todo orden a la ciudadanía por los atrasos en la tramitación de los procedimientos judiciales.
«El ministro no puede dar por zanjado este problema después del acuerdo alcanzado con los sindicatos CSIF y UGT, porque dicho acuerdo no se extiende a nivel nacional, sino únicamente sobre los trabajadores que prestan servicios en los órganos judiciales de las comunidades sin competencias transferidas en materia de Administración de Justicia, que son 12.000 de los más de 40.000 funcionarios que integran estos cuerpos a nivel nacional», cuantifica el diputado regional.
Además, el popular protesta porque a su juicio Bolaños estaría «despreciando las unánimes reivindicaciones sindicales», pues ni se proyecta sobre un concepto retributivo general, ni se fundamenta en las modificaciones normativas, algunas ya en vigor, que van a afrontarse en los próximos meses y que afectan a todo el territorio estatal.
De la Gándara reprocha que «el acuerdo no ha hecho más que ratificar la catastrófica gestión ministerial y ha sido adoptado por Félix Bolaños con manifiesta deslealtad institucional, acogiéndose a argumentos insostenibles, solo para eludir que la causa del conflicto son las modificaciones normativas impulsados por su Ministerio y que, siendo comunes a toda España, pretende resolver solo parcialmente generando un grave problema de gestión y económico a las comunidades con competencias transferidas en materia de Justicia».
PP PIDE A BOLAÑOS «CLARIDAD Y TRANSPARENCIA»
Por eso, en su iniciativa, el Grupo Popular también pide que el ministro informe «con claridad y transparencia», tanto en el ámbito parlamentario como en el de la Conferencia Sectorial de Justicia con todas las comunidades autónomas de las propuestas, compromisos retributivos y alcance territorial del acuerdo.
«es un problema del Gobierno de Pedro Sánchez, que es el que tiene que dar soluciones donde ha generado problemas»
Y además insta al ministro a asumir sus responsabilidades en la negociación de las condiciones laborales de todos los integrantes de «los cuerpos generales de auxilio, tramitación y gestión de todos los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, así como en la negociación de las propuestas retributivas en el complemento general del puesto» respecto a la totalidad de los más de 40.000 funcionarios de Justicia.
El Grupo Popular de Cantabria entiende que «el conflicto y su solución es competencia del Gobierno de España, no de las autonomías, y el conflicto laboral en esta Administración, es un problema del Gobierno de Pedro Sánchez, que es el que tiene que dar soluciones donde ha generado problemas».
Bolaños adelantó que el Ministerio de Justicia se va a centrar en reformas como la digitalización de los procesos judiciales, la modernización de la organización judicial y el impulso de una Justicia centrada en las personas, con iniciativas como las oficinas de atención a las víctimas de delitos o la ampliación del programa de becas para opositores.
