El consejero de Sanidad de la Junta, el ‘popular’ Alejandro Vázquez, ha negado que su departamento esté pensando en activar el polémico protocolo antiabortista que a primeros de este mes el vicepresidente del Ejecutivo, Juan García-Gallardo, de Vox, ha reclamado ‘desempolvar’, si bien desde las filas socialistas denuncian que dicho texto figura aún en la web de comunicación de la Administración regional.
La afirmación por parte del consejero sanitario de que en Castilla y León «ni se ha activado ni se activará protocolo o medida alguna que vaya en contra de la Ley Orgánica 1/2023 de 3 de marzo de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo se ha producido durante la sesión de esta tarde en el Pleno de las Cortes, a preguntas de la procuradora socialista Patricia Gómez Urbán, quien se ha referido al interés de García-Gallardo de ponerlo en práctica como una forma de «coaccionar» a todas aquellas mujeres que deseen acogerse a este derecho.
Pese a ello, Vázquez, ha reiterado su postura y ha censurado la intervención de Urbán en términos de «soflama, medias verdades, mentiras y demagogia» en un intento del PSCyL, como así ha apostillado, de crear «ruido» y interrumpir el sosiego de la cámara, al tiempo que ha pedido a su interlocutora que su solicitud de facilitar interrupciones de embarazos en hospitales de la red pública la traslade también a aquellas comunidades donde gobiernan los socialistas.
Por su parte, la procuradora socialista sigue sin entender el hecho de que ese protocolo que ahora el PP niega que vaya a salir adelante permanezca «colgado» en la página web de la Junta y, por ello, ha exigido la «retirada inmediata» del mismo, sobre todo porque, como así ha recordado, el pasado día 9 de mayo el Tribunal Constitucional publicó una sentencia en la que se tipificaba como delito el acoso a aquellas mujeres que quieren interrumpir de forma voluntaria su embarazo.
«Este protocolo antiabortista es una manera de coaccionar a las mujeres y por eso pedimos que desaparezca de la página de la Junta», ha reiterado Patricia Urbán, quien, a demás, ha exigido al consejero que la sanidad pública garantice ese derecho a todas las mujeres en su hospital de referencia, algo que en la actualidad solo ofrecen el de Miranda de Ebro y el Complejo Asistencial de Burgos.
Y mientras tanto, las mujeres de Castilla y León tienen que acudir a la privada-concertada en Valladolid «o desplazarse a Madrid, realizando cientos de kilómetros para ejercer un derecho reconocido por ley», ha denunciado la procuradora, quien recuerda que en la Comunidad hay 216 ginecólogos y 40 de ellos han manifestado no ser objetores de conciencia.
